DECLARACIÓN DE LA X CUMBRE SINDICAL IBEROAMERICANA
Lisboa, 23-24 de noviembre de 2009
El sindicalismo iberoamericano solicita políticas destinadas a formalizar relaciones laborales de trabajadores independientes y microempleados, que asegure la protección social de los desempleados, y que incorpore de forma permanente el tema de la seguridad social de los migrantes (que ha sido visualizado con claridad en el Convenio Iberoamericano).
Los gobiernos Iberoamericanos deben impulsar la educación pública y formación profesional como mecanismo de inclusión de las nuevas generaciones, con sistemas educativos que garanticen calidad e igualdad de condiciones. La pobreza en la niñez en gran parte de nuestros países no tiene otra causa que el desempleo y la precariedad laboral de los adultos. Estimular salarios mínimos que permitan una vida digna, asegurar la intervención de los órganos de inspección laboral para eliminar el fraude laboral, la precariedad, y reducir la informalidad, coloca el problema en su envergadura real: gran parte de los trabajadores/as son pobres. Construir un mundo sin excluidos requiere orientar hacia un modelo de desarrollo hacia la consolidación del trabajo decente en nuestras naciones.
Los gobiernos iberoamericanos deben impulsar la formación profesional e integral a lo largo de toda la vida, tanto para la necesaria adaptación en un entorno variable de innovación de procesos y productos, sino también como proceso de construcción de una vida plena de los hombres y mujeres.
Instamos al fomento de las políticas crediticias en especial para las pequeñas y medianas empresas que permitan un mejoramiento de sus competencias. Es bien conocido que gran parte de los y las trabajadores se desempeñan en este tipo de empresas, pero también es sabido que resultan ser los eslabones más frágiles en cuanto a la aplicación de los derechos laborales. Estamos de acuerdo con la batería de medidas propuesta por la OIT respecto de más y mejores políticas, en cuanto a incentivos a la calidad de sus procesos productivos, el mayor acceso a servicios financieros, el apoyo al mayor desarrollo de la innovación y la tecnología, el aprovechamiento del poder de compra del Estado, etc. Por ello, las políticas crediticias, de asociatividad territorial o productiva deben estar condicionadas a programas de formalización y de establecimiento del Trabajo Decente. Ello no se crea a partir de regulaciones específicas que diluyan los derechos laborales, sino con políticas de promoción, de crédito, de asociación, de integración productiva, de innovación, es definitiva, con un programa integral de desarrollo local y regional.
La creación de empleo, en particular en las pequeñas empresas, el diálogo social/negociación colectiva, y la protección social/seguridad social son instrumentos indispensables para reducir el impacto sociolaboral de la crisis. Estos temas han estado poco o nada presentes en los documentos del G-20 pero, al contrario, tienen una presencia central en los documentos sindicales postcrisis de la CSI y CSA, en el Pacto Mundial del Empleo y los Objetivos del Milenio.
En síntesis, las centrales sindicales Iberoamericana consideran que para salir de la crisis y establecer un nuevo modelo productivo se torna necesario poner fin a la creciente especulación, promover una más justa distribución de la riqueza, así como sistemas fiscales justos y progresivos que elimine los paraísos fiscales. En resumen, priorizar un nuevo modelo económico sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social, que contribuya a combatir la pobreza, la exclusión, la informalidad, la desocupación y que promueva el trabajo decente, cuya esencia es la promoción y cumplimiento efectivo de derechos
Los Acuerdos de Asociación y la Cooperación para el desarrollo
Solicitamos a los primeros mandatarios de esta Cumbre Iberoamericana que los acuerdos que se celebren deben incluir medidas de cohesión y de justicia social. En este sentido, ratificamos nuestra posición respecto al impacto de los procesos migratorios, tanto para los países de origen como para los países de destino. Reiteramos nuestro repudio a la Directiva de Retorno aprobada por la Unión Europea y exigimos una política proactiva e integral de inmigración, basadas en condiciones de igualdad de derechos laborales y sociales y con reglas transparentes y precisas de admisión y residencia. Tal política debería estar basada en un marco de derechos de los inmigrantes recogidos en las Convenciones de Naciones Unidas (Convención Internacional de la ONU sobre protección de los derechos de todos los trabajadores y sus familiares) y en convenios de la OIT (C 97, C 143 y C 157).
