Megacomisión recomendó denunciar constitucionalmente a Alan García

(Foto: La República)

Grupo investigador presentó informe por caso ‘Indultos y conmutaciones de pena’.

La Megacomisión encargada de investigar el segundo gobierno de Alan García presentó hoy el informe dedicado a los indultos y conmutaciones de pena que el exmandatario realizó y recomendó acusarlo constitucionalmente por infringir la carta magna.

Según la primera conclusión del informe, son indicios razonables para concluir que García Pérez faltó a la ley el alto índice de conmutados por el delito de tráfico ilícito de drogas, la flexibilidad de los requisitos necesarios para obtener gracias presidenciales y el posible sistema judicial paralelo.

Detallan que existó una concesión masiva que fue posible porque la normativa correspondiente fue modificada reduciendose así las exigencias procesales.

Esto se agravaría al detectarse que organizaciones delictivas y grupos familiarios completos accedieron a este tipo de beneficios, lo cual lo convierte en un acto arbitrario.

El informe señala que de las 5,246 conmutaciones de pena otorgadas durante el mandato de García Pérez, 3,207 fueron para culpables por tráfico ilícito de droga (400 de ellos condenados por el delito en su forma agravada).

En el caso de los indultos fueron 232. De los 104 concedidos por causas humanitarias, 70 fueron a condenados por narcotráfico, mientras que de los 128 indultos comunes, 2 casos fueron por el mismo delito.

Estos datos agravan la situación de García si se destaca que el expresidente conmutó más años de los recomendados por la Comisión de Gracias.

También se recuerda el caso de Julio Espinoza Jiménez, militante aprista que ocupó el cargo de director del Sistema Integral de Salud que recibió la gracia de parte de García por razones humanitarias y hasta el momento no ha sufrido ningún problema de salud.

Espinoza Jiménez fue acusado del delito de colusión por concertar con empresas raciones alimenticias sobrevaloradas por 19 millones de soles en medio del desastre producido en Ica por el terremoto del 15 de agosto del 2007.

García y el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Jorge del Castillo, enviaron un oficio al también aprista y entonces presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, para que la Contraloria General de la República suspenda facultades de control previo y simultáneo a zonas declaradas en emergencia por desastres.

Esta iniciativa de García fue archivada por la Comisión de Fiscalización, lo que finalmente desencadenó en que el exmandatario otorgara, por presuntas razones humanitarias, la gracia presidencial a Espinoza Jiménez.

Entre los posibles delitos de García, el informe señala delito de encubrimiento personal, de cohecho y de asociación ilícita, ya que considera que existía una red que conocía perfectamente sus acciones para brindar indultos y conmutaciones  y trabajaba de manera coordinada.

Finalmente recomiendan enviar el informe al Ministerio Público, a la Comisión de Fiscalización del Congreso y a la Contraloría de la República para que se realicen las investigaciones correspondientes.