HACIENDO CAMINO

miércoles, 26 de julio de 2017

Operación (No) Ambulatoria

Operación (No) Ambulatoria

Caminar por las calles del Perú nos hace encontrarnos y visibilizar rápidamente a quienes representan un asunto postergado por el Estado. Hoy queremos hacer un quiebre sobre los asuntos mediáticos y recordar la situación de quienes a pesar de querer impulsar una mejora de vida, precaria e incicipiente, al final obtienen represión por parte de sus autoridades.
A manera que circulamos por el país, siempre encontramos a los actores del (muy mal) satanizado comercio ambulatorio. Unos más precarios que otros, unos al límite de la ilegalidad y otros tan necesariamente “legales”. Unos con voluntad a ser parte del cambio y otros que miran con desconfianza. Están los que se dedican a la venta de comida, ropa, juguetes, bebidas calientes, comida rápida, libros, entre otros artículos. Somos testigos muchas veces de las acciones que llevan a cabo la mayoría de municipalidades para afrontar la situación del comercio ambulatorio. Este sector económico se contrapone a los límites y costos que encuentran dentro del mercado “formal”.
Nuestra economía es de mediana y gran escala, las inversiones de capital para emprender un negocio en el Perú no ha sido el punto inicial para una red de cadenas de pollerías o una cadena de tiendas de ropa. Las historias de éxito de personas comunes, que consiguieron todo por ellas mismas, nos demuestran que ha sido a base del autoempleo, una empresa familiar o una especialización de ventajas productivas. En su mayoría, los actores son auto empleados, empleados directos o tercerizaciones. Esta dinámica hace que no se defina una determinada población del comercio informal.
Ellos son actores que esperan una respuesta del Estado, aquellos que prefieren una alternativa acorde a sus fortalezas y sus limitaciones. La autoridad no ha permitido mostrarse como una opción para una mejora de este sector. El comercio ambulatorio en el país es sinónimo de desorden, delincuencia, viveza y subalternidad. Nuestros gobiernos locales no han dado muestras de voluntad política y respuesta programática frente a estos casos.
Mediante sus gerencias de fiscalización solo han respondido con abusos de autoridad como el de retener mercadería, hacer cobros por no molestarlos en su venta, multas reiterativas para retirar sus productos del depósito municipal, entre otras acciones prepotentes que no dejan alternativa alguna que la de seguir vendiendo en las calles para subsistir.
Es importante iniciar una mejora en la visión del Estado frente al comercio ambulatorio de manera que podamos llegar a un diálogo sincero y abierto a considerar propuestas de los involucrados. De forma concreta, se pueden generar espacios de ubicación para quienes dejen ayudarse. Los mercados modelos son una buena opción. En caso se dificulte la réplica mayoritaria de estos espacios, acondicionar espacios públicos para la estadía de los vendedores y establecer reglas de mutuo cumplimiento.
Con esto no erradicaremos el comercio en las calles, pero haremos más ordenado su funcionamiento y haremos atractiva la migración de un estado que les permite subsistir hacia una propuesta que les permite apoyo estatal y aperturas hacia otros espacios como el crédito bancario con las consideraciones del caso. La autoridad no se legitima en la violencia, sino en sus capacidades de atención al problema.

domingo, 23 de julio de 2017

Reflexiones al Paso : ¿Y PPK...? ¡Se hizo el Primer Año!

Por : Guillermo Pérez Herrera
23 de Julio 2017
LIMA-PERÚ

sábado, 15 de julio de 2017

SITUACION REAL DE LOS JUBILADOS PARA TENER SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA

SITUACION REAL DE LOS JUBILADOS PARA TENER SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA
Por : HUMBERTO TORRES CUZCANO
Coordinadora Nacional de Pensionistas del Estado-CNPE
13 de Julio 2017
JULIO 2017- PIURA-Perú


a.   Como conclusión de la situación actual de los jubilados del DL 20530 se tiene grupos que se encuentran en etapas diversas para lograr se efectivice los derechos conculcados; como los que se indica a continuación:
-          Los que recién están iniciando sus acciones judiciales, (duración promedio entre 10 a 15 años)
-          Otros están en proceso judicial, (periodo de 1 a 5 años)
-          Los que tienen sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, están desarrollando gestiones para lograr la continua y dar inicio a trámites para los devengados. (2 a 3 años)
-          Los que reciben la continua, pero les adeudan los devengados. (si es menor a S/. 50,000 soles podrían ser en unos 5 a más años y los que tienen devengados más de s/. 50,000 soles es impredecible el tiempo a calcular)
    Estas acciones tienen un periodo promedio de 15 a 20 años para lograr el objetivo final en el mejor de los casos.

b.   Los pensionistas comprendidos en el DL 20530, actualmente son adultos mayores con más de 65 años y muchos de ellos tienen devengados importantes por cobrar por tener sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Otros recién están judicializando sus derechos conculcados y otra parte de los jubilados están esperando las sentencias judiciales.