Un tema no menos relevante refiere a la cooperación iberoamericana para el desarrollo. El movimiento sindical expresa que la cooperación no debe sustituir la promoción de políticas fiscales fuertes. Asistimos con consternación como muchos países receptores de cooperación evaden el mandato expreso de establecer un sistema fiscal que grave a los que más tienen. La elusión y la evasión fiscal componen parte de las dificultades más relevantes en los países de América Latina para eliminar la desigualdad. El desafío de la reducción de la desigualdad conforma un imperativo ético para nuestras naciones.
Los sindicatos reclamamos en reiteradas oportunidades la necesidad de dotar a los acuerdos de asociación de un modelo de desarrollo sostenible y de una verdadera dimensión social, en particular de los aspectos sociolaborales, con participación de los interlocutores sociales. En dicho sentido, reclamamos que el Forum Cívico que se celebra en consonancia con las Cumbres Iberoamericanas otorgue participación real a las organizaciones sindicales, acorde a su representatividad y relevancia, tal como aconteciera en el I Forum Cívico de Salamanca. Su importancia radica en su papel de construcción de consensos y en el desarrollo de políticas sociolaborales que proporcionan un mejor nivel de vida para todos y todas.
Democracia, Diálogo Social Tripartito y Negociación Colectiva
En tiempos de crisis es fundamental reforzar los mecanismos de diálogo social tripartito y su aplicación práctica, y el desarrollo de la negociación colectiva. Esto no puede ser considerado solamente un horizonte de aspiración que se reafirma en cada encuentro gubernamental. No podemos soslayar que en gran parte de los países de América Latina no existe libertad sindical, y en muchos otros, la negociación colectiva queda absolutamente condicionada a la impronta gubernamental, ya que adolece de institucionalidad y su instalación depende exclusivamente de coyunturas políticas. Hace apenas un mes (Ginebra, octubre 2009) el Simposio de ACTRAV sobre negociación colectiva recordó a los otros dos sectores de OIT los principios básicos que rigen desde hace sesenta años con el convenio 98, incluyendo un uso específico en periodos de crisis, incluyendo la promoción de negociaciones desde el Estado, la inclusión de trabajadores precarios, y el fomento de la negociación sectorial y centralizada.
El derecho de asociación, la libertad sindical, constituye un derecho fundamental, que no puede ser negado ni restringido. En muchos de nuestros países, no solo se impide el derecho de asociación a las entidades gremiales, sino que se los obstaculiza, a través de mecanismos legales como mínimos de plantillas que limitan el ejercicio de sindicación en las pequeñas y medianas industrias, negándose la negociación por rama y con ello, dejando a miles de trabajadores/as sin la debida regulación de sus condiciones de trabajo. En este sentido, la CSA está desarrollando un amplio debate con propuestas concretas para impulsar transformaciones y reformas en sus organizaciones que permitan una representación más unida y fuerte, tal como fuera aprobado en el Congreso Fundacional de Panamá (2008).
Exigimos con firmeza que los gobiernos cumplan con el convenio 87 de OIT, que se prescinda definitivamente de las políticas de persecución a dirigentes sindicales, que en muchos países incluye el exterminio de sindicalistas y de dirigentes sociales, lo cual significa una violación fragante a los derechos humanos fundamentales. Condenamos toda forma de obstaculización de la libertad sindical, ya sea en forma expresa o implícita, tales como la práctica antisindical de muchas empresas en la región.
La responsabilidad social empresaria se define no por la filantropía sino por la capacidad de converger sus intereses de lucro con los intereses del bien común, basado en un desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad. En dicho sentido, el respeto a los derechos laborales es una convención mundialmente aceptada que no debe disolverse en ninguna regla de buena conducta o de responsabilidad social.
Por ello, solicitamos una política activa por parte de los gobiernos iberoamericanos para el cumplimiento de las Convenciones de OIT, la eliminación del fraude laboral, los contratos de protección y los peligros para la cohesión social que instala la definición de la llamada “flexiseguridad”, sobre la falsa opción de proteger al trabajador y no al trabajo. Las cláusulas de flexiseguridad oculta mayor flexibilización, tercerización, subcontratación y modalidades precarias que los trabajadores/as no estamos dispuestos a aceptar.
