Por Justicia Viva.- (*)
https://idl-reporteros.pe/el-expediente-desaparecido/
El abogado sabía de qué hablaba. Su
conocimiento sobre el tema de drogas, se remonta a la década de los 80, cuando
Paz de la Barra era juez.
En esos años, el Perú era el mayor
abastecedor de pasta básica de cocaína para el Cartel de Medellín, liderado por
Pablo Escobar y el clan Ochoa, principalmente. Un importante miembro de esa organización
fue el colombiano Evaristo Porras Ardila, quien se mantuvo durante varios años
como su lugarteniente en la ciudad de Leticia, en Colombia. Entonces, Leticia
era un gran centro de acopio de cocaína y albergaba grandes laboratorios de
clorificación.
Porras fue capturado por primera vez en
julio de 1978 en el Perú, junto a otros tres colombianos y cuatro peruanos, con
un cargamento de droga. Sin embargo, en 1981 se fugó de la cárcel simulando
estar enfermo. Con la ayuda de su abogado, Vladimiro Montesinos [entonces
defensor de varios narcotraficantes], Porras fingió síntomas de una apendicitis
para ser llevado a un hospital en el Callao, de donde escapó.
Después de su fuga, Porras buscó
refugio en Leticia. En el Perú, el proceso judicial en su contra prosiguió. La
Fiscalía pidió una condena de 15 años de prisión y empezó el papeleo para su
extradición desde Colombia, donde había sido capturado por segunda vez en mayo
de 1984, en los operativos que lanzó el gobierno colombiano tras el asesinato
del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Porras fue acusado de infiltrar
dinero del narcotráfico, por encargo del Cartel de Medellín en la campaña de
Lara al Congreso un año antes. Eso fue hecho sin conocimiento alguno de Lara
Bonilla, con el objetivo de desacreditarlo en el momento escogido por los
narcotraficantes.
Pero el proceso de extradición se
frustró porque el expediente de Porras Ardila desapareció.
Hacia el año 1985, Vladimir Paz de la
Barra era juez titular del Décimo Quinto Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil de Lima. Había ingresado muy joven al Poder Judicial, en 1978, con 26
años, y tuvo un ascenso rápido.
En diciembre de ese año, Paz de la
Barra solicitó el expediente de Porras Ardila al Décimo Juzgado de Instrucción
de Lima para tomar una prueba testimonial que serviría en un juicio civil de
divorcio contra uno de los cómplices del narcotraficante colombiano.
Cuando el expediente llegó a su
despacho, se esfumó.
El 5 de junio de 1987, la Vigésimo
Segunda Fiscalía Provincial de Lima en lo penal denunció la pérdida de los
documentos. Luego se determinaría que el caso de divorcio que atendió Paz de la
Barra, y que fue el pretexto para pedir el expediente de Porras, era fraguado.
La denunciante, así como los testigos que esta presentó no figuraban en Reniec,
y tampoco era cierto su domicilio procesal. (Ver Acta de la Sala Plena de la Suprema, de febrero de
1992)
Según el testimonio de José María
Aguilar ‘Shushupe’, colaborador de la DEA y trabajador de Porras
Ardila entonces, fue Montesinos quien, en 1985, le entregó al narcotraficante
colombiano, en Leticia, todos los documentos originales de sus procesos en el
Perú.
“El doctor Montesinos llegó como
abogado de este narcotraficante Evaristo Porras Ardila a la ciudad de Leticia
(…) Él llegó llevando una caja de papel Suave (…) abrimos la caja y empezamos a
sacar los documentos que iban, según ellos, los abogados del señor Evaristo
empezaron a revisar que sean auténticos los papeles, originales. Iban
documentos del Hospital Alcides Carrión, documentos de la Corte Suprema,
documentos del Poder Judicial, documentos de la Fiscalía, documentos del Penal
de Lurigancho, y según me di cuenta en esos documentos era todo el proceso de
Evaristo Porras en el Perú. Ellos decían que se habían robado el sumario para
evitar de dejar pruebas del señor Evaristo Porras en el Perú.”, narró Aguilar el 7 de febrero de 2003 en el
Congreso.
