Pisando Fuerte No. 77 A propósito de la Remuneración Mínima Vital en el Perú, siguiendo las pistas de su existencia

Pisando Fuerte No. 77

A propósito de la Remuneración Mínima Vital en el Perú, siguiendo las pistas de su existencia

Por: Marcial Guillermo Pérez Herrera

Seguimos en este artículo facilitando el camino y la naturaleza de la remuneración mínima vital, sus impactos y posibilidades reales de aplicación

a) Salarios Mínimos y Derechos Fundamentales en el trabajo

Desde mi punto de vista, como consideración general, la fijación de salarios mínimos, establece estándares básicos para ser aplicados en la implementación de políticas conducentes a evitar la imposición de salarios severamente precarios, por ejemplo, en el tema de trabajo forzoso, o, discriminar en materia de remuneraciones por motivo de sexo, grupo étnico, origen nacional o social entre otros aspectos. 

En la erradicación del trabajo infantil ,influye en la edad mínima y naturaleza de trabajo a realizar, pero, también, en las políticas de aliento al empleo e ingresos de los padres, pero, donde se ve con más notoriedad, la influencia del salario mínimo, es en la negociación colectiva y la preservación de los ingresos de los trabajadores en épocas de crisis, que resultan períodos persistentes en nuestras economías dependientes y proveedores de recursos naturales y comodities al escenario del mercado global.

De acuerdo al Informe Mundial sobre Salarios 2010/1011 (OIT, 2010), de 108 países priorizados, en el mundo, 51 ajustaron sus salarios mínimos durante el año 2009. En el caso de América Latina, de 18 países de la región, sólo 2 (Panamá y Perú) no reajustaron sus salarios mínimos en el año 2009.

El entronque entre negociación colectiva y fijación de  salarios mínimos debiera "aterrizar" en los siguientes criterios de implementación :Periodicidad y variables para que los reajustes del salario mínimo tengan un crecimiento real sostenido; coordinación entre política de salario mínimo y negociación colectiva; elementos no salariales de la negociación colectiva que requieren de mayor desarrollo; proceso de fortalecimiento del empleo registrado y desarrollo de la negociación colectiva; políticas públicas que apoyen la adaptabilidad de la negociación colectiva en futuras coyunturas desfavorables, intensificación e institucionalización del diálogo social.

b) Crisis y Salarios Mínimos

Si bien es cierto Perú, reporta tasas de crecimiento económico apreciables, en los últimos 10 años, deduciéndose, que los impactos de la crisis, “rozaron” la estabilidad económica en el 2009, sin crear impactos mayores, se observa incumplimiento en lo concerniente a la aplicación de la RMV (Remuneración Mínima Vital) en el escenario de las PYMES, Trabajo del Hogar  y , en general, en todos aquellos aspectos de informalización del empleo, lo cual demuestra, la debilidad de la vigilancia por parte del Estado, vía las inspecciones de trabajo, que por demanda de los Sindicatos, se están tratando de reforzar con la asignación de mayores recursos y personal especializado. Es más en algún momento de la asunción del gobierno de Alan García, se anunció la constitución de una Superintendencia Nacional de Inspección, que a la fecha , ha llegado a concretarse, con el actual Régimen de Ollanta Humala, con evidentes debilidades, tanto en su estructura , presupuesto y posibilidades reales de actuación.

c) Cumplimiento del C.131

Al ser un Convenio no ratificado por el Perú y mostrándose renuencia a someterlo a los órganos competentes, se ha seguido tratando el tema del reajuste del salario mínimo (RMV), independientemente de esfuerzos tripartitos, para su ratificación. La prueba de ello, es que el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, ente tripartito de diálogo social, como lo hemos manifestado anteriormente, cuenta con una Comisión Especial de productividad y salarios mínimos, que ha venido actuando en función a las decisiones para el aumento de la RMV, incluyendo la propuesta de la cláusula gatillo.

 d) El eje internacional

La Declaración de los Derechos Fundamentales en el Trabajo forman parte de la naturaleza y finalidad de la OIT en cuanto  Organización tripartita, que se orienta por valores y se dedica a la promoción de la justicia social, a lo largo de su historia  habiendo asumido en la práctica la responsabilidad histórica de defender y fomentar dichos derechos.

