PLATAFORMA
DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AUTOEMPLEADOS DE LA ECONOMÍA INFORMAL
Las
organizaciones de trabajadores autoempleados que suscribimos el presente
documento, CETRAFOR, FENATM, SINTRAHOGAR-CCTH, FENAREP, CONFIAR, FEDEVAL,
CONACOOP, FETTRAMAP, FRECOCEHLM, TEXTILES, FENVENDRELP con el asesoramiento y apoyo del Programa Sindical
de la Economía Informal-PROSIE, la Fundación Friedrich Ebert, y el Proyecto
WIEGO-CIES presentamos a las máximas autoridades del Estado Peruano, en sus
diferentes niveles de decisión la presente propuesta, con enfoque de
género, que expresa la voluntad unitaria
y constructiva de nuestras organizaciones, en la perspectiva de lograr
soluciones a nuestra problemática, que involucra a millones de trabajadores(as)
y sus familias.
Esperamos
como resultado de este esfuerzo, el compromiso de las máximas autoridades políticas del país, para concretar
esta Propuesta, en el escenario de un espacio compartido de diálogo social y
concertación democrática.
LA
PROPUESTA
1.
Autoempleo e Informalidad: la problemática actual[2]
El 79.4% de
la PEA (12´3 millones de personas) ocupada se encuentra en situación de
informalidad[3].
El 21.6% (3,2 millones) de la misma se desempeña en condiciones de formalidad
Distribución del empleo informal
en Perú por ámbito geográfico:
|
Nacional
|
Urbano
|
%
|
Rural
|
%
|
|
Empleo formal
|
2´876,000
|
29,4%
|
324,000
|
5,6%
|
|
Empleo informal
|
6´923,000
|
70,6%
|
5´433,000
|
94,4%
|
|
TOTAL
|
9´798,756
|
100%
|
5´757,759
|
100%
|
|
Urbano
|
Lima Metropolitana
|
%
|
Resto urbano
|
%
|
|
Empleo formal
|
1´550,000
|
35,3%
|
1´326,000
|
24,5%
|
|
Empleo informal
|
2´ 840,000
|
64,7%
|
4´082,000
|
75,5%
|
Fuente:
Estudio CIES WIEGO, sobre Empleo Informal en el Perú, 2010
·
El 21.3% de los trabajadores autoempleados se ubican en la economía
informal y se encuentran en condición de
pobreza[4].
·
Características
relevantes: comparten condiciones de pobreza, bajo nivel educativo y
precariedad en el empleo. También se encuentran menos dotados de recursos para
la protección familiar, expuestos a mayores riesgos y con escasos e
insuficientes mecanismos de protección social.
·
Actualmente no
existe una red de protección social y prevención de riesgos, como política
integral e inclusiva para los trabajadores informales. Sin embargo, la
ejecución de algunos programas sociales revela una posible conformación que aun
opera de modo fragmentado e incompleto.
·
Las diversas
categorías de trabajadores informales plantea la necesidad de proponer
estrategias diferenciadas para atender sus necesidades.
·
La mayoría de las
personas inmersa, en la economía informal, no está en condiciones, de asumir
las prestaciones de salud, ni de incorporarse a un sistema de pensiones, en las
mismas condiciones económicas, que se dan en el caso, de otros sectores de
trabajadores, inmersos en el empleo formal. Por lo reducido de sus ingresos,
deben dar prioridad a necesidades más inmediatas, como la alimentación,
vivienda y educación. Actualmente, el funcionamiento de aquellos servicios
existentes, no son de su pleno conocimiento y muestran sus reservas, de la
forma en que estos son gestionados.
·
En el área urbana
los hombres representan el 52% y las mujeres el 48% del total de trabajadores.
·
Los sectores de
servicios (42.8%) y comercio (28%) concentran el mayor volumen de trabajadores
informales en el área urbana, seguidos de la industria (12.3%).
·
La categoría más
representativa son los trabajadores independientes y
conductores informales. El 83% de ellos es mayor de 30 años. 39% tiene
instrucción primaria y 36% secundaria. 57% son hombres y 47% mujeres, 36% están
en condición de pobreza.
·
A nivel nacional,
en el año 2009, el 37.1% de la población en empleo informal se encontraba en
condición de pobreza, a diferencia del 9.9% de la población en empleo formal.
En el área urbana estaba en dicha condición el 21.3% de la población en empleo informal. En comparación
con el año 2005, se evidencian mejoras ya que, entonces, estaban en situación
de pobreza el 50.6% de la población nacional en empleo informal y el 36.8% a
nivel urbano.
·
En cuanto a la
población urbana en empleo informal, en el año 2009, el 19.6% aportaba al
sistema de pensiones y el 37.8% contaba con un seguro de salud; cifras
superiores a lo reportado en el 2005,
14.1% y 17.7%, respectivamente.
