El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue detenido temprano en la mañana por elementos militares en cumplimiento de una orden de los tribunales de justicia, según confirmaron jefes uniformados, quienes agregaron que ya se encuentra en Costa Rica. Es un golpe de Estado que complica la relación que intenta establecer Barack Obama con Latinoamérica. Washington DC no puede comenzar apoyando un golpe de Estado. Sin duda que Manuel Zelaya debería regresar al poder y, a cambio, suspender la conflictiva consulta popular que estaba planificando. De todos modos, la situación será muy compleja.
Una fuente de las Fuerzas Armadas le dijo al diario hondureño La Prensa que la detención del presidente Manuel Zelaya fue una orden de los tribunales de la República ante un acto ilegal consumado. La información es que la detención de Zelaya fue una orden del juzgado por la ilegalidad de este domingo y que se ha ordenado a las FF AA recoger todas las urnas.
Pero hay un gravísimo error de parte de los militares hondureños: si ellos dicen haber acatado una orden judicial sería porque Zelaya cometió un ilícito y, entonces, deberían encarcelarlo para su juzgamiento; pero si Zelaya fue llevado fuera del país ¿acaso lo amnistiaron o indultaron?
¿Quién lo hizo?
Hay un problema por el que deberían dar cuentas los responsables del procedimiento.
Honduras vive una crisis política, que enfrenta al presidente Zelaya con los militares, el Congreso y el Tribunal Electoral.
El giro que el Presidente hondureño dio a la izquierda, pese a ser elegido por el derechista Partido Liberal hace casi 4 años, dejó perplejos a muchos de sus compatriotas.
Roberto Micheletti, el jefe del Congreso, quiere ser Presidente, y es uno de los problemas.
El otro inconveniente es la relación de Zelaya con Hugo Chávez Frías.
Cuando Zelaya visitó Cuba, Fidel Castro Ruz escribió -y Urgente24 reprodujo- una reflexión acerca del breve período constitucional vigente en Honduras para un Presidente "con todos los cambios que hay por delante". Es decir que el tema de fondo es la reelección, para lo cual Zelaya necesita una reforma constitucional.
Para impulsar la reforma, Zelaya promovió una consulta popular que debía hacerse hoy domingo 28/06 entre las 06: y las 16:00, pero a las 05:00 los militares detuvieron a Zelaya y lo llevaron fuera del país.
Zelaya pretendía ganar la consulta que establecía, en ese caso, que la población estaba a favor de realizar un referéndum en coincidencia con las elecciones generales del 29 de noviembre para reformar la Constitución y permitir su reelección.
Según los militares, la convocatoria a las urnas fue declarada ilegal por el Tribunal Electoral, la Fiscalía y el Congreso, además de recoger el rechazo de varias organizaciones sociales, y ellos se limitaron a actuar en consecuencia.
"El Presidente fue detenido en su residencia y llevado por los militares a la base aérea (en las afueras de la capital", dijo a la agencia AP el secretario privado presidencial Carlos Enrique Reina. Todavía no se han confirmado si el presidente Zelaya salió a Venezuela,
"Hubo un enfrentamiento entre los atacantes y la guardia personal del mandatario", agregó, sin precisar si hubo muertos o heridos. Los militares aún se han pronunciado sobre el asunto.
Informó que unos 200 militares llegaron en camiones y rodearon esta madrugada la residencia de Zelaya en la colonia Tres Caminos, al este de Tegucigalpa, tras desarmar a unos 10 guardias fuertemente armados que lo protegían.
Zelaya destituyó el jueves al máximo jefe militar, general Romeo Vásquez, por negarse a cooperar en su consulta para impulsar reformas constitucionales. Aceptó la renuncia por igual motivo del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, pero la Corte Suprema y el Congreso restituyeron al oficial.
La consulta no era supervisada por el Tribunal Supremo Electoral, el único organismo estatal para hacerlo. Fue rechazada por la Corte Suprema, la fiscalía general, el Congreso, la procuraduría general.