El 10 de noviembre de 1988, Paz de la Barra fue
sancionado por la Sala Plena de la Corte Suprema con 30 días de suspensión,
aunque hubo un grupo de magistrados que calificó la sanción de benevolente. Uno
de ellos, el entonces juez supremo Manrique Díaz indicó que“(…) un juez en
lo civil, solicite un expediente penal, es gravísimo, mucho más, si de su poder
se pierde dicho expediente. Pidió para resolver un expediente sobre divorcio;
esto es raro, y, grave la pérdida de ese expediente en circunstancias en que se
hallaba el expediente en su poder”.
Paz de la Barra apeló esta decisión.
Sin embargo, el 26 de setiembre de 1991, la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad inadmisible
su pedido de reconsideración. El magistrado Juan Manuel Méndez
Osborn en su intervención -que quedó registrada documentalmente- indicó que la
pérdida del expediente de Porras Ardila “dio lugar a que al ser
detenido este delincuente en Colombia, pese a los reiterados pedidos del
gobierno colombiano no pudo lograrse su extradición porque el expediente se
había perdido. En un principio Paz de la Barra negó haber firmado el oficio
solicitando el expediente penal, pero frente a las evidencias tuvo que admitir
tal situación, situación que ahora quiere revivir con el objeto de estar apto
para postular a una Vocalía, sin tener escrúpulos para hacer desaparecer el
expediente administrativo, evitando así se resuelva la reconsideración, reconsideración
que por lo demás nadie conoce”.
Ese mismo año, la Fiscalía concluyó que “el
expediente civil fue fraguado para lograr la desaparición del expediente penal”.
Paz de la Barra presentó una acción de
amparo contra los vocales supremos que no admitieron su pedido de
reconsideración. En una sesión de Pleno del 4 de febrero de 1992 los
vocales manifestaron su rechazo a la demanda de Paz de la Barra.
Meses después ocurrió el autogolpe de
Alberto Fujimori. Hacia fines de ese año Paz de la Barra pidió su cese como
vocal provisional de la Corte Superior de Justicia de Lima y juez titular del
Décimo Quinto Juzgado Civil de Lima.
Cuatro toneladas de
conflicto de interés
La relación de Paz de la Barra con
sucesos que involucran al narcotráfico no acabó con la pérdida del expediente
de Evaristo Porras Ardila.
El 22 de abril del 2010, la Policía
incautó cerca de cuatro toneladas de cocaína camufladas en noventa paquetes de
fertilizante natural, que estaban en dos contenedores en el almacén aduanero de
la compañía Tramarsa, en el Callao. La carga, que tenía como destino España,
estaba registrada a nombre de la empresa exportadora Eurspaña.opa Import Export. (Ver atestado)
Los agentes antidrogas capturaron al
español Antonio Aranda Sanz y a las peruanas Bielka Galindo Zavaleta y Lucia
Bravo Sarmiento. Los tres fueron encarcelados y procesados por pertenecer a una
organización internacional de tráfico de drogas. (Ver auto apertorio de instrucción)
Durante el proceso, Galindo solicitó
variar su mandato de detención por el de comparecencia. El pedido fue concedido
por el juez Williams Zavala, del Cuarto Juzgado Penal del Callao en enero del
2011, pero apelado de inmediato por la Procuraduría y la Fiscalía.
Para esta nueva etapa, Galindo contrató los servicios del estudio Paz de la
Barra, Vidurrizaga & Gazzolo Abogados, de Álvaro Paz de la
Barra, hijo del entonces consejero del Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM), Vladimir Paz de la Barra.
Álvaro Paz de la Barra trabajó la
defensa del caso con otros cuatros abogados de su estudio. Uno que vale la pena
mencionar es Roger Ferreira Vildózola, quien en el 2009 renunció al Poder
Judicial a raíz de unos audios que se hicieron públicos en los que hablaba con
Alberto Químper sobre procesos judiciales que tenía en sus manos. En el 2013,
cuando ya estaba fuera del sistema judicial, el CNM lo destituyó.
Con el patrocinio del estudio de Paz de
la Barra, Galindo logró que la Primera Sala del Callao con reos en cárcel
confirmara el cambio de su mandato de detención. El juez a cargo del caso fue
Julio Milla Aguilar.
Luego de esa victoria judicial, Galindo
contrató a una nueva abogada y subrogó, contra la razonable lógica del éxito,
al estudio que logró confirmar su excarcelación.
En diciembre de 2011, el juez Milla se
sometió al proceso de evaluación y ratificación del CNM, que determinaría su
permanencia en la carrera judicial.
