Compromiso de Lima:
“Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción"
VIII Cumbre de las Américas 2018
Lima-Perú
Lima, 14
de abril de 2018
Nosotros,
los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio reunidos en Lima, Perú, en la
VIII Cumbre de las Américas,
Destacando
que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el
fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestros países, y
que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática, la confianza de la
ciudadanía en las instituciones y tiene un impacto negativo en el goce efectivo
de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones de
nuestro Hemisferio, al igual que en otras regiones del mundo;
Reafirmando
nuestro compromiso con los tratados en materia de lucha contra la corrupción,
como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y la
Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC);
Reafirmando
también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y nuestro firme apoyo para
su implementación ; y
De
conformidad con los ordenamientos jurídicos de los Estados y con los tratados
multilaterales y bilaterales de los que somos parte, así como con los
principios reconocidos, como el respeto a la soberanía y la no intervención,
NOS
COMPROMETEMOS A:
A. Fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática
1. Fortalecer las instituciones
democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el Hemisferio,
otorgando a las autoridades competentes las garantías necesarias para el buen
desempeño de sus funciones.
2. Fortalecer la autonomía e independencia
judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en
la materia, con el objeto de promover el respeto al Estado de Derecho y el
acceso a la justicia, así como promover e impulsar políticas de integridad y
transparencia en el sistema judicial.
3. Promover una iniciativa hemisférica
para articular los esfuerzos de las organizaciones regionales e internacionales
competentes en el marco de la Agenda Interamericana de Educación, con enfoque
en educación cívica, dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA),
a través de la Comisión Interamericana de Educación (CIE), con el apoyo del
Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) y con respeto a la diversidad
regional.
4. Desarrollar una cultura de
transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el
fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia
y a lo largo de toda la vida, implementando programas de enseñanza yaprendizaje
en los diferentes niveles de los sistemas educativos, así como programas de
educación continua.
5. Promover campañas de concientización
pública y participación ciudadana para la prevención y lucha contra la corrupción
y la impunidad; y sobre los instrumentos disponibles para combatirlas.
6. Reconocer las contribuciones positivas
de los pueblos indígenas y sus valores y principios tradicionales, así como los
aportes de las comunidades afrodescendientes, para mejorar la eficiencia, la
eficacia y la transparencia de la administración pública, generando conciencia
en favor de la lucha contra la corrupción.
7. Promover la equidad e igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras
políticas anticorrupción, mediante un grupo de trabajo sobre liderazgo y
empoderamiento de las mujeres que activamente promueva la colaboración entre
instituciones interamericanas y la sinergia con otras agencias
internacionales.
8. Incluir a los diversos grupos en
situación de vulnerabilidad en la definición de medidas para fortalecer la
gobernanza y combatir la corrupción, reconociendo su grave impacto en dichas
poblaciones.
9. Garantizar la transparencia e igualdad
de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, basados
en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.
10. Promover la adopción de medidas que
prevengan conflictos de intereses, así como la presentación por parte de
servidores públicos de declaraciones patrimoniales y de información financiera,
según corresponda.
11. Promover códigos de conducta para los
servidores públicos que contengan altos estándares de ética, probidad, integridad
y transparencia, tomando como referencia los “Lineamientos para la Gestión de
Políticas de Integridad en las Administraciones Públicas de las Américas”, e
instar al sector privado a desarrollar códigos de conducta
similares.
12. Incentivar la participación eficaz del
sector privado en las políticas públicas de prevención y combate de la
corrupción; e instar a que las empresas privadas y públicas desarrollen o
implementen programas de capacitación y de promoción de la integridad, a todos
los niveles.
B. Transparencia, acceso a la información,
protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de
expresión
13. Continuar fortaleciendo sistemas o
medidas nacionales anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva
participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, academia, sector
privado, ciudadanos y otros actores sociales en el seguimiento de la gestión
gubernamental, incluyendo el establecimiento de mecanismos de prevención,
canales de denuncia de posibles actos de corrupción, así como facilitar la
labor de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de control social,
incentivando la adopción de mecanismos de participación electrónica.
14. Promover y/o fortalecer la implementación
de políticas y planes nacionales y, cuando corresponda, sub-nacionales, en
materia de: gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia
fiscal, presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de compras, contrataciones
públicas y registro público de proveedores del Estado, considerando para ello
la participación de la sociedad civil y otros actores sociales.
15. Consolidar la autonomía e independencia
de los órganos de control superior.
16. Implementar y/o fortalecer los órganos de
transparencia y acceso a la información pública, sobre la base de las mejores
prácticas internacionales aplicables.
17. Promover el uso de nuevas tecnologías que
faciliten el gobierno digital con el objeto de impulsar la transparencia, la
interacción con los ciudadanos y la rendición de cuentas, a través del
desarrollo de herramientas de identificación, detección, sistematización y
monitoreo de procedimientos gubernamentales y, con esa finalidad, fortalecer la
cooperación y el intercambio de buenas prácticas sobre el desarrollo y
aplicación de dichas tecnologías.
