Operación (No) Ambulatoria
Caminar por las calles del Perú nos hace encontrarnos y visibilizar rápidamente a quienes representan un asunto postergado por el Estado. Hoy queremos hacer un quiebre sobre los asuntos mediáticos y recordar la situación de quienes a pesar de querer impulsar una mejora de vida, precaria e incicipiente, al final obtienen represión por parte de sus autoridades.
A manera que circulamos por el país, siempre encontramos a los actores del (muy mal) satanizado comercio ambulatorio. Unos más precarios que otros, unos al límite de la ilegalidad y otros tan necesariamente “legales”. Unos con voluntad a ser parte del cambio y otros que miran con desconfianza. Están los que se dedican a la venta de comida, ropa, juguetes, bebidas calientes, comida rápida, libros, entre otros artículos. Somos testigos muchas veces de las acciones que llevan a cabo la mayoría de municipalidades para afrontar la situación del comercio ambulatorio. Este sector económico se contrapone a los límites y costos que encuentran dentro del mercado “formal”.
Nuestra economía es de mediana y gran escala, las inversiones de capital para emprender un negocio en el Perú no ha sido el punto inicial para una red de cadenas de pollerías o una cadena de tiendas de ropa. Las historias de éxito de personas comunes, que consiguieron todo por ellas mismas, nos demuestran que ha sido a base del autoempleo, una empresa familiar o una especialización de ventajas productivas. En su mayoría, los actores son auto empleados, empleados directos o tercerizaciones. Esta dinámica hace que no se defina una determinada población del comercio informal.
Ellos son actores que esperan una respuesta del Estado, aquellos que prefieren una alternativa acorde a sus fortalezas y sus limitaciones. La autoridad no ha permitido mostrarse como una opción para una mejora de este sector. El comercio ambulatorio en el país es sinónimo de desorden, delincuencia, viveza y subalternidad. Nuestros gobiernos locales no han dado muestras de voluntad política y respuesta programática frente a estos casos.
Mediante sus gerencias de fiscalización solo han respondido con abusos de autoridad como el de retener mercadería, hacer cobros por no molestarlos en su venta, multas reiterativas para retirar sus productos del depósito municipal, entre otras acciones prepotentes que no dejan alternativa alguna que la de seguir vendiendo en las calles para subsistir.
Es importante iniciar una mejora en la visión del Estado frente al comercio ambulatorio de manera que podamos llegar a un diálogo sincero y abierto a considerar propuestas de los involucrados. De forma concreta, se pueden generar espacios de ubicación para quienes dejen ayudarse. Los mercados modelos son una buena opción. En caso se dificulte la réplica mayoritaria de estos espacios, acondicionar espacios públicos para la estadía de los vendedores y establecer reglas de mutuo cumplimiento.
Con esto no erradicaremos el comercio en las calles, pero haremos más ordenado su funcionamiento y haremos atractiva la migración de un estado que les permite subsistir hacia una propuesta que les permite apoyo estatal y aperturas hacia otros espacios como el crédito bancario con las consideraciones del caso. La autoridad no se legitima en la violencia, sino en sus capacidades de atención al problema.
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