Indocumentados sin esperanza
Las órdenes de deportación reducen probabilidades para legalizarse en EU
Cortesía : LA OPINION DIGITAL
A "Rosario" la han ido a buscar dos veces a su casa para deportarla. Agentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llegaron de madrugada para arrestarla, pero no pudieron: la primera vez escapó brincando una barda y escondiéndose en casa del vecino. La segunda vez ya no la encontraron, porque se mudó a otra parte.
"Rosario" es una indocumentada con orden de deportación y forma pa
rte de la lista de aproximadamente 573 mil extranjeros fugitivos en todo el país que ICE anda buscando para repatriarlos.
Ha vivido en Estados Unidos durante casi 20 años. En Riverside compró su casa, en este país nacieron sus dos hijos, el mayor de 17. Aquí ha hecho su vida y tiene la esperanza, cuando su hijo cumpla los 21 años de edad, de poder "arreglar los papeles".
Pero esa esperanza es casi nula, explican expertos en inmigración, porque una orden de deportación dificulta en mucho el proceso de legalización.
"No pueden, a menos que se reabra su caso de deportación, pero eso es muy difícil", dijo John Ayala, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en el Sur de California.
Se refirió a que las probabilidades son mínimas para quienes cuentan con orden de deportación, en cuanto a poder legalizar su situación migratoria en el país.
"Para la mayoría de gente con orden de deportación, las probabilidades de regularizarse son muy limitadas. Pero hay excepciones, hay factores que se debe revisar antes de hacer algo, deben ir con un abogado de inmigración para evaluar si hay posibilidad de reabrir su caso", recomendó.
Existen tres formas de deportación: la que ordena un juez de Inmigración, la que se da en la frontera de manera expedita, a partir del 1 de abril de 1997, y la que se expide en ausencia, cuando el implicado no acude a su cita en el tribunal de Inmigración.
"Rosario", originaria de Sonora, México, entró al país brincando el cerco por Tijuana y después de algunos años un abogado la convenció de que podría arreglar su situación migratoria mediante una solicitud de asilo político.
Un juez de Inmigración rechazó tal petición, ya que no había fundamento para el asilo político, y le ordenó salir del país en un plazo de 90 días. "Rosario" no acató esa orden y desde entonces vive en la incertidumbre de que en cualquier momento sea expulsada del país, pero con la esperanza de que pueda regularizar su estado migratorio a través de su hijo.
Este caso es similar a
l de muchos indocumentados en el país. Raúl Godínez, abogado experto en inmigración, quien también ve muy difícil que pueda resolverse favorablemente para "Rosario".
"Cada caso es particular y no quiero generalizar, pero ella debió haber hecho una petición familiar a través de la 245 (i) antes del 30 de abril de 2001, y además debe salir del país para que su hijo pueda arreglarle los papeles porque no califica para perdón", ejemplificó.
En algunos casos hay recursos legales que se puede utilizar, opinó Godínez, pero en la mayoría de las situaciones con orden de deportación son mínimas las probabilidades.
"Por lo general va a ser muy difícil arreglar papeles, pero en esta vida nada es fácil y hay que luchar por los derechos", mencionó.
Cuando alguien recibe una orden de deportación, explicó, existe la opción de apelar el fallo del juez y si hay fundamentos reabrir el caso.
"Para quienes ya pasó su tiempo de apelar y reabrir su caso, quizás se pueda comprobar que nunca recibió notificación de la audiencia donde ordenaron su deportación por ausencia. O si existieron errores en el proceso, ahí hay tiempo límite y se puede hacer una moción para reabrir el caso, porque puede ser fugitivo sin darse cuenta", comentó Godínez.
También, agregó, hay posibilidades de reabrir un caso cuando se pueda comprobar que no se tuvo la debida asistencia legal o que un abogado o notario público lo engañó en el trámite, o si es originario de un país que a la fecha ha cambiado su régimen político y regresar le representa un peligro.
"Primero hay que verificar si la orden de deportación fue correcta", dijo Godínez, "y si le dieron todos los derechos cuando estuvo en audiencia".
En la mayoría de los casos de personas deportadas o con orden de deportación, es necesario cumplir un castigo de 10 años fuera del país para poder inmigrar legalmente a Estados Unidos. En muchos casos ni casándose con un(a) ciudadano(a) estadounidense puede un deportado inmigrar.
Godínez reconoció que una persona con orden de deportación tiene muy pocas probabilidades de regularizar su situación migratoria, pero insistió en que primero es importante confirmar que la orden de deportación se hizo conforme a la ley.
Recomendó que cuando alguien es detenido para ser deportado, debe establecer contacto inmediato con su abogado para analizar sus opciones, ya que en caso de que la orden de deportación haya sido girada en ausencia, el implicado obtiene un amparo automático para hacer una moción de reapertura de su caso.
"Lo más importante", recomendó por su parte la abogada Meredith Brown, "e
s hacer una moción de reapertura si tiene fundamento, en caso de que el abogado no haya cumplido con su deber y no presentó adecuadamente el caso".