c.    En estos momentos el pago de los devengados, “es un sueño”, las normas legales que rigen a la fecha, son nefasta, como la Ley 30137 “Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales y su reglamento el DS 001-2014 JUS. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales.
      Si se hace un análisis imaginario “que este Gobierno presupuestara anualmente S/. 1,000.00 millones de soles”, frente a la deuda social nacional de S/. 20,000 millones de soles; tendrían que pasar 20 años para cancelar la deuda total de los devengados. Los jubilados de los diversos sectores, ¿cuándo estarían efectivizando el pago?; quizás optimistamente en un futuro de 10 a 15 años; recordemos que esto es en una situación “hipotética”.

d.   Frente al atontamiento que han hecho los Gobiernos anteriores y el actual, representado por el Ejecutivo y Congreso de la República; al promulgar normas legales para pagar las deudas con sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, hasta por la suma de S/. 50,000 mil soles por persona.
      Para colmo frente a las necesidades de tener liquidez económica y la edad que tienen los jubilados, presupuestan montos ínfimos que no llegan a los S/. 200 millones de soles anuales para atender a las demandas de todos los sectores públicos.
      De continuar con esta política de pago de la deuda social y nos proyectamos para 10 años, habrían desembolsado la suma de S/. 2 mil millones de soles y para cancelar toda la deuda de los S/. 20,000 millones tendrían que pasar 100 años. ¡es muy urgente revertir estas políticas!

e.   El Gobierno actual no está cumpliendo con aplicar la
Ley 28803, LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES que establece en sus Artículos e incisos lo siguiente:
      Articulo 1°.- Objeto de la Ley. Dar un marco normativo que garantice los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución Política y los Tratados Internaciones vigentes de las Personas Adultas Mayores para mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad.
      Artículo 3°.- Derechos de la Persona Adulta Mayor. Toda persona adulta mayor tiene, entre otros, derecho a:
1.   La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa de sus intereses.
8.  Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y administrativo que la involucre.
      Artículo 4°.- Deberes del Estado. El estado establece, promueve y ejecuta medidas administrativas, legislativas y jurisdiccionales que sean necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.
      Toda persona adulta mayor tiene derecho a la protección efectiva del Estado para el ejercicio o defensa de sus derechos.
      Esta Ley de las personas adultas mayores que debe considerarse para priorizar estos casos de pago por devengados, por deudas sociales. A la fecha se viene aplicando la política de parches, solo se mejora económicamente a trabajadores y jubilados de algunos sectores, que en si vienen a ser privilegiados. 

f.     Es necesario y urgente, promover organizaciones con representación nacional y sectorial de los jubilados, para gestionar ante las diversas instancias del Ejecutivo, Congreso de la República y el Poder Judicial, la creación de nuevas salas judiciales especiales en lo laboral, para atender en el menor tiempo las demandas de los jubilados, en este caso de los estatales; así también solicitar mayor presupuesto para que se atienda el pago de los devengados. También se debe plantear a la instancia respectiva se atienda de oficio la regularización de reintegro, según lo estipulado en el artículo 1 del DU 037-94 y otros derechos que no requieren mayor trámite judicial.
Se requiere formular memoriales, comunicados para la prensa local y de ser posible a nivel nacional. Coordinar y motivar a los dirigentes, para que conozcan de la barbarie judicial y económica que se da con relación a las deudas sociales que es  implementado por el actual gobierno, mediante el Poder Judicial, Ejecutivo y Congreso de la República al avalar estas perversidades en dilación de la justicia a los reclamos laborales,  pagos con sentencias judiciales y de maltrato a los de la tercera edad.


Reflexiones al Paso:¡Y si pues...hagamos esta vez Política!

Reflexiones al Paso:¡Y si pues...hagamos de una vez Política!
Por : Guillermo Pérez Herrera
15 de Julio 2017
LIMA-PERÚ
¡Roberto, en tu nombre, la lucha continua!¡Vivo te llevaron, vivo te queremos!