18. Elaborar estadísticas e indicadores en
nuestros países que permitan evaluar el impacto de las políticas de
transparencia y de lucha contra la corrupción y, para ello, impulsar el
fortalecimiento de las capacidades estatales en la materia.
19. Fomentar la transparencia y fortalecer
los mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones regionales e
internacionales de las cuales somos miembros.
20. Impulsar el establecimiento de un
Programa Interamericano de Datos Abiertos, en el marco de la OEA, con el
objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información, e incrementar
la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la
corrupción, teniendo en cuenta los importantes trabajos realizados en el ámbito
interamericano en esta materia y otras iniciativas regionales y mundiales.
21. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento
de las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar penalmente los
actos de corrupción y otros conexos, de conformidad con la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención
Interamericana contra la Corrupción (CICC).
22. Proteger a los denunciantes, testigos e
informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias.
23. Proteger el trabajo de los periodistas y
personas que investigan casos de corrupción, de manera consistente con las
obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida
la libertad de expresión.
24. Proteger a los servidores públicos
incluidos aquellos involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el
enjuiciamiento y la sanción de los actos de corrupción.
C. Financiamiento de organizaciones
políticas y campañas electorales
25. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento
de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad
apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y
partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales, garantizando el
origen lícito de las aportaciones, así como la sanción por la recepción de
contribuciones ilícitas.
26. Considerar la adopción de instrumentos
legales que podrían restringir el acceso a la función pública de personas
condenadas por actos de corrupción.
D. Prevención de la corrupción en obras
públicas, contrataciones y compras públicas
27. Promover el uso de sistemas electrónicos
para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para
asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva
rendición de cuentas.
28. Implementar mecanismos de acompañamiento
intergubernamental a proyectos específicos, a solicitud del Estado que ha de
ejecutarlos, y de acuerdo con su propio marco legal, con el fin de asegurar la
transparencia y fomentar la confianza.
29. Promover la inclusión de cláusulas
anticorrupción en todos los contratos del Estado y de asociaciones
público-privadas, y establecer registros de personas naturales y jurídicas
vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos para evitar su
contratación.
30. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de
Cumbres (GTCC) que, en cooperación con otros actores regionales e
internacionales relevantes, creeuna plataforma sobre infraestructura para
facilitar el intercambio de experiencias, capacitación y programas de
cooperación en materia de monitoreo y desarrollo de proyectos, estudios de
factibilidad y análisis de riesgo, procedimientos transparentes de licitación,
y compras gubernamentales.
31. Fomentar la transparencia en la gestión
de la infraestructura y de los recursos públicos destinados a garantizar la
resiliencia frente a desastres, incluyendo la referida plataforma sobre
infraestructura, con miras a mejorar la respuesta a emergencias y los proyectos
de prevención, mitigación, recuperación y reconstrucción. En tal sentido,
promover la coordinación a través de la Plataforma Regional para la Reducción
del Riesgo de Desastres en las Américas.
32. Promover prácticas coordinadas y
transparentes en la emisión gubernamental de permisos, entre otras medidas, por
medio de ventanillas únicas de gestión, incluido en el área de la construcción,
como una medida para prevenir la corrupción, y fomentar la competitividad y
agilizar los permisos correspondientes.
33. Implementar medidas para la reducción de
la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno
para la prevención de la corrupción.
E. Cooperación jurídica internacional;
combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado
de activos; y recuperación de activos
34. Avanzar en la lucha contra la corrupción,
en particular la prevención y el combate del soborno de funcionarios públicos
nacionales y extranjeros, continuando la implementación, antes de la IX
Cumbre de las Américas, de las recomendaciones aplicables de las rondas
específicas del Mecanismo de Revisión de la Implementación de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como también de las recomendaciones
de las sucesivas rondas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).
35. Adoptar un marco legal para
responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción, de
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la
Convención Interamericana contra la Corrupción, incluidos el cohecho interno e
internacional, cuando no esté previsto en la legislación nacional.
36. Considerar la prestación de asistencia,
de la manera más amplia posible, cuando sea procedente y esté de acuerdo con
los respectivos ordenamientos jurídicos internos, a las investigaciones y
procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas
relacionadas con los actos de corrupción cometidos por personas físicas o
jurídicas.
37. Promover la más amplia cooperación entre
las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia
financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos
relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y
soborno transnacional.
38. Promover entre las autoridades
competentes el uso de mecanismos ágiles de intercambio de información,
cooperación y trabajo coordinado para la investigación y persecución de actos
de corrupción.
