Mirando y Preguntando No. 14 : Empleo Informal y Juventud: Situación y Propuestas para Transitar a la Formalidad
Empleo Informal y Juventud: Situación
y Propuestas para Transitar a la Formalidad
Por: Guillermo Pérez Herrera
Artículo Publicado
en la Revista Interquorum Nueva Generación-No. 23-Setiembre 2017-Año11
Al
abordar la problemática del déficit de empleos juveniles en nuestro país, nos
asociamos a un fenómeno que tiende a ser generalizado a nivel mundial y con singular
visibilidad en América Latina, toda vez que urge darle a esta ingente y
creciente fuerza laboral un adecuado posicionamiento en el mercado de trabajo,
considerando uno que debe reunir las condiciones de dignidad y empleo decente y,
por ende, el pleno ejercicio y respeto a los derechos fundamentales. Todos
estos aspectos no se han tenido en cuenta, al elaborar las políticas específicas implementadas
en los últimos 30 años, con especial énfasis, en lo actuado en la década de los
90. Las políticas de priorización de los indicadores macroeconómicos, como
factores centrales del crecimiento y la eficiencia del país han ignorado la
demanda social. La imposición de la apertura comercial; la reestructuración
productiva; la lógica de la inserción en el
proceso de globalización,la flexibilización y desregulación en las relaciones
laborales, tampoco
han logrado mejorar la situación socioeconómica de los trabajadores, provocando
efectos discriminatorios, evasión de responsabilidades empresariales, entre otros
problemas en torno a la protección social y la seguridad y salud en el trabajo,
la calidad de la empleabilidad, la ausencia de un sistema sólido de vigilancia
por parte del Estado. A lo mencionado se une la reversión de categorías y
valores esenciales, traducidos con claridad , en el menoscabo a los derechos
económicos y sociales, que son los indicadores del desarrollo humano y el
progreso de las naciones.
En este
contexto, un efecto masivo es la informalidad vinculada a la pobreza y la
exclusión plenamente focalizada, siendo las mujeres y los jóvenes los sectores
sociales más perjudicados por esta injusta realidad.
Las
tendencias conceptuales globales que cimentan la urgencia de enfrentar el
problema se hacen patentes en la Resolución referida al trabajo decente del año
2002 y la Recomendación 204, 2015, de transición de la economía informal a la
economía formal, ambas rubricadas por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT); en consecuencia, por los gobiernos de los países que la integran, siendo
obvia la responsabilidad del Gobierno peruano. En ambos documentos, no solo se
reconoce con realismo, la alta incidencia de esta problemática, que en todos
sus componentes representa un obstáculo para los derechos de los trabajadores y
un grave riesgo para el desarrollo inclusivo y la consolidación de un Estado de
derecho, que provoca a su vez, resultados negativos para consolidar empresas
sostenibles, los ingresos públicos y el ámbito de actuación gubernamental.
Bajo
esta perspectiva, la economía informal se define como "todas las
actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades
económicas que en la legislación o en la práctica, están insuficientemente
cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto. No abarca las actividades ilícitas, en particular la prestación de
servicios y la producción, venta, posesión o consumo de bienes prohibidos por
la legislación, incluyendo la producción y el tráfico ilícito de
estupefacientes, la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la trata de personas y el blanqueo de
dinero tal como se definen los tratados internacionales pertinentes”. Por
derivación, entonces, el empleo informal puede presentarse tanto en empresas
del sector formal como en el sector informal de la economía y en los hogares,
incluyendo a la gran mayoría de los trabajadores, independientemente de las
características de las unidades económicas que los emplean.
Con esta
orientación conceptual debidamente concordada, se explica como el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en el año 2014, [1]
sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de
estadística e Informática (INEI) 2009-2014 aterriza diversas cifras
estadísticas, entre estas:
a) 11 millones y medio de trabajadores tienen
empleo informal, es decir, no cuentan con beneficios sociales o trabajan en
empresas que evaden la administración tributaria. Así mismo, los grupos con
mayor tasa bajo este tipo de empleo son: mujeres (76,1%), residentes del área
rural (95,2%), jóvenes (79%), trabajadores solo con nivel educativo primario
(94,6%) y profesionales con educación superior inadecuadamente ocupados (48,2%);
y por otra parte,
b) la mayoría de trabajadores ocupados con
empleo informal son independientes (casi 5 millones) y asalariados (4
millones 45 mil trabajadores), esto sobre la base de la Población
Económicamente Activa (PEA) peruana, que es de 15 millones 796 mil 885
personas.