viernes, 7 de julio de 2017

Pisando Fuerte No.88: Informalidad e Ilegalidad y el Silencio de los Inocentes

Pisando Fuerte No.88: Informalidad e Ilegalidad y el Silencio de los Inocentes
Por: Marcial Guillermo Pérez Herrera
La muerte de los jóvenes Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán ,sometidos a la esclavitud, por ilegales explotadores, disfrazados de comerciantes y amparados en la informalidad, dentro del infausto incendio de la Galería Nicolini , ubicada en el Complejo MYPEs Ferretero de la denominada MALVINAS, pone nuevamente, de manera cruel y dolorosa la aguda situación del empleo de los jóvenes y los avatares de la economía informal, invadida por prácticas ,a todas luces, delincuenciales de “empresarios emergentes”, que ante hechos de esta naturaleza, ponen luces en agendas del Estado, expresado en el Gobierno Nacional, los Partidos Políticos, las Organizaciones especializadas y muchos actores más, que usualmente “reaparecen” en situaciones álgidas, como esta.
No se puede alegar, que no han existido, en los últimos 40 años, expresiones de solución, para darle, luz a los sueños y esperanzas, que los jóvenes se tejen, con justa razón, alrededor de contar con un empleo, que les permita, vivir con dignidad y espaciedad en el logro de sus objetivos personales y familiares, sin embargo, o han sido insuficientes, o débiles en su concepción y lo que es peor, fagocitadas, por las incongruencias e ineficiencias en su aplicación, cuando no, en los pendulares comportamientos de los actores responsables de su aplicación.
También debemos ser explícitos, a manera de información y conveniente dilucidación,  que con la orientación de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la concepción de informalidad ha ido evolucionando, desde la década del 80, hasta  plasmarse, entre otros documentos globales, la Recomendación 204, llamada “Transición de la Economía Informal a la economía Formal”, donde con claridad se define que , se entiende como economía informal, todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que en la legislación o en la práctica, están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto. No abarca las actividades ilícitas, en particular la prestación de servicios y la producción, venta, posesión o consumo de bienes prohibidos por la legislación , incluyendo la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes, la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la trata de personas y el blanqueo de dinero tal como se definen los tratados internacionales pertinentes. Queda patente y contundente, que el ser informal, no es sinónimo de ilegal o punitivamente depredador de derechos y obligaciones, para con los trabajadores, en el caso del factor empresarial, receptores (clientes) y Estado (tributos y normas específicas de cumplimiento).
Lo más grave, que este luctuoso suceso que enluta a la juventud peruana, oculta, entre otros aspectos, la permanente “informalización”  , a la cual se somete a miles de trabajadores, que están en el 72% de la PEA , en esta condición, en las medianas y grandes empresas, si no, ¿qué es mantener, so pretexto de alentar la inversión , la productividad agregada , la descentralización y reestructuración productiva, seguir manteniendo leyes lesivas sobre Intermediación y Tercerización Laboral, que vinieron como temporales y se han quedado e incluso, suenan a perspectiva de permanencia?.  O también, ponen en el biombo de la complicidad, leyes limitantes de los derechos laborales, expresadas en la legislación especial de las MYPEs o la actual Ley de las Trabajadoras del Hogar, donde se configura la innombrable categoría de “ciudadanos de segunda clase” o la de “trabajadores con 50% de derechos” (INCREIBLE) y que tuvo un desenlace, adhoc, conocido en la movilización juvenil, que bajo estos mismo argumentos, en el 2015, se echó abajo, la irrita,   norma legal, denominada “Ley Pulpín”. Ciertamente, de no haberse dado esta manifestación de protesta, se hubiera llevado a la práctica, con el aporte de los erarios nacionales, de todos los peruanos y “CERO punto CERO” de aporte empresarial, lo cual, no describía un compromiso conjunto y serio, para dirimir esta álgido tema del desempleo y falta de acceso al mercado laboral de los jóvenes
Precisamente el actual Gobierno, presentó, el 20 de marzo del presente año 2017, el proyecto de ley 1104, que promueve la contratación formal de los jóvenes, sobre la base de fomentar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral formal, a través del otorgamiento de créditos a favor del empleador , respecto al seguro social en salud, el cual, no ha sido aprobado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, teniendo en cuenta argumentos a favor de la cámara de Comercio quien puntualmente afirmó “que la propuesta legislativa es viable puesto que busca fomentar la creación de puestos para jóvenes, liberando transitoriamente al empleadores pago de las aportaciones a ESSALUD respecto de los trabajadores contratados; sin embargo, es conveniente se evalúe la forma en que el Estado cubrirá las aportaciones que los empleadores dejen de pagar y asimismo señalan que es necesario precisar que el periodo de prueba de los contratos que se celebren al amparo de esta ley deberá ser de 3 meses” ,y,  mayoritariamente en contra, por los fundamentos expresados por la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP, entre otras organizaciones sindicales, que a letra manifestó: “que la presente iniciativa,  precarizará el sistema de salud pues, se beneficiará a un sector del empresariado a costa de todos los peruanos. Además, no resulta ser una medida que solucione la problemática de la informalidad laboral juvenil, la cual debe pasar por fortalecer las instituciones de fiscalización. Asimismo, indican que una iniciativa de esta naturaleza debe ir acompañada de un mayor sustento y datos estadísticos sobre el impacto del trabajo informal y la falta de fiscalización”. A ello se agrega el análisis técnico de la Comisión, basado fundamentalmente, en que el proyecto ha ignorado la realidad del trabajo, donde el empleador mayoritario son las MYPES, casi en un 47%, siendo el 85% informales, que la fuerza laboral está en un 99%en las MYPES y si bien es cierto que la mayoría de los jóvenes , en un 76.5% se encuentran en la economía informal, la gran mayoría se concentra en las referidas microempresas, siendo entonces, los beneficiarios casi exclusivos de los 70 millones de inversión en este beneficio, la mediana y la gran empresa, con el riesgo, de un “cambio generacional” , dado que,  con la finalidad de verse favorecidos con personal al cual no tendrán que cubrirle el costo del seguro social de salud, se podrían estimular las medidas tendientes a  despedir a personal contratado antes de la dación de la Ley (a quienes se encuentra obligado a pagarles seguro de salud), por trabajadores jóvenes cuyo seguro social será subsidiado por el Estado.
Un último aspecto, de estas objeciones del Congreso de la República, a la mencionada propuesta normativa  que debemos anotar, está relacionado a la deuda que mantiene el Estado con el Seguro Social de Salud – EsSalud, que ascendería a más de 2 mil millones de soles. A mayor abundamiento se precisa,  que en el 2015 EsSalud informó que la deuda tributaria a su favor era de 4, 248 millones, de los cuales 2,881 millones corresponde al sector privado y 1, 367 millones al sector público. Si se tiene en  cuenta que la ejecución de la propuesta legislativa ascendería a 70 millones de soles anuales que el Estado se compromete a pagar al Seguro Social de Salud, vamos a incorporarnos en un círculo vicioso del cual nunca se podrá honrar la deuda que se tiene con dicha institución, favoreciéndose de todo esto, como se ha explicado precedentemente, a las medianas y grandes empresas.
Como podemos ver, no se puede todavía, lograr un rumbo estratégico, para políticas públicas articuladas, que enfrenten la situación laboral de los jóvenes peruanos, mientras tanto, se irán difuminando los estertores de la tragedia en Las Malvinas, la muerte de dos inocentes, los permanentes accidentes en sectores como la construcción, el transporte, los servicios públicos, y otros ámbitos, donde los perjudicados y olvidados son jóvenes, o la incesante ruta estadística de los NiNI, (ni estudian, ni trabajan) con casi  inmutable frialdad.
Por ello, es vital, que para lograr que el crecimiento económico y la generación de empleo, prioritariamente para la juventud, se posicionen en los objetivos nacionales de políticas públicas, escenarios nacionales, regionales y locales apropiados y viables, sin menoscabo de las normas y estándares de calidad del empleo , el trabajo decente y el ejercicio pleno de los derechos laborales, asimismo, facilitar la empleabilidad , con la cualificación y debida vigilancia estatal de los servicios educativas, muy especialmente, en las áreas técnicas y profesionales, priorizadas en los planes estratégicos de desarrollo, para impedir, nomenclaturas académicas, alejadas de las demandas de las realidades del crecimiento nacional y de la oferta de empleo existentes. Por otra parte, incentivar y hacer efectivas las acciones articuladas Estado-Sociedad-Empresa, para convertir al autoempleo juvenil, en una realidad coherente y de singular oportunidad, para lo cual, debe efectuarse un gran esfuerzo de concentración de recursos económicos, dispersos en las inversiones del estado, en los diferentes Ministerios, y, darle convergencia con los niveles del ámbito regional y local, donde también pueden potenciarse estos esfuerzos económico financieros, incluyendo, la suma de los estamentos de vigilancia e inspección existentes, en dichos escenarios, entendiendo que la SUNAFIL, no puede ser la única instancia para llevar esta función, dada la magnitud y diversidad de la problemática existente. Creemos, en este último aspecto, que los derroteros y propuestas esbozadas, con persistente dedicación y talento,  durante, casi 8 años,  por la Plataforma Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Autoempleados-PTA, deben ser tomadas, entre otras, seguramente existentes , pero poco visibilizadas,  en cuenta, en la lógica del Diálogo social y la iniciativa compartida, sincera y con resultados evidenciables.
Que las vidas de JOVI y JORGE LUIS, no queden nunca en el olvido, que no sean la anécdota dolorosa y coyuntural, que nos entristece y a la vez, nos indigna,  para luego difuminarse, como la nota mediática, más cercana a la truculencia, que a la verdadera sensibilidad humana e interés colectivo.


