La eliminación de las peores formas de trabajo infantil: un deber político y un imperativo moral
Por: Manuel García-Solaz
Por: Manuel García-Solaz
Coordinador IPEC Sudamérica
(Boletín Encuentros, abril 2009)
Hablar de las peores formas de trabajo infantil es referirse a un amplio consenso mundial en torno a la necesidad de eliminar las situaciones de explotación que viven millones de niños, niñas y adolescentes, impulsados por la pobreza de sus familias, la debilidad de las políticas de protección o incluso el desconocimiento de sus padres. En 1998 millones de niños y niñas, algunos trabajadores y otros ex trabajadores, se movilizaron alrededor del mundo en lo que se ha conocido como la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. Sus voces y su contundente llamado a la acción resumido en la frase “sufrimos y ustedes pueden ayudarnos”, que retumbó en el sala de la Conferencia Internacional del Trabajo, fue respondido por los gobiernos, empleadores y trabajadores del mundo que en junio de 1999 adoptaron por unanimidad el Convenio núm. 182 de la OIT como expresión jurídica del compromiso con la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
Este año 2009, en medio de la crisis económica por la que atraviesa el mundo, se conmemoran 10 años de ese histórico momento. En estos 10 años los avances han sido notables, pero quedan aún importantes desafíos que afrontar, particularmente los que surgen en el contexto de la coyuntura actual que tiene un indiscutible impacto sobre la infancia y la adolescencia, sus condiciones de vida actual y las perspectivas de desarrollo futuro.
Lo que se ha ganado
En sus 90 años de existencia luchando por la justicia social, la OIT ha tenido la prevención y el combate del trabajo infantil como una de sus prioridades. Desde 1919 cuando se adoptaron los primeros convenios referidos a este tema, hasta 1999, año el que se aprobó el convenio más actualizado sobre la materia, el compromiso de la Organización con los niños y niñas víctimas de explotación ha sido inquebrantable.
En América Latina la existencia y progresiva implementación del Convenio núm. 182 de la OIT ha contribuido, sin duda, a fortalecer el diálogo social entre gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores. La elaboración de los listados de trabajos peligrosos en diversos países, constituye un valioso ejemplo de lo que la participación activa y la construcción colectiva puede hacer a favor de la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia.
En este número del boletín incluimos información sobre la percepción de los propios empleadores y trabajadores respecto de su papel y de los desafíos que enfrentan para alcanzar la meta de la Agenda de Trabajo Decente, que busca eliminar las peores formas de trabajo infantil al 2015 en la región.
Los propios niños, niñas y adolescentes han dejado escuchar su voz a lo largo del continente para defender sus propios derechos a la educación, a la protección y a las condiciones adecuadas de trabajo cuando la actividad y la edad así lo permitan. Así lo muestran los testimonios de Reyna desde Perú y de Christian desde Chile, dos jóvenes profesionales que fueron niños trabajadores y hoy son comprometidos activistas en iniciativas de desarrollo para mujeres y niños.
La aplicación efectiva del Convenio núm. 182 ha promovido también una amplia alianza de socios no tradicionales de la OIT. Jueces, funcionarios de inmigración, policías, procuradores y periodistas entre otros, se han sumado a la iniciativa de acabar con las peores formas de trabajo infantil en América Latina. Ellos, de la mano de los constituyentes de la Organización, han impulsado importantes reformas legislativas que hoy permiten garantizar de mejor manera la atención, protección y defensa de niños, niñas y adolescentes explotados inhumanamente y víctimas de delitos.
Lo que aún queda por hacer
No obstante la fortaleza que ha ganado el movimiento global contra el trabajo infantil, aún persisten actitudes de tolerancia y permisividad social frente a formas de explotación de la infancia y de la adolescencia que es preciso modificar. Debemos redoblar los esfuerzos para generar una opinión pública y una conciencia crítica que no justifique el trabajo de los niños, que privilegie su educación y su atención especial como personas en formación.
Las peores formas de trabajo infantil no dan tregua, los niños y niñas víctimas de estas formas intolerables no pueden esperar, por ello se deben fortalecer las políticas y programas públicos o mixtos de atención que permitan retirarles de las actividades nocivas y restituirles los derechos que les han sido vulnerados por las condiciones extremas de vida a las que se han visto expuestos. Este es un deber político y un imperativo moral del Estado y de la sociedad civil de nuestros países que no admite excusas.
La crisis que empieza a afectar de forma creciente nuestra Región, no debe concentrarse tan solo en medidas contracíclicas de tipo macroeconómico, que son sin duda necesarias, pero que resultan insuficientes sino van acompañadas de otras que atiendan de manera especial a la población vulnerable, entre la que figuran los niños, niñas y adolescentes de nuestros países.
Esta situación de crisis que ha afectado gravemente el empleo, tiene consecuencias directas sobre el trabajo infantil, que puede verse incrementado ante la necesidad de las familias de desarrollar estrategias de supervivencia. Ello implica por tanto, con alta probabilidad, la incorporación de niños y niñas al mercado de trabajo y especialmente a ocupaciones peligrosas que pueden alejarles de la escuela, afectar gravemente su desarrollo físico y envolverlos en un círculo de pobreza y explotación que les atrapara aún en su vida adulta.