Frente a
lo descrito, los esfuerzos del Estado por enfrentar el reto del desempleo
juvenil y su condición de informalidad se han hecho notorios en los últimos
años. Esto se expresa en diversas propuestas de políticas encargadas al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mintra), una entidad que, como es
de público conocimiento, no cuenta con recursos, liderazgo institucional, ni
presupuestos adecuados y suficientes. Allí tenemos, como últimos referentes, la
Estrategia de Formalización Laboral 2014-2016; la Ley N° 30288 - Ley que
promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social
(publicada en el diario oficial el 16 de diciembre del año 2014) que, a la
postre, fue derogada por la Ley N° 30300, publicada en el diario oficial el 28
de enero del 2015, como consecuencia de las amplias movilizaciones juveniles y
el rechazo ciudadano en Lima y otras regiones, que la denominaron "Ley
Pulpin"; entre otros motivos, por las serias limitaciones que imponía a los
derechos laborales y por considerar que continuaba con la larga lista de normas
legales existentes en el régimen especial de pequeñas y microempresas (Pymes) y
la Ley de Trabajadoras del Hogar (Ley N° 27986), que discriminan los derechos
laborales.
Recientemente,
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República rechazó
el Proyecto de Ley N° 1104/2016-PE, presentada el 21 de marzo del 2017 por el
Gobierno de Pedro Pablo Kucsynski, entre otras razones, porque las normas que
establecen el costo laboral "cero" en materia de contratación juvenil
no han tenido un impacto positivo en la reducción de la informalidad laboral
juvenil. Además, la tasa de informalidad juvenil, de acuerdo con los datos de
la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, tiene una cifra mayoritaria en las Mypes
(47%), empresas de las que el 85% son informales, además de concentrar el 99% de
la fuerza laboral. Todo esto, a pesar de los notorios beneficios tributarios y
laborales que se dispusieron para promover su crecimiento y sostenida
formalización.
Por otra
parte, la iniciativa presentada planteaba un subsidio a las empresas que
contrataban a jóvenes, en lo referido al 9% de sus aportaciones al Seguro
Social de Salud, disposición que favorecería a la mediana y gran empresa, pero
que dejaba de lado a las Mypes. Recordemos que el Decreto Supremo N° 013-2013-Produce
define que los trabajadores de la microempresa están afiliados al régimen
semicontributivo del Seguro Integral de Salud (SIS). A ello podemos agregarle la
insuficiencia de la fiscalización laboral, a cargo de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización (Sunafil), que sólo actúa en once de las veinticinco
regiones del país por falta de intendencias; y que únicamente cuenta con 390
inspectores a nivel nacional, cuando necesita un promedio de 2000.[2]
Hay que
anotar también, que el 21 de junio del 2017 ingresó al Congreso de la República
el Proyecto de Ley N° 01574/2016-CR, que propone, como indica su sumilla "fomentar
y promover el ingreso a espacios laborales en el sector público, de jóvenes de
18 a 25 años de edad, con título de carrera técnica o universitaria y que no
cuenten con experiencia laboral en el sector público ni privado, con un mínimo
del 5% del total de trabajadores de la edad pública", pero que no
contempla un incremento del presupuesto institucional en gastos de personal, situación
que describe la urgencia y dimensión de los requerimientos existentes.
Sobre la
base de lo actuado a la fecha, no existen soluciones únicas para enfrentar el
desafío del empleo decente juvenil en el Perú, marcado dramáticamente por la
informalidad, donde tanto el trabajador asalariado como el autoempleado son
excluidos del progreso y bienestar que les corresponde; por lo tanto, se requiere
de políticas públicas que articulen las estrategias de naturaleza macro y
microeconómica, la cohesión de la estructura del Estado, que permitan una
acción conjunta de los niveles estatales (nacional, regional, local); así como,
la representación social y empresarial, siendo una buena pista, el darle forma
efectiva y eficaz, por ejemplo, al Consejo Nacional de Competitividad y
Formalización, constituido por el Decreto Supremo N° 024-2002-PCM, y
fortalecido, al definir sus funciones a través del Decreto Supremo N° 063-2016-PCM,
publicado el 17 de agosto del 2016. Un proceso que tendría que liderar con
eficiencia, el Ministerio de Economía Finanzas, junto a "ministerios
claves" como el de Trabajo y Promoción del Empleo (Mintra), Industrias y Productividad
(Produce), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur), Salud (Minsa) y Educación (Minedu), los que, al igual que
los líderes de las municipalidades, los gobiernos regionales y el empresariado,
deben incluir a los representantes de los trabajadores democráticamente
elegidos, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que
de forma integral y concertada, construyan soluciones viables al desempleo
juvenil, un problema que lacera nuestra sociedad y que ha tenido un punto
detonante e inhumano en la muerte de dos jóvenes sometidos a la esclavitud, durante
el desastre conocido con el "Incendio de la Galería Nicolini", en el
emporio microempresarial de "Las Malvinas". Un hecho lamentable que
esperamos, no sea una vez más, una variable de marketing mediático o una
tragedia adicional en la larga lista del país, que como a cualquiera de los ciudadanos
civilizados, y en la mayoría de los casos institucionalmente ligados a una
organización, nos suele afectar, pero que, sin embargo, se pierde en la
inmensidad del olvido y la indiferencia.
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