domingo, 25 de junio de 2017

Reflexiones al Paso : Malvinas, ILEGALIDAD y los salarios de la Muerte ¿No pasará nada?

Reflexiones al Paso : Malvinas ILEGALIDAD y los salarios de la Muerte ¿No pasará nada?
Por : Guillermo Pérez Herrera
25 de Junio 2017.LIMA-PERÚ

sábado, 17 de junio de 2017

domingo, 28 de mayo de 2017

jueves, 4 de mayo de 2017

LOS DUEÑOS DE LA NOTICIA

Dueños de la noticia

Informe del Portal Ojo Publico
Un grupo multimedia que tiene entre sus accionistas a los dueños de la constructora, la aerolínea y el grupo de inversiones más importantes del país: Graña & Montero, Latam Perú y los Wiese; un magnate mexicano que desde Miami controla un imperio de 124 medios de comunicación alrededor de 15 países de América Latina; y un fondo de inversión que tiene accionistas mineros y maneja millones de dólares de Credicorp y Sura desde un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas y Caimán, concentran el 80% de los ingresos de la industria mediática del Perú.
INVESTIGACIÓN

 1 de Diciembre, 2016
Luego de llegar a la vieja sede de El Comercio, Luis Miró Quesada Valega, presidente del directorio de la compañía y uno de los ejecutivos más veteranos de la familia, subió las ruidosas escaleras de madera que en aquella época conectaban la cochera con el segundo piso del legendario inmueble, ubicado en el centro de Lima. Eran días oscuros para el periodismo local. El Poder Judicial preparaba la captura de los empresarios de televisión y de los dueños de periódicos que recibieron millonarios sobornos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para apoyar la tercera elección de Alberto Fujimori; mientras el país se hundía en una crisis política sin precedentes en la historia.
Inmediatamente después de ingresar al salón de directores, Miró Quesada Valega inauguró la reunión de accionistas para decidir el futuro del periódico en el siglo XXI. Aquel 21 de marzo del 2001, el cónclave empezó con el análisis de la situación del Perú tras la renuncia y fuga de Fujimori al Japón; continuó con la exposición de los informes financieros de la empresa y la posterior planificación para convertir al periódico en el grupo multimedia más grande del país. Finalmente, habló sobre las consecuencias de un fenómeno que amenazaba al mercado de diarios: la concentración y el monopolio de la industria del papel.
“En los últimos dos años, los grupos papeleros del mundo han concentrado la oferta en pocas manos. El 64% del mercado mundial lo controlan diez empresas”, dijo Luis Miró Quesada -primo hermano del entonces director periodístico de El Comercio, Alejandro Miró Quesada- mientras resumía el escenario internacional de la industria papelera y su impacto en el aumento del precio de los diarios, teniendo en cuenta que el diario importaba 15 toneladas anuales de papel desde Chile, en aquella época. El preocupante anuncio fue inmortalizado en los reportes financieros históricos de un periódico afectado por las consecuencias negativas de la concentración económica. Ironías del mercado.

CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA
Quince años después, El Comercio -fundado como un boletín de dos páginas de avisos comerciales en el siglo XIX- es el imperio mediático más poderoso del Perú, cotiza en la Bolsa de Valores de Lima desde hace dos décadas y entre sus 168 accionistas destacan los dueños de la mayor constructora, aerolínea y grupo de inversiones inmobiliarias y financieras en el Perú: los grupos Graña & Montero, Latam Perú y Wiese. Al 2015, tuvo ingresos de S/ 1,472 millones (US$432 millones), casi tanto como lo recibido por algunas de las principales mineras del Perú; además concentra el 61% de los ingresos totales del mercado y es propietario de subsidiarias en Perú, Bolivia, Chile y Colombia, vinculadas a negocios de imprenta, comercio online, educación y hasta parques de diversión infantil.
FAMILIA:, Emilio Rodríguez Larraín (dueño de Latam Perú), José Antonio García Miró (presidente del directorio de El Comercio desde hace 10 años), José Graña (dueño de Graña & Montero), Milagros Miró Quesada (vicepresidenta de El Comercio) y Luis Miró Quesada (presidente de América Televisión). / Crédito: Ojo-Publico.com
En los últimos años, la matriz de la familia Miró Quesada -dueña de dos canales de televisión, nueve diarios y 15 medios digitales que alcanzan a varios millones de personas al día a nivel nacional- llegó a ser cliente de firmas peruanas asociadas de Deloitte, KPMG, Pricewaterhouse y Ernest & Young, las mayores auditoras del mundo; de agencias de clasificación de riesgo como Fitch Rating y hasta de la desprestigiada firma de abogados Mossack Fonseca, famosa por el Caso Panama Papers. Bajo el lema “Independencia y veracidad”, el modelo de negocio de El Comercio depende de los ingresos por publicidad hasta un 60% (como diario) y 80% (como grupo), además tiene deudas que actualmente llegan a los S/ 350 millones con los principales bancos del sistema financiero nacional.
El Comercio -dueño de América Televisión y Canal N, líderes en señal abierta y cable; del diario popular Trome, el más vendido en Latinoamérica; y de elcomercio.pe, la web de noticias con mayor alcance del país- ha logrado concentrar alrededor del 56% de los ingresos por la venta total de la publicidad en medios en el 2015. Sin embargo, los estimados se disparan al 70%, 80% y hasta el 90% cuando se trata de inversión publicitaria en rubros específicos de televisión y cable, diarios y revistas o internet. Cifras reveladoras, si consideramos que la inversión total en ese rubro llegó a los S/ 2,275 millones (US$711 millones) el 2015, según la compañía de estudios de mercado CPI.
El Comercio tiene 168 accionistas, entre ellos aparecen los dueños de los grupos Graña & Montero, Latam Perú y Wiese.
El grupo de la familia Miró Quesada, propietario de nueve de los más de 20 periódicos estimados en Lima, concentra alrededor del 80% de la circulación diaria en la capital y el 74% en promedio a nivel nacional. En cuanto a su alcance aproximado en la población, El Comercio tiene el 78% de la lectoría del mercado y el 65% de los estimados en audiencia mensual web. También domina el sector de la televisión. Con América Televisión, canal que comparte con el diario La República, tiene el 23% de la cuota de audiencia; seguido por Latina Televisión (16%) y ATV (11%), según el promedio anual de sintonía de Kantar Ibope Media del 2015.
 GRUPOS DE PODER: EL COMERCIO, ATV Y LATINA
Ojo-Publico.com -en el marco de una investigación global con la organización Reporteros sin Fronteras (RSF)- concluyó que la segunda compañía más poderosa del país está representada por el grupo ATV, miembro del conglomerado de canales Albavisión, del millonario mexicano Ángel González (apodado como ‘El fantasma'), quien desde Miami controla un ejército de 124 medios de comunicación en 15 países de América Latina. El grupo ATV controla 11 canales a nivel nacional, tanto en señal analógica como digital. Su canal estrella es ATV, que le reportó ingresos por S/ 330 millones (US$117 millones) el 2014. Después de González, aparece el fondo de inversión Enfoca SAFI -que maneja dinero de los grupos Credicorp y Sura, gracias a sus matrices offshore en las Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán- y dueño de Latina. Este canal recibió ingresos por S/ 237 millones (US$83 millones) aquel año.
La investigación estableció que El Comercio y sus subsidiarias, las filiales de Albavisión en Perú y el canal de Enfoca SAFI concentran el 84% de los ingresos estimados anuales que reciben los ochos mayores grupos de la industria mediática del Perú: S/ 2,400 millones (US$704 millones), una cifra menor en comparación con los ingresos que durante el último año recibió The New York Times (US$1,500 millones), uno de los mayores diarios del mundo, y con la fortuna personal del hombre más rico del país: Carlos Rodríguez Pastor de Intercorp (más de US$2,000 millones).
"El Comercio (con el 61%), ATV y Latina Televisión concentraron más del 80% de los ingresos del mercado mediático"
De los tres grupos nacionales, la compañía de los Miró Quesada -denunciada ante el Poder Judicial por concentración de los ingresos por la venta de diarios y amenazar la pluralidad informativa después de comprar a la empresa rival en el 2013- domina el 61% de los ingresos totales de dicho mercado.
Gran parte del financiamiento de El Comercio, ATV, Latina y de algunos de los otros cinco grupos (RPPRepúblicaCRP MediosPanamericana Televisión y Corporación Universal) procede de los contratos que tienen por la venta de espacios publicitarios a las principales compañías del sector bienes de consumo masivo y limpieza, supermercados y tiendas por departamento, bancos y operadoras telefónicas.
Un reporte de Kantar Ibope Media, obtenido para esta investigación, revela que los mayores financistas del mercado mediático que concentran El Comercio, ATV y Latina son los grupos peruanos Credicorp (Alicorp y Banco de Crédito), Intercorp (Supermercados Peruanos) y Gloria; las corporaciones chilenas Falabella (Hipermercados Tottus, Saga Falabella y Maestro Perú), Ripley, Cencosud y Entel; la española Telefónica, la mexicana América Móvil y Telepromos de Guatemala, así como las trasnacionales Procter & Gamble, Coca Cola y Nestlé, entre otras.
EL PODER REAL DETRÁS DE EL COMERCIO
Ojo-Publico.com también determinó que 20 de los 168 accionistas de la familia Miró Quesada controlan el 55% de la propiedad del grupo que tiene como empresas más importantes a El Comercio, a Compañía Peruana de Radiodifusión (dueña del Canal 4), Amauta (una de las mayores imprentas del país), Prensmart (nombre actual de Epensa, la compañía cuya venta originó la demanda por concentración en el 2013) y a Orbis Ventures (que maneja las operaciones de sus medios digitales). Las cinco compañías representan aproximadamente el 90% de los S/1,472 millones, que figuran como ingresos oficiales de El Comercio en el 2015.