·
Entre las diversas
categorías de trabajadores en condición de informalidad destacan los
trabajadores independientes y los que poseen unidades productivas informales,
que en un 36% se encuentran en situación de pobreza (año 2009). El 30% de ellos
trabajan como ambulantes o utiliza carretillas (transporte de carga manual).
Esta categoría es la más representativa de los trabajadores en situación de
informalidad
Categorías
de trabajadores en condición de empleo informal
-
El grupo más
numeroso entre los trabajadores en condición de informalidad son los
Trabajadores Independientes No Calificados, que concentran al 34,8%. En el área
urbana, este grupo de trabajadores corresponde al 30,4% mientras que en el sector
rural asciende al 42,2%, y lo conforman mayoritariamente campesinos.
PEA SEGÚN
NIVEL DE FORMALIDAD Y CATEGORÍA OCUPACIONAL:
|
|
Perú Urbano
|
Perú Rural%
|
Total Perú
|
|
Sector informal:
79,4% de la PEA
|
|||
|
Asalariado
|
22%
|
16.1%
|
19.8%
|
|
Empleador
|
5.1%
|
5%
|
5%
|
|
Trabajador independiente no
calificado
|
30.4%
|
42.2%
|
34.8%
|
|
Trabajador independiente calificado
|
2%
|
0.2%
|
1.3%
|
|
Trabajador familiar no remunerado
|
6.5%
|
14.9%
|
|
|
Trabajador del hogar
|
4.3%
|
1.3%
|
3.2%
|
|
Resto
|
0,4%
|
0,5%
|
0.4%
|
|
Sector formal:
20,6% de la PEA
|
|||
|
Asalariado
|
28.5%
|
5.6%
|
20%
|
|
Otros
|
0.9%
|
0.1%
|
0.6%
|
|
TOTAL
|
100%
|
100%
|
100%
|
Es importante
anotar, que en el caso de las trabajadoras del hogar, cuyo aporte, va más allá
del económico, pues se constituye, en el soporte de las familias en su vida
cotidiana, de 453,272 que es su universo ocupacional, según estadísticas del
Ministerio de Trabajo, 174,400, es decir el 38.5% oscila entre los 14 y 24
años, siendo su rostro y actuación juvenil, que debiera ser contradictorio con
la jornada laboral, que supera largamente las 48 horas.
De otra
parte, la normatividad existente en el ámbito municipal, referida a los
trabajadores que se desempeñan en el comercio urbano, usando el espacio
público, han validado, que la normatividad existente para generar condiciones
de inclusión, no son cumplidas, estableciéndose una visión errada, por parte de
la administración estatal, que el objetivo final, es “formalización con mypes”,
que es una política , que a la fecha, no ha dado mayores resultados , a favor
de este contingente ocupacional.
2. ¿Qué proponemos para lograr soluciones frente a
esta problemática?
Las diversas organizaciones, hemos
coincidido, que nuestra problemática, tiene varios rasgos, que le dan
características específicas, en función al sector en el cual desempeña su
actividad, sin embargo, también estamos de acuerdo, que existen aspectos en
común, que deben constituirse en una Plataforma de alternativas de solución,
que se desarrollen en un proceso ordenado y concertado en un esfuerzo del
Gobierno en un diálogo abierto y permanente con las Organizaciones de los
trabajadores.
En tal sentido, consideramos que nuestra
actuación propositiva se centra en 5 ejes:
I. Institucionalidad
1.
Reconocimiento
de la actividad del autoempleo en la normatividad y en los escenarios de acción
para el desarrollo económico y social.
2. Las
políticas de empleo a promover, por el Gobierno Nacional en estrecha
coordinación con los diferentes actores del mundo laboral y económico, deben
considerar la diversidad y condiciones específicas, en las cuales se
desenvuelve, esta modalidad mayoritaria ocupacional, en la lógica y perspectiva
del empleo digno y el trabajo decente, sustentándose en la equidad de género.
En la perspectiva antes mencionada, realizar análisis continuos para mejorar
las estadísticas en la economía informal y, en particular, las estadísticas
desglosadas por sexo.
3.
Facilitación
por parte del Gobierno Central de una adecuada articulación entre los niveles
nacional, regional y local, para el fortalecimiento de los diversos programas
y/o proyectos dirigidos a los autoempleados en condiciones de informalidad.
4.
En
esta orientación, modificar la normatividad municipal, en lo concerniente a
nueva estructura orgánica, que posibilite el soporte necesario para propiciar
infraestructura para el desarrollo económico del sector. La perspectiva
es facilitar las condiciones de regularización de licencias y trámites de
reconocimiento legal, fundamentalmente para la construcción e infraestructura.
5.