En dicho sentido, reclamamos que las Multinacionales que operan en los países de América Latina desarrollen sus actividades en consonancia con la Declaración Tripartita sobre Multinacionales y Política Social, las Directrices de la OCDE y la normativa laboral de los países receptores. Asimismo propiciar la adscripción a Acuerdos Marcos Globales que incluyan una auténtica dimensión social.
El movimiento sindical Iberoamericano demanda el cumplimiento de la Conferencia Tripartita sobre protección y seguridad social.
El sindicalismo de la región brinda su especial apoyo a la Estrategia Iberoamericana de Salud y Seguridad en el Trabajo y solicita que forme parte de la Resolución de la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y Gobiernos de Iberoamérica. Exige, además, que los gobiernos nacionales la desarrollen y apliquen con plena participación sindical, y demandamos la creación de una Comisión Tripartita para su evaluación y seguimiento.
El movimiento sindical exige la ratificación por parte de los países que no lo han hecho, del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social.
La negociación colectiva es un instrumento fundamental de la democracia, y en períodos de crisis, se torna mucho más relevante para alcanzar acuerdos sociales marcos para la superación de la misma; sin embargo, no es posible albergar la idea que dichos convenios estarán orientados a la suspensión de derechos adquiridos ni a flexibilizaciones ni reducciones salariales. Ratificamos en dicho sentido, que los trabajadores no pagaremos la crisis que no generamos.
El Sindicalismo Iberoamericano exige la culminación del Bloqueo de Cuba, tal como lo ha demandado ya 18 veces la ONU, y que resulta una flagrante violación a los derechos humanos, inadmisible en un orden internacional democrático y pluralista.
Finalmente la Cumbre Sindical Iberoamericana ratifica la condena al golpe de Estado en Honduras y la permanencia ilegítima en el poder del gobierno de facto. Llama a sostener la solidaridad con el pueblo y el movimiento sindical hondureño e insta a los gobiernos de Iberoamérica a desconocer el resultado de las elecciones que se realizarán el 29 de noviembre y que pretenden legitimar las graves violaciones a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática en ese país.
Lisboa, 24 de noviembre de 2009
Lisboa, 23-24 de noviembre de 2009
El sindicalismo iberoamericano solicita políticas destinadas a formalizar relaciones laborales de trabajadores independientes y microempleados, que asegure la protección social de los desempleados, y que incorpore de forma permanente el tema de la seguridad social de los migrantes (que ha sido visualizado con claridad en el Convenio Iberoamericano).
Los gobiernos Iberoamericanos deben impulsar la educación pública y formación profesional como mecanismo de inclusión de las nuevas generaciones, con sistemas educativos que garanticen calidad e igualdad de condiciones. La pobreza en la niñez en gran parte de nuestros países no tiene otra causa que el desempleo y la precariedad laboral de los adultos. Estimular salarios mínimos que permitan una vida digna, asegurar la intervención de los órganos de inspección laboral para eliminar el fraude laboral, la precariedad, y reducir la informalidad, coloca el problema en su envergadura real: gran parte de los trabajadores/as son pobres. Construir un mundo sin excluidos requiere orientar hacia un modelo de desarrollo hacia la consolidación del trabajo decente en nuestras naciones.
Los gobiernos iberoamericanos deben impulsar la formación profesional e integral a lo largo de toda la vida, tanto para la necesaria adaptación en un entorno variable de innovación de procesos y productos, sino también como proceso de construcción de una vida plena de los hombres y mujeres.
Instamos al fomento de las políticas crediticias en especial para las pequeñas y medianas empresas que permitan un mejoramiento de sus competencias. Es bien conocido que gran parte de los y las trabajadores se desempeñan en este tipo de empresas, pero también es sabido que resultan ser los eslabones más frágiles en cuanto a la aplicación de los derechos laborales. Estamos de acuerdo con la batería de medidas propuesta por la OIT respecto de más y mejores políticas, en cuanto a incentivos a la calidad de sus procesos productivos, el mayor acceso a servicios financieros, el apoyo al mayor desarrollo de la innovación y la tecnología, el aprovechamiento del poder de compra del Estado, etc. Por ello, las políticas crediticias, de asociatividad territorial o productiva deben estar condicionadas a programas de formalización y de establecimiento del Trabajo Decente. Ello no se crea a partir de regulaciones específicas que diluyan los derechos laborales, sino con políticas de promoción, de crédito, de asociación, de integración productiva, de innovación, es definitiva, con un programa integral de desarrollo local y regional.