De los 20 accionistas más influyentes en el diario, y conocidos en el ámbito mediático, la mitad son nietos del linaje Miró Quesada-Garland: los primos hermanos José Graña Miró Quesada (cuya hija integra el directorio de El Comercio), Bernardo Roca Rey (también directivo), Luis Miró Quesada Valega (presidente del directorio de América Televisión) y Alejandro Miró Quesada Cisneros (exdirector periodístico del diario entre 1999 y el 2008).
Sin embargo, los más poderosos económicamente son: el mencionado José Graña, el mayor accionista individual de El Comercio y dueño de la constructora Graña & Montero, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York; Milagros Miró Quesada Martens y su esposo, el abogado Emilio Rodríguez Larraín, accionista de Latam Perú y presidente del directorio de Inmuebles Comerciales del Perú (subsidiaria de Parque Arauco de Chile y operadora del centro comercial LarcoMar), y socio al mismo tiempo de las empresas inmobiliarias de las hermanas Marina y Virginia Wiese Miró Quesada, quienes también tienen inversiones con el grupo de seguros Sura de Colombia.
El punto de quiebre en los negocios del grupo -creado como Infobanco en 1993, luego bautizado como Empresa Editora El Comercio en 1996 y como Vigenta Inversiones en el 2014- ocurrió cuando ingresaron a la junta de acreedores de América Televisión, el primer canal comercial fundado a mediados del siglo pasado en el Perú. Aquel 2003, el popular medio estaba al borde la quiebra y sus dueños, los empresarios José Enrique y José Francisco Crousillat, habían fugado del país tras descubrirse que recibieron dinero del SIN a cambio de apoyar a Fujimori.
Hasta entonces, El Comercio había sido socio de Telefónica del Perú en algunas empresas hasta 1999, luego sería proveedor de contenido de la transnacional Yahoo, pero nada de tanta importancia como el manejo de un canal de televisión junto a un grupo colombiano y al diario La República. Desde entonces, los ingresos anuales del grupo pasaron de S/ 234 millones en el 2003 a S/ 1,472 millones al cierre del 2015, según los estados financieros de la compañía.
ORGANIGRAMA: El Comercio, fundado como un boletín comercial de dos páginas en el siglo XIX, tiene actualmente 168 accionistas y se ha convertido en un conglomerado con inversiones en Perú, Bolivia, Chile y Colombia. / Crédito: Ojo-Publico.com
EL MEXICANO CON MÁS CANALES EN EL PERÚ
El dueño absoluto del grupo ATV es el mexicano Remigio Ángel González González, contador de 71 años, con un patrimonio mayor a los US$2,000 millones y una extensa red de medios en Latinoamérica. Desde Miami, el magnate dirige Albavisión, que controla la segunda compañía mediática más grande del Perú, dueña del mayor conglomerado de canales del país. ATV, el medio que dio origen al grupo –dirigido por el broadcaster Julio Vera Abad, hasta que fugó al extranjero tras descubrirse que fue sobornado por el exasesor presidencial, Vladimiro Montesinos- hoy forma parte de una matriz que tiene filiales en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Ecuador (Sudamérica); Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Panamá (Centroamérica); República Dominicana y México.
REY DE CANALES EN LIMA. El mexicano Ángel González (al centro) opera desde Miami, el argentino Gustavo Enrique Welsh (de pie y a la derecha) es gerente general de ATV, y Marcello Cúneo es presidente del grupo. Su esposa Alba Lorenzana es dueña de la matriz de ATV en Guatemala, dio origen a Albavisión en Miami y es buscada por Interpol por un caso de corrupción. / Crédito: Ojo-Publico.com
Hace 14 años, el multimillonario mexicano -cuya historia personal y empresarial se confunde entre la ficción y las versiones de decenas de notas periodísticas sobre sus negocios en televisión a lo largo de Latinoamérica- confesó sus secretos para introducirse en el accionariado de una compañía: “¿Para qué voy a mentir? En Guatemala uso el nombre de mi esposa [Alba Lorenzana]. En Chile tengo chilenos y en Perú tengo peruanos. Manejo un consorcio de compañías y dejo que mis amigos y familiares controlen todo lo demás. No he violado ninguna ley”, le dijo a un reportero de Associated Press. No mintió.
Ojo-Publico.com estableció que el mexicano ha montado una compleja operación a través de compañías, familiares y hombres de confianza que le permiten ser dueño de ATV y de otros 10 canales en Lima, sin aparecer como accionista. Todo ello a través de dos subsidiarias de Albavisión en Guatemala: Televisiete y Corporación Cercedilla.
La primera es accionista mayoritaria de Foxton, propietaria en las sombras de casi todas las empresas del grupo: Andina de Radiodifusión (ATV, ATV+ Noticias y Arpegio Tv, un canal de música clásica), Alliance (La Tele), Nor Peruana de Radiodifusión (ATV Norte) y Televisión Continental (productora de contenidos de ficción del grupo); mientras la segunda es una de las principales acreedoras de Empresa Radiodifusora 1160 (Red TV).
En casi todas las televisoras de Lima, el magnate tiene apoderados de confianza como los argentinos Gustavo Enrique Welsh (gerente general de ATV y ligado a otras compañías de Albavisión en Latinoamérica) y Carlos Lorefice Lynch (directivo de las empresas de González en Argentina, Ecuador y Uruguay); el costarricense Fernando Guido Contreras (presidente de la cadena de televisión Repretel de dicho país) y el mexicano Juan Carlos González Sáenz (sobrino del "Fantasma" y director general de Televideo Services Inc., holding estadounidense que dio origen a Albavisión).
EMPORIO REGIONAL. Desde su oficina principal en Miami, Albavisión maneja a sus subsidiarias en Guatemala, las mismas que también controlan a varios medios en Sudamérica, incluidos casi todos los 11 canales que el grupo tiene en Perú. / Crédito: Ojo-Publico.com
Otra persona importante es el veterano ejecutivo de ATV: Marcello Cúneo Lobiano, accionista minoritario de ATV, presidente del grupo y actual tesorero del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Es la cara visible del medio, el único directivo que efectúa los discursos oficiales en las galas de preventa de publicidad. “Somos un grupo especializado en televisión. Somos profesionales de este sector, no tenemos negocios colaterales ni otro interés que no sea la televisión”, señaló en el discurso de  lanzamiento de ATV+ Noticias en el 2011.
 LOS PARAÍSOS CARIBEÑOS DE LATINA
Ojo-Publico.com descubrió que detrás de los propietarios del canal Latina, el tercer grupo mediático más importante del Perú, se esconde un gigantesco esquema de sociedades offshore en diferentes paraísos fiscales del Caribe. La cabeza de este emporio es una empresa de capitales desconocidos en las Islas Vírgenes Británicas, Enfoca Investments Limited, que tiene como socios minoritarios a tres poderosos empresarios: Agustín de Aliaga Fernandini (accionista de Inversiones La Rioja, dueña del Hotel Marriot; y directivo de las mineras El Brocal del grupo Buenaventura de Perú y Milpo y Atacocha de Votorantim de Brasil); Thessa Navarro Grau Dyer (integrante de una familia adinerada que controla el Consorcio Minero Horizonte dedicado a la extracción de oro) y Manuel Tudela Gubbins de la empresa de electrodomesticos Tiendas Efe.

