Inmigrantes son víctima del robo de salarioCortesía:La Opinión
Abuso laboral y estafas fueron denominadores comunes entre el 68% de los trabajadores con sueldos muy bajos en 2008, según estudio
Fabián Gutiérrez trabajaba más de 60 horas semanales en un almacén de barrio, cortando carne y llenando las estanterías con quesos y leche, cobrando menos que el salario mínimo y sin percibir horas extras.
Este inmigrante mexicano de 32 años dice que soportó esta situación por meses porque tenía que mantener a su esposa y a una hija pequeña. Y, como tantos compañeros de trabajo, no se animaba a enfrentar al dueño del almacén.
"Abusó de todos nosotros. Nos faltó el respeto", afirmó Gutiérrez, quien finalmente se puso en contacto con un centro que vela por los derechos de los trabajadores y, junto con otros empleados, demandó al dueño de La Frutería. Ahora trabaja en otro almacén donde lo tratan mejor, según dice.
A lo largo y ancho del país abundan los patronos que no le pagan a sus empleados todo lo que les corresponde, especialmente si son inmigrantes. Y el problema parece estar agravándose.
Ante la pasividad del gobierno central, algunos funcionarios estatales y municipales están tomando cartas en el asunto. Dicen que los patronos que no pagan horas extras ni el salario mínimo probablemente no hagan los aportes sociales correspondientes, aprovechándose de los contribuyentes al mismo tiempo que se burlan de sus empleados.
Los centros de protección de los derechos de los trabajadores dicen que la retención de salarios es la principal queja que escuchan desde hace varios meses.
En Chicago, la Working Hands Legal Clinic, que está asesorando a Gutiérrez, recibió 161 denuncias de retención de sueldos entre enero y junio del 2008 y 252 (un 60% más) en el mismo período del 2009.
La Red Nacional de Jornaleros (National Day Laborer Organizing Network), de Los Ángeles, dice que por lo menos el 50% de los jornaleros -hay unos 120,000 en los Estados Unidos- han sido víctimas de alguna forma de estafa con sus salarios.
Aproximadamente el 68% de los trabajadores con sueldos muy bajos denunciaron estafas en el 2008, sin importar su status migratorio, según un estudio difundido este año en el que se consultó a 4,400 trabajadores.
"No es algo aislado, que abarque a unos pocos patronos. Los patronos saben que sus empleados están desesperados", expresó Nik Theodore, profesor de la Universidad de Illinois en Chicago y uno de los impulsores del estudio de la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA)y la City University de Nueva York. "Parece una práctica común de muchas industrias".
Se han registrado estafas de salarios en sectores en los que no se producían este tipo de episodios, como las ferias y los carnavales, de acuerdo con el Centro de Derechos Legales de los Trabajadores (Workers' Rights Law Center) de Nueva York. Este año, Dreamland Amusements aceptó pagar 325,000 dólares en sueldos atrasados a empleados mexicanos que denunciaron que los obligaba a trabajar 70 horas semanales por menos que el salario mínimo en Nueva York.
Los trabajadores que ganan poco son especialmente vulnerables porque cobran en efectivo y es difícil tener registros de lo que percibieron. Muchos temen llamar a las autoridades, incluso aquellos que tienen permisos para trabajar en Estados Unidos.
Gutiérrez, un individuo de voz ronca y hablado suave que se negó a discutir su status migratorio, dijo que él y otros trabajadores temían ser deportados si enfrentaban al patrón. Indicó que en determinado momento se sobrepuso al miedo e hizo la denuncia.
El patrono, Tony Macías, es dueño de varios almacenes de comestibles en Chicago. Su abogado, William J. Raleigh, dijo que Macías no sabía que tenía que pagar horas extras.
Hasta hace poco, estas demandas eran el mejor camino para que un empleado tratase de hacer valer sus derechos. Pero los abogados no querían tomar estos casos porque se demoran meses, les representa pocos ingresos y resulta muy difícil cobrar.
"Incluso cuando ganamos, eso es tan solo el comienzo" de una batalla legal, expresó Milan Bhatt, del Workers' Rights Law Center. "Para cuando se termina el proceso, ya cerraron el negocio y se fueron a otro lado".
Algunos estados están considerando soluciones creativas. California y Nueva York crearon una fuerza de tareas que irrumpe en negocios de industrias donde estos problemas son comunes, como los almacenes de comestibles y los lavaderos de autos, concentrando sus esfuerzos en regiones donde se han denunciado más violaciones.
"Enviar un grupo de inspectores es una clara señal de que no pueden seguir haciendo de las suyas", manifestó Terri Gerstein, subcomisionada de trabajo de Nueva York encargada de servicios al inmigrante y salarios.
Los defensores de estos trabajadores dicen que el hacer cumplir las leyes en cuanto a salarios y horas de trabajo, incluso cuando se trata de indocumentados, beneficia a todos los trabajadores porque evita que bajen los sueldos y garantiza que los patronos cumplen las leyes.
Hay quienes dicen que las redadas no resuelven nada porque el objetivo es que el patrono se ponga al día con los aportes sociales, no con las horas extras que no ha pagado.
Las autoridades laborales de Nueva York están trabajando con grupos comunitarios e incluso con sindicatos, que generalmente son los primeros en recibir las denuncias, en una campaña destinada a detectar patronos que violan las leyes.
La campaña ha recibido atención nacional y Washington, Oregón y Massachusetts están considerando políticas similares que incluyen pesadas multas y la posibilidad de hacer denuncias online.
Los defensores de los trabajadores, no obstante, insisten en que debe intervenir el gobierno nacional para garantizar que se cumplen las leyes laborales.
Un reciente informe del Congreso criticó al Departamento del Trabajo por no investigar las denuncias, y a veces ni siquiera recibirlas.
La nueva secretaria del Trabajo, Hilda Solís añadió la semana pasada 250 inspectores encargados de vigilar el cumplimiento de las normas sobre horas de trabajo y sueldos. También la semana pasada, firmó un acuerdo con el departamento del trabajo de Nueva York, el consulado mexicano y otros grupos para crear un centro de llamadas que ofrece asesoría a trabajadores hispanos de la zona en relación con sus derechos laborales.
El proceso iniciado por Gutiérrez para tratar de cobrar lo que se le debe, mientras tanto, no ha concluido y el mexicano no sabe si percibirá lo que le corresponde.
"Quiero ser escuchado. No queremos trabajar gratis", afirmó.
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