La creación de empleo, en particular en las pequeñas empresas, el diálogo social/negociación colectiva, y la protección social/seguridad social son instrumentos indispensables para reducir el impacto sociolaboral de la crisis. Estos temas han estado poco o nada presentes en los documentos del G-20 pero, al contrario, tienen una presencia central en los documentos sindicales postcrisis de la CSI y CSA, en el Pacto Mundial del Empleo y los Objetivos del Milenio.
En síntesis, las centrales sindicales Iberoamericana consideran que para salir de la crisis y establecer un nuevo modelo productivo se torna necesario poner fin a la creciente especulación, promover una más justa distribución de la riqueza, así como sistemas fiscales justos y progresivos que elimine los paraísos fiscales. En resumen, priorizar un nuevo modelo económico sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social, que contribuya a combatir la pobreza, la exclusión, la informalidad, la desocupación y que promueva el trabajo decente, cuya esencia es la promoción y cumplimiento efectivo de derechos
Los Acuerdos de Asociación y la Cooperación para el desarrollo
Solicitamos a los primeros mandatarios de esta Cumbre Iberoamericana que los acuerdos que se celebren deben incluir medidas de cohesión y de justicia social. En este sentido, ratificamos nuestra posición respecto al impacto de los procesos migratorios, tanto para los países de origen como para los países de destino. Reiteramos nuestro repudio a la Directiva de Retorno aprobada por la Unión Europea y exigimos una política proactiva e integral de inmigración, basadas en condiciones de igualdad de derechos laborales y sociales y con reglas transparentes y precisas de admisión y residencia. Tal política debería estar basada en un marco de derechos de los inmigrantes recogidos en las Convenciones de Naciones Unidas (Convención Internacional de la ONU sobre protección de los derechos de todos los trabajadores y sus familiares) y en convenios de la OIT (C 97, C 143 y C 157).
Un tema no menos relevante refiere a la cooperación iberoamericana para el desarrollo. El movimiento sindical expresa que la cooperación no debe sustituir la promoción de políticas fiscales fuertes. Asistimos con consternación como muchos países receptores de cooperación evaden el mandato expreso de establecer un sistema fiscal que grave a los que más tienen. La elusión y la evasión fiscal componen parte de las dificultades más relevantes en los países de América Latina para eliminar la desigualdad. El desafío de la reducción de la desigualdad conforma un imperativo ético para nuestras naciones.
Los sindicatos reclamamos en reiteradas oportunidades la necesidad de dotar a los acuerdos de asociación de un modelo de desarrollo sostenible y de una verdadera dimensión social, en particular de los aspectos sociolaborales, con participación de los interlocutores sociales. En dicho sentido, reclamamos que el Forum Cívico que se celebra en consonancia con las Cumbres Iberoamericanas otorgue participación real a las organizaciones sindicales, acorde a su representatividad y relevancia, tal como aconteciera en el I Forum Cívico de Salamanca. Su importancia radica en su papel de construcción de consensos y en el desarrollo de políticas sociolaborales que proporcionan un mejor nivel de vida para todos y todas.
Democracia, Diálogo Social Tripartito y Negociación Colectiva
En tiempos de crisis es fundamental reforzar los mecanismos de diálogo social tripartito y su aplicación práctica, y el desarrollo de la negociación colectiva. Esto no puede ser considerado solamente un horizonte de aspiración que se reafirma en cada encuentro gubernamental. No podemos soslayar que en gran parte de los países de América Latina no existe libertad sindical, y en muchos otros, la negociación colectiva queda absolutamente condicionada a la impronta gubernamental, ya que adolece de institucionalidad y su instalación depende exclusivamente de coyunturas políticas. Hace apenas un mes (Ginebra, octubre 2009) el Simposio de ACTRAV sobre negociación colectiva recordó a los otros dos sectores de OIT los principios básicos que rigen desde hace sesenta años con el convenio 98, incluyendo un uso específico en periodos de crisis, incluyendo la promoción de negociaciones desde el Estado, la inclusión de trabajadores precarios, y el fomento de la negociación sectorial y centralizada.