Hizo alusión así a que los militares gobernaron 18 años a Honduras, entre 1956 y 1982, luego de derrocar a tres presidentes elegidos democráticamente.
"Debo comunicarme con la comunidad internacional para que haga algo al respecto", dijo a su vez el secretario privado presidencial.
La situación escalaba desde hace días hacia el conflicto. Por ejemplo, el jurista German Leitzelar, defensor de la intervención militar, le dijo a algunos dirigentes sindicales docentes que apoyaban la encuesta de Zelaya que, al instalarse una Constituyente, desaparecerían los estatutos sindicales, incluido el de los docentes.
Algunos dirigentes dijeron que una Constituyente no puede derogar el Estatuto del Docente porque la actual Carta Magna garantiza su vigencia. En una Constituyente nace un poder originario y dicho artículo deja de ser vigente, junto a otros preceptos, expresó.
La trama
Según los militares, el presidente Manuel Zelaya intentó cambiar la forma de gobierno democrático por un sistema socialista totalitario al desarrollar la encuesta de opinión ciudadana, un proceso viciado y nada transparente, con lo cual está consumando un delito constitucional.
La pregunta a la población se refiere a si el elector está de acuerdo en que, junto a las elecciones nacionales de noviembre, se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente.
Esa Constituyente tendría como función modificar la actual Constitución y, siempre según los militares, imponer un texto "que ya está elaborado y está empapado del autoritarismo impreso en la Carta Magna de Venezuela".
Según el Poder Judicial, la Fiscalía y la misma Procuraduría General, ese proceso carecía de transparencia por la omnipresencia del Ejecutivo y falta de participación de entidades garantes.
"Es así que el Gobierno hace una encuesta que él convoca, organiza, supervisa, escruta votos y proclama los resultados. La consulta, coordinada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, y en las 15.000 cajas receptoras que se instalarán en todo el país sólo participarán representantes del Ejecutivo. Para cuando la encuesta termine -era de 6:00 a 16:00 - los resultados se enviarán por mensajes de texto a una central de Hondutel, sin que nadie constate que las cifras no sean manipuladas. Extraoficialmente se ha dicho que desde hace algún tiempo el Gobierno ya tiene definido cómo quedará esta encuesta. La distribución del material la han hecho empleados del Gobierno o sindicalistas amigos del Presidente, luego que el Ejercito no aceptara cumplir la orden ilegal de hacer esa labor", según los golpistas.
El director del INE, Sergio Sánchez, fue a llamado a declarar a los magistrados del TSE ante quienes aseguró que la institución que él dirige no haría la encuesta y que ni tenía presupuesto para hacerla. Esta versión la contaron los magistrados electorales. Pero Sánchez dijo al día siguiente que sí haría la encuesta y que sus declaraciones se habían tergiversado.
En cualquier caso, los resultados de la encuesta no serían vinculantes, por lo que el Congreso no estaba obligado a acatar la petición que mandara el Ejecutivo para que se forme la Constituyente.
Los militares dijeron que no podían obedecer la orden ilegal del Presidente de trasladar las urnas y custodiar el proceso porque esa acción está en contra de la Constitución.
Zelaya ordenó la noche del miércoles 24/06 la destitución de Romeo Vásquez Velásquez, así como aceptar la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana.
En solidaridad con Vásquez renunciaron los jefes de las 3 fuerzas militares, Naval, Aérea y Ejército.
Ante esa posición legal, Zelaya llevó gente a la Fuerza Aérea Hondureña para sacar las urnas que se usan en la encuesta.
Zelaya no logró reunir, en su movilización, la cantidad de personas que él esperaba. Los militares consideraron que era prueba suficiente de que el Presidente había perdido respaldo.