Cumplimiento
de los diferentes tópicos, no asumidos a la fecha de la normatividad existente,
para los trabajadores autoempleados, generados por sus iniciativas y
persistentes luchas, así tenemos:
·
Ley
10674 (1946): Protección y asistencia del Estado a favor de los canillitas
·
Ley 27189 (1999): Transporte especial de
pasajeros en vehículos menores (Mototaxistas)
·
Ley
27475 (2001): Regulación de la actividad
del lustrabotas
·
Ley
27986 (2003): Ley de las Trabajadoras del Hogar
·
Ley
29073 (2007): Ley del artesano
·
Leyes
25047 (1989) y 29088 (2007): Ley de beneficios a estibadores terrestres,
transportistas manuales en carretillas y triciclos, que laboran en mercados,
terminales terrestres o en establecimientos análogos y seguridad y salud en el
trabajo de los estibadores terrestres, respectivamente
·
Ley
29419 (2009): Regulación de la actividad del reciclador
6. Darle
prioridad al análisis, de las consecuencias basadas en la diferencia de género,
de aquellas normas y derechos del trabajo, que tienen más probabilidades de ser
objeto de supervisión y aplicación que otros en el contexto de la realidad
laboral del país.
7.
El
Gobierno Nacional debe generar una política
de diálogo social, para asumir de
manera integral la problemática de la informalidad, que afecta al autoempleo en
el Perú, siendo el objetivo principal, la elaboración de una Ley Marco, para
reconocer y promover en condiciones de equidad y viabilidad, su acceso al
desarrollo y el bienestar. Proponemos,
para dicho efecto una Mesa de Concertación nacional y descentralizada
8. Elaboración
de estrategias para mejorar el cumplimiento de la legislación y directivas
pertinentes en materia de género con respecto a la economía informal (inclusive
la elaboración de indicadores apropiados y
el establecimiento de procesos de supervisión).
9.
Cumplimiento
de la Recomendación 193 de la OIT, promoviendo y facilitando la organización
empresarial, como cooperativas, de los y las trabajadores y trabajadoras
autoempleados
10. Recopilación
de buenas prácticas sobre la legislación laboral centradas en trabajadores
excluidos específicamente, como las
trabajadoras del hogar y en analizar los
motivos del éxito y las posibilidades
de realizar experiencias similares. Esto debería incluir un análisis de la aplicación de la legislación y del papel
que desempeña la inspección del trabajo,
haciendo particular referencia a este último.
11. Análisis
de las limitaciones y obstáculos impuestos a las organizaciones colectivas de
mujeres y para la participación política en términos más generales (es decir,
competencia entre diferentes grupos de trabajadores, limitaciones y
desigualdades derivadas de la diferencia de género en el trabajo reproductivo,
el aislamiento de las mujeres y la individualización en las cadenas mundiales
de valor; las normas y actitudes sociales que atienden a la diferencia de
género, la violencia de género y las amenazas
de violencia de género)
12.
Reconocimiento
de quienes suscribimos esta propuesta unitaria, como interlocutores válidos,
para continuar el proceso de diálogo, consulta y misión propositiva, sobre la
problemática del trabajador(a) autoempleado(a), en los distintos niveles e
instancias del Gobierno.
II.
Acceso al Financiamiento
1.
Banca
estatal de segundo piso, en alianza con la banca privada, implemente una
plataforma económica financiera, que permita el acceso al crédito de los
trabajadores autoempleados, que se comprometen a una adecuada labor de
ordenamiento y adecuación de sus organizaciones. Esta alternativa, puede
hacerse más diversificada en el escenario de las cajas de crédito municipal,
para lo cual, deberá dotárseles de mayores posibilidades de presupuestos
específicos. Esta propuesta, entre otras iniciativas, debiera tener en cuenta
lo planteado por el denominado, Banco
de la Esperanza, partiendo del soporte que implicaría un apoyo financiero
interinstitucional, coliderado por el
Banco de la Nación, COFIDE y Agrorural.
2.
Ampliación
progresiva de los programas de compras
estatales a los trabajadores autoempleados, diseñando de manera concertada los
componentes de su implementación.
3.
Fortalecer
y articular los programas de acción estatal, ubicados en los Ministerios de
Comercio, Industria, Trabajo, asociados al financiamiento de las MYPES, hacia
los trabajadores autoempleados y sus organizaciones, para lo cual, se
elaborarán perfiles sectoriales, sobre la base de lo dispuesto en las leyes
matrices y una lógica de innovación y reconversión tecnológica.
III. Capacitación
1.
Elaboración
del Proyecto de Formación y Capacitación, para los trabajadores autoempleados,
en un esfuerzo tripartito del Estado, la empresa privada y los trabajadores.
2.
Ampliar
los programas de capacitación de nivel central y regional a los trabajadores
autoempleados.
3.