De otra parte, el llamamiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en 1995 en Copenhague, mediante la cual, como dimensión global, se exhortó a la salvaguardia y la promoción de los derechos básicos de los trabajadores con el fin de lograr un crecimiento económico sostenido y un desarrollo sostenible en aras de la observancia de las normas de trabajo reconocidas internacionalmente, fue en la práctica, el aval y la profundización del rol de la OIT en la observancia y cumplimiento de los derechos fundamentales, teniendo en 8 convenios matrices , sus principales soportes.

En una lógica de resultados la tendencia de ratificación por parte de los países es favorable, 31 de diciembre de 2011, se habían registrado 1.326 ratificaciones para los ocho convenios fundamentales, sobre el total de 1.464 ratificaciones que correspondería si los 183 Estados Miembros de la OIT los hubiesen ratificado. Desde el inicio de la campaña de promoción de la ratificación de los convenios fundamentales en 1995, el porcentaje de ratificación ha aumentado un 68 por ciento. Por ejemplo, el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) ha sido objeto de un número de ratificaciones particularmente alto.

Toda esta situación alentadora, justifica todos los esfuerzos que se vienen realizando para lograr un escenario de equidad y justicia social, como componentes indesligables e indispensables, de toda estrategia global y/o nacional de carácter económico- productivo, que se precie de ser racional y respetuosa de los derechos humanos, en este caso, y con singular énfasis, aquellos referidos al trabajo y al ejercicio humanizado de las relaciones laborales. En esta lógica, la unidad del movimiento sindical peruano, es imprescindible e impostergable.

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En el escenario comparativo internacional, el  caso brasileño, por ejemplo,  en los últimos períodos bajo la conducción consecutiva de Ignacio Lula Da Silva y en la actualidad Dilma Roussef  ,   ha podido avanzar a un equilibrio, en la aplicación de políticas e indicadores macroeconómicos con intensivos programas sociales  de reconocida eficiencia y sostenibilidad, conjuntamente con una reforma agraria, que le ha dado otra configuración socioeconómica al campo, asimismo, se ha acrecentado el diálogo social, dándole la debida prioridad y concordancia a las políticas laborales, en otras palabras, competitividad, productividad , pero, avalados,  con ejercicio legítimo y con sentido distributivo de los  derechos. De otra parte, fueron claves las reformas de Previsión Social y del Sistema Tributario Nacional, las cuales, fueron consideradas fundamentales por el gobierno de Lula, ya que en el largo plazo eran fundamentales para lograr el crecimiento económico del país, mientras que en el corto plazo contribuían a resolver los problemas de financiamiento del país. Si bien ambas reformas ya habían comenzado durante el gobierno de Cardoso, el gobierno de Lula las continuó y consiguió aprobarlas a fines de 2003.

  
Con respecto a la reforma de Previsión Social, ésta era necesaria debido al progresivo déficit que tenía el sector debido a los enormes beneficios que la normativa previsional otorgaba a los jubilados del sector público. 

En el caso portugués, fuera de la burbuja financiera, y la falta de capacidad para refinanciar su deuda interna, en la cual este país al igual que otros como España, Grecia, Irlanda  han caído, se agrega  la configuración de un estado de bienestar que apostó demasiado a los fondos europeos de sostenimiento , el gasto público “generoso” y prácticas de préstamos de alto riesgo en otras palabras, a que terceros países solucionen sus problemas, en una perspectiva irresponsable y poco acorde, por parte de los gobiernos de turno, con la población a  la cual representaban.