Uno de los consejeros que lo evaluaría
sería Vladimir Paz de la Barra. Él había sido elegido como miembro del Consejo
en julio de 2010. Antes de eso, Paz de la Barra litigaba como abogado al frente
del ‘Estudio Vladimir Paz de la Barra & Vidurrizaga abogados’, que fundó en
1996. Cuando ingresó al CNM traspasó sus acciones a su hijo Álvaro.
En medio del proceso de ratificación de
Milla, el entonces presidente del CNM, Gonzalo García Núñez, recibió una carta
anónima el 29 de diciembre, con acusaciones contra varios jueces del
Callao y que hacía mención al caso que había llevado hasta hace poco el estudio
del hijo del consejero.
“(…) Hinostroza Pariachi – Molina
Huamán [entonces jueces en el Callao], al percatarse que no lograran apoyo de
los integrantes de la Primera Sala Penal del Callao, para convalidar la
resolución que ilícitamente concedió el Juez Suplente Willians Zavala Mata
[sic] la libertad a Bielka Milagros Galindo Zavaleta, acuerdan recurrir a uno
de los miembros del CNM. Decidiendo que su estudio jurídico asuma la defensa de
Galindo Zavaleta. En efecto con el voto en mayoría del Juez Superior Provisional
Julio MMilla [sic] Aguilar (en ratificación), y Amelio Paucar Gómez, logran
confirmar por mayoría la resolución ilícita del Juez Suplente Willians [sic]
Zavala Mata (…) El Estudio Jurídico aludido asume la defensa de todos los
procesados. Dejando de lado a su abogada que la asistía (…)”, indica la carta.
García Núñez le pidió sus descargos a
Paz de la Barra.
En una carta del 19 de enero de 2012,
dirigida a García Núñez, Paz de la Barra dijo que“(…) no tengo absolutamente
nada que ver con el ejercicio de la abogacía que esté desarrollando mi citado
hijo, el mismo que como profesional del Derecho, sabrá asumir, sus
responsabilidades como abogado”.
El consejero, no solo no se inhibió en
el caso del juez Milla, a pesar que sabía que había favorecido a la cliente de
su hijo, sino que votó a favor de su ratificación tal como consta en el acta de
la sesión plenaria del CNM del 20 de enero de 2012.
Coincidentemente, en el periodo en que
Milla era evaluado, su hijo, Julio Milla Altabás, trabajó como “apoyo
administrativo” en el Consejo. (Ver contratos CAS a setiembre de 2011,diciembre de 2011, marzo del 2012 y junio del 2012).
Cinco meses después de la ratificación
del juez, el criterio de Paz de la Barra repentinamente cambió.
En junio del 2012, Paz de la Barra sí
se inhibió en otro caso, relacionado con un juez que llevó un proceso
patrocinado por uno de sus hijos. Se trata de un largo litigio que enfrentó al
ministerio de Comercio Exterior y Turismo con dos empresas de tragamonedas, que
en 2001 presentaron una acción de amparo en Andahuaylas para operar en todo el
territorio nacional, al margen de los controles del Estado y sin pagar
impuestos. Estas compañías eran representadas por Vladimir Paz Montenegro.
Vladimir Paz de la Barra dejó de lado
su argumentación anterior y en una carta dirigida al entonces
presidente del CNM, Gastón Soto Vallenas, dijo que “(…)
en el presente caso aun cuando no existe causal de abstención, empero por
razones de decoro el suscrito se abstiene de conocer el recurso extraordinario
formulado por el citado magistrado, tanto más si no he sido el Consejero
ponente.”
Razones de decoro que en el caso de
narcotráfico, no pesaron.
IDL-Reporteros intentó entrevistar a Vladimir Paz de la
Barra, a través del jefe de comunicaciones de Alianza para el Progreso, pero
aquel se negó a conceder la entrevista.
(*) Editado por IDL-Reporteros
Publicado el Sábado 13 de febrero, 2016
a las 13:13 | RSS 2.0.
Última actualización el Sábado 13 de febrero, 2016 a las 14:10
Última actualización el Sábado 13 de febrero, 2016 a las 14:10
Etiquetas: Álvaro Paz de la
Barra, César Acuña, CNM, Evaristo Porras
Ardila, José María Aguilar,Vladimir Paz de La
Barra, Vladimiro Montesinos
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