Ministros debatirán con líderes indígenas sobre sucesos de Bagua
Fuentes : EFE-Diario La República
Ocho ministros se reunirán este martes con once presidentes regionales y los representantes de las organizaciones indígenas amazónicas para debatir el informe sobre el "Baguazo" y formular un plan de desarrollo indígena integral.
El gobierno formó un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos después de que una larga protesta de las comunidades selváticas de la provincia de Bagua, por leyes que consideraban perjudiciales, terminó el 5 de junio del 2009 con 34 muertos, según el último parte policial.
Este grupo encargó a una comisión la elaboración de un informe sobre las protestas ocurridas en Bagua para identificar a los responsables de las muertes y reunir evidencias de lo acontecido.
La huelga de comunidades indígenas amazónicas, en protesta por un paquete de leyes que consideraban contrarias a sus derechos sobre la tierra y el agua, derivó en un estallido de violencia en junio pasado cuando la Policía intentó desalojar una carretera tomada por los manifestantes.
Allí, en la denominada Curva del Diablo, murieron 34 personas, entre policías y civiles.
Después, un grupo de indígenas que retuvo a 38 policías en una estación petrolera de la zona asesinó a 12 de ellos en aparente represalia por el operativo en la carretera.
El Grupo Nacional de Coordinación también designó cuatro mesas de trabajo para que técnicos se encarguen de la elaboración de medidas de desarrollo en educación, salud, titulación de tierras, formalización y demás acciones oportunas.
El ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, como presidente de ese grupo nacional, convocó a las partes para reunirse hoy martes en el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) para debatir el informe de la comisión investigadora y las propuestas elaboradas por las cuatro mesas de trabajo.
El pasado 29 de diciembre, la comisión investigadora de los sucesos en Bagua divulgó parte del informe, que no ha sido firmado por todos sus integrantes por desavenencias, en el que señaló a congresistas nacionalistas y a sindicalistas como responsables de haber azuzado a los indígenas para que se desatara la violencia.
La comisión precisó que su función era describir lo sucedido en Amazonas y presentar evidencias de responsabilidades, mas no "judicializar" los hechos.
Sin embargo, el presidente de ese grupo de investigación y representante indígena, Jesús Manasés, y la religiosa Mari Carmen Gómez, explicaron que no firmaron el informe final porque no se ahondó en la responsabilidad del Gobierno y la policía.
Según éstos, hubo descoordinación para ejecutar el desalojo de la Curva del Diablo, la zona donde se produjo la mayor cantidad de muertes.
En declaraciones a la prensa, el presidente Alan García, defendió el informe, el pasado 1 de enero, y acusó al partido Nacionalista de estar "protegiendo a los asesinos" de los policías.
Por su parte, el líder nacionalista, Ollanta Humala, defendió a los cinco congresistas de su partido mencionados en el informe, al insistir en que estos legisladores "no fueron a azuzar, sino a informar" a los indígenas en torno a los decretos legislativos cuestionados.
Según Humala, dicho documento debería establecer responsabilidades políticas a nivel del poder ejecutivo, en particular sobre los entonces ministros de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, y del Interior, Mercedes Cabanillas, que fueron excluidos de la investigación.
Fuentes : EFE-Diario La República
Ocho ministros se reunirán este martes con once presidentes regionales y los representantes de las organizaciones indígenas amazónicas para debatir el informe sobre el "Baguazo" y formular un plan de desarrollo indígena integral.
El gobierno formó un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos después de que una larga protesta de las comunidades selváticas de la provincia de Bagua, por leyes que consideraban perjudiciales, terminó el 5 de junio del 2009 con 34 muertos, según el último parte policial.
Este grupo encargó a una comisión la elaboración de un informe sobre las protestas ocurridas en Bagua para identificar a los responsables de las muertes y reunir evidencias de lo acontecido.
La huelga de comunidades indígenas amazónicas, en protesta por un paquete de leyes que consideraban contrarias a sus derechos sobre la tierra y el agua, derivó en un estallido de violencia en junio pasado cuando la Policía intentó desalojar una carretera tomada por los manifestantes.
Allí, en la denominada Curva del Diablo, murieron 34 personas, entre policías y civiles.
Después, un grupo de indígenas que retuvo a 38 policías en una estación petrolera de la zona asesinó a 12 de ellos en aparente represalia por el operativo en la carretera.
El Grupo Nacional de Coordinación también designó cuatro mesas de trabajo para que técnicos se encarguen de la elaboración de medidas de desarrollo en educación, salud, titulación de tierras, formalización y demás acciones oportunas.
El ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, como presidente de ese grupo nacional, convocó a las partes para reunirse hoy martes en el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) para debatir el informe de la comisión investigadora y las propuestas elaboradas por las cuatro mesas de trabajo.
El pasado 29 de diciembre, la comisión investigadora de los sucesos en Bagua divulgó parte del informe, que no ha sido firmado por todos sus integrantes por desavenencias, en el que señaló a congresistas nacionalistas y a sindicalistas como responsables de haber azuzado a los indígenas para que se desatara la violencia.
La comisión precisó que su función era describir lo sucedido en Amazonas y presentar evidencias de responsabilidades, mas no "judicializar" los hechos.
Sin embargo, el presidente de ese grupo de investigación y representante indígena, Jesús Manasés, y la religiosa Mari Carmen Gómez, explicaron que no firmaron el informe final porque no se ahondó en la responsabilidad del Gobierno y la policía.
Según éstos, hubo descoordinación para ejecutar el desalojo de la Curva del Diablo, la zona donde se produjo la mayor cantidad de muertes.
En declaraciones a la prensa, el presidente Alan García, defendió el informe, el pasado 1 de enero, y acusó al partido Nacionalista de estar "protegiendo a los asesinos" de los policías.
Por su parte, el líder nacionalista, Ollanta Humala, defendió a los cinco congresistas de su partido mencionados en el informe, al insistir en que estos legisladores "no fueron a azuzar, sino a informar" a los indígenas en torno a los decretos legislativos cuestionados.
Según Humala, dicho documento debería establecer responsabilidades políticas a nivel del poder ejecutivo, en particular sobre los entonces ministros de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, y del Interior, Mercedes Cabanillas, que fueron excluidos de la investigación.
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