El derecho de asociación, la libertad sindical, constituye un derecho fundamental, que no puede ser negado ni restringido. En muchos de nuestros países, no solo se impide el derecho de asociación a las entidades gremiales, sino que se los obstaculiza, a través de mecanismos legales como mínimos de plantillas que limitan el ejercicio de sindicación en las pequeñas y medianas industrias, negándose la negociación por rama y con ello, dejando a miles de trabajadores/as sin la debida regulación de sus condiciones de trabajo. En este sentido, la CSA está desarrollando un amplio debate con propuestas concretas para impulsar transformaciones y reformas en sus organizaciones que permitan una representación más unida y fuerte, tal como fuera aprobado en el Congreso Fundacional de Panamá (2008).
Exigimos con firmeza que los gobiernos cumplan con el convenio 87 de OIT, que se prescinda definitivamente de las políticas de persecución a dirigentes sindicales, que en muchos países incluye el exterminio de sindicalistas y de dirigentes sociales, lo cual significa una violación fragante a los derechos humanos fundamentales. Condenamos toda forma de obstaculización de la libertad sindical, ya sea en forma expresa o implícita, tales como la práctica antisindical de muchas empresas en la región.
La responsabilidad social empresaria se define no por la filantropía sino por la capacidad de converger sus intereses de lucro con los intereses del bien común, basado en un desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad. En dicho sentido, el respeto a los derechos laborales es una convención mundialmente aceptada que no debe disolverse en ninguna regla de buena conducta o de responsabilidad social.
Por ello, solicitamos una política activa por parte de los gobiernos iberoamericanos para el cumplimiento de las Convenciones de OIT, la eliminación del fraude laboral, los contratos de protección y los peligros para la cohesión social que instala la definición de la llamada “flexiseguridad”, sobre la falsa opción de proteger al trabajador y no al trabajo. Las cláusulas de flexiseguridad oculta mayor flexibilización, tercerización, subcontratación y modalidades precarias que los trabajadores/as no estamos dispuestos a aceptar.
En dicho sentido, reclamamos que las Multinacionales que operan en los países de América Latina desarrollen sus actividades en consonancia con la Declaración Tripartita sobre Multinacionales y Política Social, las Directrices de la OCDE y la normativa laboral de los países receptores. Asimismo propiciar la adscripción a Acuerdos Marcos Globales que incluyan una auténtica dimensión social.
El movimiento sindical Iberoamericano demanda el cumplimiento de la Conferencia Tripartita sobre protección y seguridad social.
El sindicalismo de la región brinda su especial apoyo a la Estrategia Iberoamericana de Salud y Seguridad en el Trabajo y solicita que forme parte de la Resolución de la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y Gobiernos de Iberoamérica. Exige, además, que los gobiernos nacionales la desarrollen y apliquen con plena participación sindical, y demandamos la creación de una Comisión Tripartita para su evaluación y seguimiento.
El movimiento sindical exige la ratificación por parte de los países que no lo han hecho, del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social.
La negociación colectiva es un instrumento fundamental de la democracia, y en períodos de crisis, se torna mucho más relevante para alcanzar acuerdos sociales marcos para la superación de la misma; sin embargo, no es posible albergar la idea que dichos convenios estarán orientados a la suspensión de derechos adquiridos ni a flexibilizaciones ni reducciones salariales. Ratificamos en dicho sentido, que los trabajadores no pagaremos la crisis que no generamos.
El Sindicalismo Iberoamericano exige la culminación del Bloqueo de Cuba, tal como lo ha demandado ya 18 veces la ONU, y que resulta una flagrante violación a los derechos humanos, inadmisible en un orden internacional democrático y pluralista.
Finalmente la Cumbre Sindical Iberoamericana ratifica la condena al golpe de Estado en Honduras y la permanencia ilegítima en el poder del gobierno de facto. Llama a sostener la solidaridad con el pueblo y el movimiento sindical hondureño e insta a los gobiernos de Iberoamérica a desconocer el resultado de las elecciones que se realizarán el 29 de noviembre y que pretenden legitimar las graves violaciones a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática en ese país.
Lisboa, 24 de noviembre de 2009
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