Provea demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores por omisión en trámite internacional
En el día 14.11.08, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) , introdujo ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo un recurso administrativo por abstención o carencia contra la Dirección General de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, debido al incumplimiento de trámites internacionales que impeden a las víctimas de violaciones de derechos humanos el uso del Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Protocolo de San Salvador como también se le conoce es un complemento a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que compromete a los Estados en el respeto y la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), y la posibilidad de llevar casos sobre violaciones a los derechos de educación y a la libertad sindical ante el sistema interamericano de protección sobre los derechos. Venezuela suscribió el Protocolo de San Salvador el 27.01.89. Tras quince años de espera, en marzo del 2005 la Asamblea Nacional discutió y sancionó dicho instrumento, siendo publicado en Gaceta Oficial el 25.05.05. Con esto se cumplió con todos los trámites internos para su aprobación, sin embargo, para su plena vigencia es necesario realizar el “depósito” ante la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), último paso necesario con lo que el Ejecutivo Nacional formalmente informa de la vigencia del Protocolo en su jurisdicción interna. A pesar que 14 estados latinoamericanos han cumplido con todo el procedimiento, dicha gestión no ha sido efectuada tres años después por las autoridades del país.
Según el artículo 6 ordinal 6° del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores es la Consultoría Jurídica de dicho despacho la obligada a efectuar dicho trámite ante la OEA. Debido al tiempo de incumplimiento, Provea presentó ante el Ministerio un derecho de petición para que dicha institución cumpliera con el trámite de depósito. En virtud de la ausencia de la oportuna y adecuada respuesta por parte del ministerio, la organización de derechos humanos presentó un recurso judicial, lo que da inicio a un juicio para que el Estado venezolano cumpla con los trámites establecidos en la Constitución y las leyes venezolanas.
Marino Alvarado, Coordinador General de Provea, afirmó que la efectiva ratificación de El Protocolo de San Salvador abre más posibilidades a las víctimas de violación de derechos humanos de acudir ante las instancias internacionales de protección cuando los órganos internos resulten inoperantes. Su no ratificación puede significar la limitación de hacer justiciables tanto los derechos sindicales como el derecho a la educación, por parte de los hombres y mujeres que luchan en el país por el cabal cumplimiento de la Constitución. “Nos parece incoherente esta actitud del gobierno, puesto que se ha caracterizado por promover los derechos sociales y debería facilitar los mecanismos que hagan posible su exigibilidad a nivel interno e internacional”, afirmó.
* PROVEA - Parroquia Altagracia, Boulevard Panteón, Esquinas Puente Trinidad a Tienda Honda, Edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB, Local 6
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