39. Promover la cooperación entre las
instituciones financieras y los órganos de supervisión financiera, y las
instituciones encargadas de la investigación y enjuiciamiento de los actos de
corrupción para una respuesta rápida y efectiva en las investigaciones
internacionales, así como para la recuperación de activos.
40. Fortalecer el marco internacional de
cooperación jurídica e institucional para prevenir que los sistemas financieros
de la región puedan ser utilizados para la transferencia y ocultación de fondos
provenientes de actos de corrupción, incluyendo aquellos tipos penales
contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la
Convención Interamericana contra la Corrupción.
41. Impulsar la adopción o fortalecimiento de
medidas a través de las instituciones competentes, para permitir el embargo
preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la
corrupción.
42. Profundizar la participación de nuestros
Estados en las redes e iniciativas multilaterales contra el lavado de activos,
a través de la prestación de la más amplia y pronta asistencia en la
identificación, rastreo, embargo preventivo, confiscación, decomiso y
recuperación de activos.
43. Adoptar medidas efectivas contra la
elusión, así como combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y los flujos
financieros ilícitos producto de la corrupción y para la identificación de
beneficiarios finales.
44. Promover la transparencia en el
intercambio de información tributaria y solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto
de Cumbres (GTCC) que considere fortalecer la cooperación en esta área entre
nuestros países, de conformidad con el marco internacional existente.
F. Fortalecimiento de los mecanismos
interamericanos anticorrupción
45. Continuar fortaleciendo el Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción (MESICIC), identificando los recursos para fortalecer sus
operaciones, con miras a enfrentar más eficientemente los nuevos retos que
presenta la corrupción en el Hemisferio.
46. Solicitar al MESICIC que promueva el
intercambio y la difusión de buenas prácticas, capacidades técnicas y medidas
orientadas a fortalecer los marcos jurídicos e institucionales para prevenir y
combatir la corrupción, que contribuyan a la implementación de sus recomendaciones.
47. Solicitar al MESICIC que coordine con
otros organismos internacionales y regionales anticorrupción a fin de promover
sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos en la lucha contra la
corrupción.
48. Seguir avanzando a través de medidas
concretas en la implementación efectiva de las recomendaciones realizadas por
el MESICIC antes del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
OEA en 2020.
49. Solicitar al MESICIC que en el marco de
sus competencias desarrolle una iniciativa para la observación y medición de
las políticas de lucha contra la corrupción con el fin de formular indicadores
y promover mecanismos de prevención de la corrupción, valorar el impacto y los
avances de las políticas públicas, consolidar un banco de buenas prácticas
regionales y hacer análisis temprano de riesgos.
50. Impulsar el Mecanismo de Cooperación
Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) como foro para
compartir mejores prácticas de gobernabilidad democrática y gobierno abierto.
.
51. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de
Cumbres (GTCC) que apoye la implementación y el fortalecimiento de programas
nacionales, con una perspectiva de derechos humanos, para desarrollar la
capacidad de la policía, fiscalía, poder judicial y órganos de control interno,
a fin de combatir los actos de corrupción, incluyendo aquellos vinculados al
tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego y
otras armas, y el comercio ilícito de mercancías y de fauna silvestre.
G. Seguimiento e informes
52. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de
Cumbres (GTCC) que asista con recursos y capacidades técnicas a los
Estados, a fin de que puedan implementar los compromisos adquiridos en materia
de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y lucha contra la
corrupción en el marco de esta Cumbre, incluidos los referidos a la
implementación de legislación, fortalecimiento institucional, capacitación y
cooperación.
53. Tomar nota de las recomendaciones del
Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales, Foro de Jóvenes de las Américas,
Foro de los Pueblos Indígenas, la Red de Parlamento Abierto de ParlAméricas y
el Diálogo Empresarial de las Américas.
54. Tomar nota del “Compromiso del sector
privado para la transparencia” del Diálogo Empresarial de las Américas,
presentado en la III Cumbre Empresarial de las Américas, y formular un llamado
al sector privado en general para que adopten iniciativas similares.
55. Actuar de manera que las acciones de
seguimiento emanadas de este Compromiso de Lima promuevan el avance sobre la
equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el
Hemisferio.
56. Reconocer la importancia de la Secretaría
de Cumbres en el seguimiento de la implementación de los mandatos e iniciativas
derivados de la VIII Cumbre de las Américas y las Cumbres anteriores, así como
de secretaría técnica, memoria institucional del proceso y de instancia de
coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), recordando
que todas las tareas originadas de este Compromiso de Lima y de las Cumbres
anteriores, cuya ejecución competa a la OEA, deberán implementarse respetando
la necesaria sostenibilidad presupuestaria de la Organización.
57. Encomendar al Grupo de Revisión de la
Implementación de Cumbres (GRIC) que informe a través de la Presidencia del
Proceso de Cumbres de las Américas sobre la implementación del presente
Compromiso.
Comentarios