En este contexto, hoy como nunca, debemos retomar el espíritu de consenso y compromiso que signó la adopción del Convenio núm. 182 y cumplir las promesas que se le hicieron a esos millones de niños en 1998. Debemos trabajar con esfuerzo y dedicación desde el lugar que nos corresponda, para contribuir a hacer realidad la esperanza del trabajo decente para los adultos y de la educación de calidad para los niños y niñas de América Latina.
Este año 2009, en medio de la crisis económica por la que atraviesa el mundo, se conmemoran 10 años de ese histórico momento. En estos 10 años los avances han sido notables, pero quedan aún importantes desafíos que afrontar, particularmente los que surgen en el contexto de la coyuntura actual que tiene un indiscutible impacto sobre la infancia y la adolescencia, sus condiciones de vida actual y las perspectivas de desarrollo futuro.
Lo que se ha ganado
En sus 90 años de existencia luchando por la justicia social, la OIT ha tenido la prevención y el combate del trabajo infantil como una de sus prioridades. Desde 1919 cuando se adoptaron los primeros convenios referidos a este tema, hasta 1999, año el que se aprobó el convenio más actualizado sobre la materia, el compromiso de la Organización con los niños y niñas víctimas de explotación ha sido inquebrantable.
En América Latina la existencia y progresiva implementación del Convenio núm. 182 de la OIT ha contribuido, sin duda, a fortalecer el diálogo social entre gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores. La elaboración de los listados de trabajos peligrosos en diversos países, constituye un valioso ejemplo de lo que la participación activa y la construcción colectiva puede hacer a favor de la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia.
En este número del boletín incluimos información sobre la percepción de los propios empleadores y trabajadores respecto de su papel y de los desafíos que enfrentan para alcanzar la meta de la Agenda de Trabajo Decente, que busca eliminar las peores formas de trabajo infantil al 2015 en la región.
Los propios niños, niñas y adolescentes han dejado escuchar su voz a lo largo del continente para defender sus propios derechos a la educación, a la protección y a las condiciones adecuadas de trabajo cuando la actividad y la edad así lo permitan. Así lo muestran los testimonios de Reyna desde Perú y de Christian desde Chile, dos jóvenes profesionales que fueron niños trabajadores y hoy son comprometidos activistas en iniciativas de desarrollo para mujeres y niños.
La aplicación efectiva del Convenio núm. 182 ha promovido también una amplia alianza de socios no tradicionales de la OIT. Jueces, funcionarios de inmigración, policías, procuradores y periodistas entre otros, se han sumado a la iniciativa de acabar con las peores formas de trabajo infantil en América Latina. Ellos, de la mano de los constituyentes de la Organización, han impulsado importantes reformas legislativas que hoy permiten garantizar de mejor manera la atención, protección y defensa de niños, niñas y adolescentes explotados inhumanamente y víctimas de delitos.
Lo que aún queda por hacer
No obstante la fortaleza que ha ganado el movimiento global contra el trabajo infantil, aún persisten actitudes de tolerancia y permisividad social frente a formas de explotación de la infancia y de la adolescencia que es preciso modificar. Debemos redoblar los esfuerzos para generar una opinión pública y una conciencia crítica que no justifique el trabajo de los niños, que privilegie su educación y su atención especial como personas en formación.
Las peores formas de trabajo infantil no dan tregua, los niños y niñas víctimas de estas formas intolerables no pueden esperar, por ello se deben fortalecer las políticas y programas públicos o mixtos de atención que permitan retirarles de las actividades nocivas y restituirles los derechos que les han sido vulnerados por las condiciones extremas de vida a las que se han visto expuestos. Este es un deber político y un imperativo moral del Estado y de la sociedad civil de nuestros países que no admite excusas.
La crisis que empieza a afectar de forma creciente nuestra Región, no debe concentrarse tan solo en medidas contracíclicas de tipo macroeconómico, que son sin duda necesarias, pero que resultan insuficientes sino van acompañadas de otras que atiendan de manera especial a la población vulnerable, entre la que figuran los niños, niñas y adolescentes de nuestros países.
Esta situación de crisis que ha afectado gravemente el empleo, tiene consecuencias directas sobre el trabajo infantil, que puede verse incrementado ante la necesidad de las familias de desarrollar estrategias de supervivencia. Ello implica por tanto, con alta probabilidad, la incorporación de niños y niñas al mercado de trabajo y especialmente a ocupaciones peligrosas que pueden alejarles de la escuela, afectar gravemente su desarrollo físico y envolverlos en un círculo de pobreza y explotación que les atrapara aún en su vida adulta.
En este contexto, hoy como nunca, debemos retomar el espíritu de consenso y compromiso que signó la adopción del Convenio núm. 182 y cumplir las promesas que se le hicieron a esos millones de niños en 1998. Debemos trabajar con esfuerzo y dedicación desde el lugar que nos corresponda, para contribuir a hacer realidad la esperanza del trabajo decente para los adultos y de la educación de calidad para los niños y niñas de América Latina.
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