CANAL OFFSHORE. Jesús Zamora, directivo de Enfoca, que tiene como matriz a una offshore en Islas Caimán. Los dueños son otra offshore en Islas Vírgenes Británicas y un grupo de empresarios vinculados al rubro minero y financiero. Enfoca maneja fondos de pensión y seguros de Credicorp y Sura en otros negocios. / Crédito: Ojo-Publico.com
El rostro visible detrás de todas las offshore vinculadas al canal Latina es Jesús Zamora León, exempleado del grupo Credicorp, directivo de Tiendas EFE desde 1994 y accionista minoritario de Enfoca Asset Managment de Islas Caimán. Esta sociedad caribeña, la última “capa de la cebolla” detrás de la televisora, es dueña de una administradora de fondos de inversión creada en Lima: Enfoca SAFI, dedicada a comprar empresas de riesgo, optimizarlas y luego venderlas, y también a manejar millonarias inversiones de la AFP Prima y de la aseguradora Pacífico de Credicorp de Perú y de la AFP Integra de Sura de Colombia, según la Superintendencia de Mercado de Valores.
Uno de los fondos de Enfoca SAFI, con activos cotizados en S/ 7 millones, financió la compra de las acciones de Latina hace cuatro años y de parte de la pesquera Diamante, la almacenera Talma, la clínica privada Delgado del grupo Auna y la minera Gloria Propiedades.
Latina, fundada en 1983, tiene una historia marcada por la violencia y el autoritarismo. En 1992, la organización terrorista Sendero Luminoso colocó un cochebomba que destruyó su sede en Jesús María. En 1997, el comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, acusó al dueño del medio, Baruch Ivcher, de desprestigiar a las Fuerzas Armadas por una serie de investigaciones periodísticas. Poco después, el gobierno de Fujimori le quitó la nacionalidad peruana al empresario israelí, lo despojo del control del canal y se lo entregó a un grupo de accionistas que vendieron la línea editorial de la compañía al SIN de Montesinos. Tras la caída del fujimorismo en el 2000, el medio volvió a manos de Ivcher, quien finalmente lo vendió al fondo de inversión de raíces caribeñas en el 2012.

