Arma de doble filo
Por .Carmen Vildoso
Algo más de medio millón de puestos de trabajo generados por la mediana empresa, de la noche a la mañana, pasaron a ser catalogados como puestos de “pequeña empresa”. La varita mágica es el reciente Decreto Legislativo 1086, que modifica la Ley MYPE 28015. No le va a cambiar la vida a quienes están contratados en este momento, pero incentivará a muchas empresas a contratar nuevo personal bajo las nuevas condiciones que implican beneficios laborales menores. Esto sucederá en el segmento de pequeñas empresas típicas y en las unidades económicas que ahora han caído en esta categoría (aquellas con ventas anuales situadas entre las 850 y las 1700 UIT y con un número de trabajadores en el rango de 50 a 99). Sus trabajadores recibirán un menor ingreso anual pues las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios han sido reducidas a la mitad; será menor su ingreso anual por hora pues las vacaciones serán de quince días. Se pagará CTS hasta por un máximo de seis años.
Este DL es parte de una reforma ubicada dentro de la lógica del acceso progresivo a los derechos laborales, según la cual las unidades económicas informales acceden a un régimen especial para las microempresas y luego, cuando se convierten en pequeñas empresas, encuentran a un régimen laboral que no difiere mucho del anterior. Este discurso está resultando un arma de doble filo, en la medida que el “acceso progresivo a los derechos laborales” se da a costa del deterioro de los beneficios para quienes estaban en un status intermedio.
Quizá se piense que no es tan importante que medio millón o más de puestos de empleo pierdan calidad si, por otro lado, más de un millón mejoran su condición. Esta hipótesis prescinde de las grandes limitaciones de productividad que tienen las microempresas. Un estudio realizado en MYPE de confecciones de Gamarra (Russela Zapata, MTPE, 2007), donde casi todas las empresas encuestadas son microempresas, muestra una disminución anual continua en el número de sobrevivientes de modo que sólo el 28% de microempresas tiene seis o más años de vida. Su existencia se sostiene sobre todo en base a las jornadas extensas -entre nueve y doce horas diarias- de quienes trabajan en ellas, sea como conductores o como trabajadores. Todo lo que se haga a favor de las MYPE, em
pezando por mejorar la calidad de nuestro sistema educativo y pasando por medidas específicas de promoción, es importante, pero no tendría que ir en desmedro de los beneficios que pueden ser provistos por empresas de mayor nivel de competitividad a sus respectivos trabajadores, los que, además, constituyen también un mercado para las microempresas.
¿Es posible pensar en reformas que favorezcan a empresarios y trabajadores, respondiendo, a la vez, a nuestra heterogénea realidad? No es fácil, pero el riesgo de equivocarse es mayor cuando las medidas se toman al margen de los espacios de diálogo existentes.
(Publicado en El Comercio, Sección Negocios, página B2, el 1 de septiembre de 2008)
Por .Carmen Vildoso
Algo más de medio millón de puestos de trabajo generados por la mediana empresa, de la noche a la mañana, pasaron a ser catalogados como puestos de “pequeña empresa”. La varita mágica es el reciente Decreto Legislativo 1086, que modifica la Ley MYPE 28015. No le va a cambiar la vida a quienes están contratados en este momento, pero incentivará a muchas empresas a contratar nuevo personal bajo las nuevas condiciones que implican beneficios laborales menores. Esto sucederá en el segmento de pequeñas empresas típicas y en las unidades económicas que ahora han caído en esta categoría (aquellas con ventas anuales situadas entre las 850 y las 1700 UIT y con un número de trabajadores en el rango de 50 a 99). Sus trabajadores recibirán un menor ingreso anual pues las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios han sido reducidas a la mitad; será menor su ingreso anual por hora pues las vacaciones serán de quince días. Se pagará CTS hasta por un máximo de seis años.
Este DL es parte de una reforma ubicada dentro de la lógica del acceso progresivo a los derechos laborales, según la cual las unidades económicas informales acceden a un régimen especial para las microempresas y luego, cuando se convierten en pequeñas empresas, encuentran a un régimen laboral que no difiere mucho del anterior. Este discurso está resultando un arma de doble filo, en la medida que el “acceso progresivo a los derechos laborales” se da a costa del deterioro de los beneficios para quienes estaban en un status intermedio.
Quizá se piense que no es tan importante que medio millón o más de puestos de empleo pierdan calidad si, por otro lado, más de un millón mejoran su condición. Esta hipótesis prescinde de las grandes limitaciones de productividad que tienen las microempresas. Un estudio realizado en MYPE de confecciones de Gamarra (Russela Zapata, MTPE, 2007), donde casi todas las empresas encuestadas son microempresas, muestra una disminución anual continua en el número de sobrevivientes de modo que sólo el 28% de microempresas tiene seis o más años de vida. Su existencia se sostiene sobre todo en base a las jornadas extensas -entre nueve y doce horas diarias- de quienes trabajan en ellas, sea como conductores o como trabajadores. Todo lo que se haga a favor de las MYPE, em
pezando por mejorar la calidad de nuestro sistema educativo y pasando por medidas específicas de promoción, es importante, pero no tendría que ir en desmedro de los beneficios que pueden ser provistos por empresas de mayor nivel de competitividad a sus respectivos trabajadores, los que, además, constituyen también un mercado para las microempresas.¿Es posible pensar en reformas que favorezcan a empresarios y trabajadores, respondiendo, a la vez, a nuestra heterogénea realidad? No es fácil, pero el riesgo de equivocarse es mayor cuando las medidas se toman al margen de los espacios de diálogo existentes.
(Publicado en El Comercio, Sección Negocios, página B2, el 1 de septiembre de 2008)
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