Siempre según los golpistas, "El Gobierno ha tenido que recurrir a pagar a miles de personas, incluidos periodistas, para que se involucren en el ejercicio, según denuncias. Se le han pagado hasta 500 lempiras a las personas que han firmado las hojas en las que se pide que se haga la encuesta. Además, existe la denuncia de que en las dependencias estatales se amenazó a los empleados que no dejen su trabajo para sumarse a la logística de la encuesta. Quienes participen en esta encuesta cometen un delito, pues el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dejó en suspenso todo acto relacionado con la encuesta y cuarta urna. Esta resolución se tomó al admitir un amparo con suspensión del acto reclamado interpuesto por el Ministerio Publico (MP). El presidente Manuel Zelaya no se cansa de dar gracias a los Estados Unidos de ayudarle para que no se consumara su destitución por poner en riesgo el sistema democrático del país. El Congreso Nacional mocionó para que se le levantara un antejuicio y fuera separado del puesto".
De todos modos, nada justifica un golpe de Estado. Ni el presidente Barack Obama ni la Organización de Estados Americanos pueden avalar lo ocurrido en Honduras y ese es el problema que tienen los golpistas por estas horas.
Los militares citaron de emergencia al Congreso Nacional para que elija como nuevo titular del Ejecutivo Nacional al titular del Legislativo, Roberto Micheletti, pero la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, y el embajador de ese país, Hugo Llorens, mediaron para que eso no sucediera.
En tanto, las Fuerzas Armadas, dirigidas por el jefe de Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, dijeron la semana pasada que si el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, reemplaza al presidente Manuel Zelaya, ellos dejarían de lado su golpe, a cambio de convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente.
Chávez
La defensa que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hizo de su homólogo hondureño Manuel Zelaya y las críticas e insultos contra militares en Honduras provocó comentarios sobre su eventual injerencia en asuntos internos del país.
“Es una intromisión de un país a otro”, dijo a la AFP el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, quien aseguró que el “irrespeto con que Chávez trata al pueblo hondureño no se lo vamos a perdonar”.
“Nosotros estamos aquí, como soldados, a la orden de Honduras, apoyando los cambios que ustedes tengan a bien conducir”, le dijo Chávez a Zelaya durante una conversación transmitida en directo por el canal de televisión Telesur.
Chávez calificó además de “gorila” y “traidor” al jefe del Estado Mayor Conjunto hondureño, general Romeo Vásquez, quien fue destituido por Zelaya tras negarse a repartir el material electoral para la consulta de este domingo.
“El país no se puede entregar al chavismo”, reaccionó el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Darwin Andino, quien no ocultó su preocupación porque en Honduras “se está dando lo mismo que se ha dado en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador al sumarse a las iniciativas políticas de Chávez”, según dijo a la prensa local.
“Yo aquí en todo miro la mano del presidente venezolano Hugo Chávez y el país no se puede entregar al chavismo ni a nadie, pues queremos seguir siendo libres e independientes”, alegó el prelado.
Micheletti aseguró además que 12 asesores nicaragüenses y venezolanos llegaron a Honduras para colaborar con Zelaya y fueron recibidos por personal de Casa Presidencial.
Zelaya negó en rueda de prensa que haya recibido financiamiento externo para efectuar la convocatoria a las urnas, en particular de Venezuela, y afirmó que utilizó recursos públicos y de aportes voluntarios.
No obstante, el material electoral que se utilizará en la consulta de este domingo llegó al país en aviones procedentes de Venezuela, según fuentes de la Fuerza Aérea Hondureña.
La Unión Europea condenó el domingo el golpe militar en Honduras y pidió el retorno inmediato del presidente depuesto. Seguir leyendo el artículo
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Horas antes el domingo, soldados hondureños irrumpieron en el palacio presidencial de Tegucigalpa, desarmaron a los guardias y arrestaron al presidente Manuel Zelaya.
Una declaración difundida por los 27 ministros de Relaciones Exteriores de la UE describió el derrocamiento de Zelaya como una "violación inaceptable del orden constitucional en Honduras".
La declaración dijo que el bloque europeo exige la liberación inmediata de Zelaya y "un retorno a la normalidad constitucional".
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