Dotar
de infraestructura y recursos presupuestales, a los Gobiernos Locales, para
reforzar programas pilotos de capacitación y empleabilidad.
4.
Incluir
el programa nacional de becas para jóvenes autoempleados, teniendo como eje de
implementación, las tendencias sectoriales de crecimiento económico en el país.
5. Análisis
de seguimiento de programas de formación en los que se evalúan los efectos
reales de programas particulares orientados
a las mujeres pobres (y otros grupos excluidos)
6. Estudios
con orientación de política sobre los efectos de las estrategias encaminadas a
desarrollar las capacidades de las mujeres a través de la formación y la
diversificación de cualificaciones en el marco de iniciativas favorables a los
pobres y de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza.
IV. Protección Social
1.
Inclusión
de los trabajadores autoempleados en el sistema nacional de seguridad social,
estableciendo niveles diferenciados de aportes y sostenibilidad. La
participación de los representantes de las organizaciones en el proceso, debe
ser un factor decisivo de implementación, dándose singular prioridad a las
mujeres en su condición de la dimensión múltiple de su rol en la sociedad
peruana.
2.
Articular
de modo efectivo a los diferentes programas del Estado, orientados a promover
la protección social, a fin que se potencien las experiencias autogeneradas, de
las organizaciones de autoempleados, inmersos en la economía informal, y efectuar una incidencia adecuada, oportuna y pertinente en
cumplimiento de la normatividad que ampara la inclusión de diversos estamentos
laborales.
3.
Fortalecer
las redes de prevención en salud, existentes,
ampliarlas, con activa participación de las organizaciones, establecidas
a nivel local.
4.
Establecer
un organismo independiente de medición de la calidad de los servicios de
protección social, para los sectores más vulnerables, que incluye a los
trabajadores autoempleados y sus familias.
5.
Ampliar
el programa Juntos y asumir propuestas como el denominado Plan “Hambre Cero”,
mejora de 3,200 puestos de salud, ampliación de los WAWAWASI, impulso a los
comités locales de administración de la salud, atención gratuita para y
obligatoria para madres gestantes y niños hasta 5 años, y, extensión del
programa sierra productiva. Diseñar mecanismos diferenciados de acceso a la
cobertura de los riesgos sociales. Es decir, incorporar las prestaciones
sociales.
6.
Pensión
no contributiva, para mayores de 65 años
7.
Estudiar
la implementación de programas de vivienda
dirigidos a trabajadores y trabajadoras autoempleados.
V. Gestión Empresarial
1.
Los trabajadores de la economía informal,
tanto hombres como mujeres, requieren una serie de servicios para poder
realizar un trabajo remunerado en el sector formal o para dirigir con éxito una
unidad productiva. Estos servicios abarcan desde aquellos encaminados a
desarrollar el espíritu empresarial hasta la formación para el fortalecimiento
de las competencias.
Si bien estos servicios no pueden ser
eficaces sin tener en cuenta otros requisitos, siguen siendo necesarios y, por consiguiente, podrían considerarse los
siguientes ámbitos de investigación específicos: Análisis de las diferencias de
género en relación con el capital inicial, la utilización de los
ingresos/beneficios provenientes del trabajo, el modo en que éstos, junto con
recursos «no laborales» como la tierra, la propiedad y la infraestructura,
inciden en la duración, el tamaño y el
crecimiento de las unidades de la economía informal; Análisis de los efectos de
la competencia (entre mujeres y entre mujeres y hombres) en las mujeres
autoempleadas (y otros excluidos) en la
economía informal.
2.
Actualizar
la nomenclatura de aporte económico de la economía informal al PBI Nacional,
para determinar las bases de su reestructuración productiva y empresarial.,
teniendo en cuenta, las líneas de crecimiento y desarrollo del país en el
corto, mediano y largo plazo.
3.
Sistematizar
y difundir los modelos exitosos de gestión empresarial, impulsados por los
trabajadores y sus organizaciones, que
deben ser potenciados y/o replicados en
áreas piloto de Lima y Regiones. Asimismo, la promoción de modelos
empresariales cooperativos y de gestión solidaria, entre los trabajadores y
trabajadoras autoempleados.
4.
Ampliar
proyectos, convenios y programas de cooperación técnica internacional,
orientados al mejoramiento de las capacidades de gestión empresarial y técnico
productivo
5.
La
magnitud del autoempleo en condiciones de informalidad, nos permite plantear,
adecuar formas de asociatividad productiva de naturaleza social e integradora,
como, por ejemplo, cooperativas, mutuales, entre otras, para lo cual, debe
darse fortaleza presupuestal, decisoria y participativa, a los organismos, promotores de estas
opciones en la estructura del Estado, siendo la más visible, la Dirección de Cooperativas, del Ministerio de
Industria.
6.
En términos de normativa empresarial, evaluar
los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de crear sus
propias unidades productivas.
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