Obviamente el aumento el desempleo, se cargó en los trabajadores todos los negativos impactos de este proceso negativo y eso se refleja tal cual, lo muestran los diversos acontecimientos en Europa.

e) “Caminante no hay camino se hace camino al andar”

Para lograr mayores impactos de  las condiciones fundamentales en el bienestar de las personas, debiera equilibrarse los efectos del crecimiento económico en mayores y efectivas políticas públicas, que favorezcan a los amplios sectores de la población, cuyos ingresos se dan en los niveles primarios del salario , especialmente acercar de manera eficiente y cualitativa, la seguridad social, en sus dos componentes salud y pensiones vivienda acorde a los estándares de  habitabilidad , la educación de calidad, entre otros factores.

De otra parte, alentar la organización de los trabajadores en sindicatos, fomentar con mayor apertura y eficacia la negociación colectiva, concertar entre los diferentes actores sociales la superación de la informalidad, cuyo indicador es muy alto en el país (cercano al 60%), puede llevar a mejorar el nivel de los ingresos, acompañado de un incentivo y esfuerzo real , por parte de los empresarios a la productividad, expresada en inversión en tecnología, mejoramiento de los programas orientados a las capacidades de los trabajadores, políticas salariales acumulativas y efectivas, con lo cual se estaría, no sólo,  asentando el empleo formal, sino el acceso a una progresiva y demostrable mejoramiento de la calidad de vida.

El futuro , por ahora, no se podría predecir, pero si existen rasgos en el presente, que podrían contribuir a su caracterización, por un lado, hay una vocación de calificar políticas sociales que lleguen a sus destinatarios, una tendencia a incorporar mayores contingentes poblacionales a la seguridad social en salud , por lo menos en cifras absolutas se reporta, 8 millones de asegurados en ESSALUD, 12 millones en el programa especial denominado Seguro Integral de Salud-SIS, y casi millón y medio en otros sistemas, sin embargo, está pendiente aún, las calidades , calidez y eficiencia de los mismos.

En lo estrictamente laboral, luego de la “noche negra” de la desregulación sin límites, ajuste económico  y en lo político, acción dictatorial y restrictiva de los derechos fundamentales en la década del 90 , se observa con lentitud, un aumento de la tasa de sindicalización, mayor injerencia de la negociación colectiva, pero, con una postura promedio de las empresas , de limitarla usando diferentes artilugios legales y económicos, en igual forma,  la restitución de la RMV, como referente del primer nivel de estandarización de las remuneraciones , mayor diálogo social y la eliminación progresiva de la denominada pobreza por ingresos.

Sin embargo, se ve estacionaria y aparentemente sin solución cercana, entre otros aspectos tenemos : la dación de la Ley del Trabajo, que ya había sido concertada en un 85% por los actores del tripartismo en el Consejo Nacional del Trabajo; una Ley de servicio civil que en la práctica , desaparece la  negociación colectiva en el sector público, la tercerización inacabable en los diferentes sectores productivos, la informalización de los empleos formales que abarcan a casi 3 millones de trabajadores, el congelamiento de las pensiones provenientes del erario público y la incertidumbre de sus efectos futuros, en el sector privado léase AFP  y el ofertar , sin mayores consultas a los involucrados centrales,  en el mundo del trabajo, en este caso,  los trabajadores, tratados de libre comercio, cuyos principales vectores después de los mercados accesibles y términos de intercambio, son el de la flexibilización y límites a los derechos laborales, convirtiéndose en una “ventaja comparativa y competitiva” del país frente a otros de la región.

En conclusión, este panorama , lleva a realizar un gran esfuerzo, para cimentar las capacidades gremiales, las alianzas sociales y políticas del movimiento sindical y una profunda convicción de su renovación, de tal forma, que entre otros componentes, se pueda intentar, configurar escenarios de mayor equidad y justicia social, que son elementos de una sociedad auténticamente democrática y de responsabilidad compartida.