EL CARIBE DE ENFOCA. Hay que rastrear múltiples sociedades en Lima para llegar a Enfoca Asset Managment, matriz de la dueña del canal Latina, creada en las Islas Caimán. Esta tiene inversiones en una compañía pesquera, aduanera y en una de las clínicas más lujosas de Lima. / Crédito: Ojo-Publico.com
Desde entonces, la sede de Enfoca SAFI -ubicada en el séptimo piso de un moderno edificio cerca del centro empresarial de San Isidro- controla el destino de uno de los canales más polémicos del Perú por sus programas de espectáculos, realities y noticias de alto contenido policial. El ambiente de lunas polarizadas en donde trabaja Jesús Zamora León, un ingeniero de perfil bajo que en el papel es el dueño de uno de los medios de mayor audiencia del país, estaba en silencio cuando lo visitamos. En la recepción de la oficina de lunas polarizadas solo atiende una empleada de limpieza que destaca frente a un mural que proclama la mayor virtud de un fondo de inversión imposible de rastrear en el mar Caribe: “Guardamos absoluta confidencialidad y reserva… dejando que nuestra actuación sea la que hable por nosotros”.
 CLIENTES DE MOSSACK FONSECA
Debido a la creación de offshore por parte de los grupos mediáticos del Perú, Ojo-Publico.com indagó en la base de datos de los Panamá Papers y descubrió que entre los miles de documentos aparecen correos, certificados de acciones, comprobantes de pago, copias de pasaportes, estados bancarios y cartas de recomendación relacionados a accionistas, ejecutivos y subsidiarias de El Comercio, ATV y Latina, que los sitúa como clientes de la firma panameña Mossack Fonseca. En la lista figura el gerente general de El Comercio, César Pardo Figueroa, y la offshore que registró en las Islas Vírgenes Británicas en el 2010: Ibis Capitales, creada luego de diálogos por correo entre las representantes de la firma con Gustavo Barboza, abogado y director de una consultora llamada Alpha Investments Group.
Mossack Fonseca también participó en el registro de dos offshore del grupo de la familia Miró Quesada en Panamá, aquel 2010: Prygate International Corp (cuyo accionista es Plural Tv, propietaria de América Televisión y Canal N) y Web Holdings S.A. (que tiene como único accionista a www.peru.com). En los documentos de la firma de abogados también aparece el mexicano Ángel González de ATV y sus apoderados extranjeros en los distintos canales del grupo en Lima, después de haber adquirido una offshore llamada Global Holding Properties Corporation en las Islas Vírgenes Británicas. Otros que aparecen son Thessa Navarro Grau y Jesús Zamora, accionista de Enfoca Investments Limited y director del fondo de inversión Enfoca, respectivamente. Ambas personas, la empresaria minera y el exalto ejecutivo de Credicorp, están vinculados a otras offshore creadas en el Caribe y con operaciones bancarias en los últimos cinco años.
Ojo-Publico.com se comunicó con los representantes de El Comercio, ATV y Latina desde el mes pasado. Sin embargo, ninguna de estos grupos brindó la información solicitada, más allá de los datos de circulación de diarios y lectoría proporcionada por la empresa de la familia Miró Quesada y la respuesta de su gerente general, César Pardo Figueroa, sobre sus inversiones personales. ATV no respondió, mientras que Enfoca, dueña de Latina, dijo que no era su política dar entrevistas sobre las empresas que maneja. En los últimos días, un alto ejecutivo de El Comercio llegó a decir por correo electrónico: “Para la información que solicitas [sobre la creación de sociedades en el extranjero] comunicaré a nuestra área legal a través de la central [telefónica]”.
Al cierre de edición no hubo más respuesta.


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