Se estima que podría haber personas extorsionadas por "chuponeadores"
Cortesía : La República
El Procurador del Mi
nisterio de Transporte y Comunicaciones, Juan Luján Vargas, señaló que varias pueden ser las personas extorsionadas por organizaciones dedicadas a la de interceptación telefónica.
Debido a esto, la pena para los autores de estas prácticas se agravaría hasta los 15 años de prisión.
Así mismo, el abogado del Estado peruano sostuvo que conforme avance la investigación fiscal se determinará si se cometieron otros delitos conexos al ‘chuponeo’ como extorsión, asociación ilícita para delinquir u otros.
Además, manifestó que la Procuraduría del MTC ya se ha constituido parte civil en este caso, a fin de colaborar con el esclarecimiento de estos hechos que involucran a oficiales de la Marina en actividad y en retiro, quienes fueron detenidos preventivamente el jueves último.
“Dentro de la investigación fiscal se va a determinar si, además de la interceptación telefónica, se habrían cometido otros hechos delictivos por la grabación y aparente comercialización de estos audios. Si se intercepta una comunicación telefónica para luego extorsionar a alguien, entonces obviamente la investigación también será por extorsión”, refirió.
Luján Vargas señaló que las interceptaciones no solo tienen como objetivo conocer que dicen dos o tres personas, sino que este hecho tiene un trasfondo más grave.
“Hay que ver con que objetivo se hicieron estas interceptaciones porque no se hicieron únicamente para saber que cosa hablaban dos o tres personas, sino se hizo para negociarlas y comercializar, entonces es función del Ministerio Público y de la Procuraduría participar de esta investigación para determinar que conductas delictivas se habrían cometido además de la interceptación propiamente dicha”, puntualizó.
El Código Penal establece en el capítulo VII que “el que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otro índole será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de 15 años”.
“La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito”, señala el Código Penal.
El último jueves, fueron detenidos algunos marinos en actividad y en retiro; entre ellos, Elías Manuel Ponce Feijoo, contraalmirante (r) de la Marina, quien sería el gerente general de Bussines Track SAC, empresa que habría realizado las interceptaciones.
También fueron detenidos los miembros de dicha empresa, Carlos Tomasio de Lambarri, capitán de navío (r); Giselle Gianotti Grados; Martín Alberto Fernández Virhuez y Jesús Ojeda Ángeles, oficiales de la Marina en actividad; y Jesús Tirado Seguín, oficial de mar (r).
“Si llegáramos a la conclusión que la organización de esta empresa en realidad tenía como objetivo interceptar, estaríamos hablando de otros delitos, como la extorsión”, indicó.
Precisó que la violación al secreto de las comunicaciones solo contempla una pena de hasta tres años de prisión, y se agrava hasta cinco años para funcionarios.
Cortesía : La República
El Procurador del Mi
nisterio de Transporte y Comunicaciones, Juan Luján Vargas, señaló que varias pueden ser las personas extorsionadas por organizaciones dedicadas a la de interceptación telefónica.Debido a esto, la pena para los autores de estas prácticas se agravaría hasta los 15 años de prisión.
Así mismo, el abogado del Estado peruano sostuvo que conforme avance la investigación fiscal se determinará si se cometieron otros delitos conexos al ‘chuponeo’ como extorsión, asociación ilícita para delinquir u otros.
Además, manifestó que la Procuraduría del MTC ya se ha constituido parte civil en este caso, a fin de colaborar con el esclarecimiento de estos hechos que involucran a oficiales de la Marina en actividad y en retiro, quienes fueron detenidos preventivamente el jueves último.
“Dentro de la investigación fiscal se va a determinar si, además de la interceptación telefónica, se habrían cometido otros hechos delictivos por la grabación y aparente comercialización de estos audios. Si se intercepta una comunicación telefónica para luego extorsionar a alguien, entonces obviamente la investigación también será por extorsión”, refirió.
Luján Vargas señaló que las interceptaciones no solo tienen como objetivo conocer que dicen dos o tres personas, sino que este hecho tiene un trasfondo más grave.
“Hay que ver con que objetivo se hicieron estas interceptaciones porque no se hicieron únicamente para saber que cosa hablaban dos o tres personas, sino se hizo para negociarlas y comercializar, entonces es función del Ministerio Público y de la Procuraduría participar de esta investigación para determinar que conductas delictivas se habrían cometido además de la interceptación propiamente dicha”, puntualizó.
El Código Penal establece en el capítulo VII que “el que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otro índole será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de 15 años”.
“La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito”, señala el Código Penal.
El último jueves, fueron detenidos algunos marinos en actividad y en retiro; entre ellos, Elías Manuel Ponce Feijoo, contraalmirante (r) de la Marina, quien sería el gerente general de Bussines Track SAC, empresa que habría realizado las interceptaciones.
También fueron detenidos los miembros de dicha empresa, Carlos Tomasio de Lambarri, capitán de navío (r); Giselle Gianotti Grados; Martín Alberto Fernández Virhuez y Jesús Ojeda Ángeles, oficiales de la Marina en actividad; y Jesús Tirado Seguín, oficial de mar (r).
“Si llegáramos a la conclusión que la organización de esta empresa en realidad tenía como objetivo interceptar, estaríamos hablando de otros delitos, como la extorsión”, indicó.
Precisó que la violación al secreto de las comunicaciones solo contempla una pena de hasta tres años de prisión, y se agrava hasta cinco años para funcionarios.
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