Reconoció que la reapertura de un caso es difícil si ha pasado mucho tiempo, porque hay que demostrar que durante esos años la persona estuvo buscando ayuda, o que no sabía que recibió orden de deportación en ausencia, o que hubo errores en el tribunal de Inmigración.
"Es mínima la probabilidad", dijo Brown respecto a legalizar a quienes cuentan con orden de deportación, pero aclaró que cada caso es único y el abogado debe analizar las opciones que pueden
tener.
Según Brown, uno de cada tres personas que hoy cuentan con orden de deportación han tenido mala representación legal o han sido engañados por notarios públicos que no son abogados.
"El derecho de inmigración es sumamente complicado, y necesita de una solución política", comentó en referencia a la reforma migratoria.
Las órdenes de deportación reducen probabilidades para legalizarse en EU
Cortesía : LA OPINION DIGITAL
A "Rosario" la han ido a buscar dos veces a su casa para deportarla. Agentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llegaron de madrugada para arrestarla, pero no pudieron: la primera vez escapó brincando una barda y escondiéndose en casa del vecino. La segunda vez ya no la encontraron, porque se mudó a otra parte.
"Rosario" es una indocumentada con orden de deportación y forma pa
rte de la lista de aproximadamente 573 mil extranjeros fugitivos en todo el país que ICE anda buscando para repatriarlos.Ha vivido en Estados Unidos durante casi 20 años. En Riverside compró su casa, en este país nacieron sus dos hijos, el mayor de 17. Aquí ha hecho su vida y tiene la esperanza, cuando su hijo cumpla los 21 años de edad, de poder "arreglar los papeles".
Pero esa esperanza es casi nula, explican expertos en inmigración, porque una orden de deportación dificulta en mucho el proceso de legalización.
"No pueden, a menos que se reabra su caso de deportación, pero eso es muy difícil", dijo John Ayala, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en el Sur de California.
Se refirió a que las probabilidades son mínimas para quienes cuentan con orden de deportación, en cuanto a poder legalizar su situación migratoria en el país.
"Para la mayoría de gente con orden de deportación, las probabilidades de regularizarse son muy limitadas. Pero hay excepciones, hay factores que se debe revisar antes de hacer algo, deben ir con un abogado de inmigración para evaluar si hay posibilidad de reabrir su caso", recomendó.
Existen tres formas de deportación: la que ordena un juez de Inmigración, la que se da en la frontera de manera expedita, a partir del 1 de abril de 1997, y la que se expide en ausencia, cuando el implicado no acude a su cita en el tribunal de Inmigración.
"Rosario", originaria de Sonora, México, entró al país brincando el cerco por Tijuana y después de algunos años un abogado la convenció de que podría arreglar su situación migratoria mediante una solicitud de asilo político.
Un juez de Inmigración rechazó tal petición, ya que no había fundamento para el asilo político, y le ordenó salir del país en un plazo de 90 días. "Rosario" no acató esa orden y desde entonces vive en la incertidumbre de que en cualquier momento sea expulsada del país, pero con la esperanza de que pueda regularizar su estado migratorio a través de su hijo.
Este caso es similar a
l de muchos indocumentados en el país. Raúl Godínez, abogado experto en inmigración, quien también ve muy difícil que pueda resolverse favorablemente para "Rosario"."Cada caso es particular y no quiero generalizar, pero ella debió haber hecho una petición familiar a través de la 245 (i) antes del 30 de abril de 2001, y además debe salir del país para que su hijo pueda arreglarle los papeles porque no califica para perdón", ejemplificó.
En algunos casos hay recursos legales que se puede utilizar, opinó Godínez, pero en la mayoría de las situaciones con orden de deportación son mínimas las probabilidades.
"Por lo general va a ser muy difícil arreglar papeles, pero en esta vida nada es fácil y hay que luchar por los derechos", mencionó.
Cuando alguien recibe una orden de deportación, explicó, existe la opción de apelar el fallo del juez y si hay fundamentos reabrir el caso.
"Para quienes ya pasó su tiempo de apelar y reabrir su caso, quizás se pueda comprobar que nunca recibió notificación de la audiencia donde ordenaron su deportación por ausencia. O si existieron errores en el proceso, ahí hay tiempo límite y se puede hacer una moción para reabrir el caso, porque puede ser fugitivo sin darse cuenta", comentó Godínez.
También, agregó, hay posibilidades de reabrir un caso cuando se pueda comprobar que no se tuvo la debida asistencia legal o que un abogado o notario público lo engañó en el trámite, o si es originario de un país que a la fecha ha cambiado su régimen político y regresar le representa un peligro.
"Primero hay que verificar si la orden de deportación fue correcta", dijo Godínez, "y si le dieron todos los derechos cuando estuvo en audiencia".
En la mayoría de los casos de personas deportadas o con orden de deportación, es necesario cumplir un castigo de 10 años fuera del país para poder inmigrar legalmente a Estados Unidos. En muchos casos ni casándose con un(a) ciudadano(a) estadounidense puede un deportado inmigrar.
Godínez reconoció que una persona con orden de deportación tiene muy pocas probabilidades de regularizar su situación migratoria, pero insistió en que primero es importante confirmar que la orden de deportación se hizo conforme a la ley.
Recomendó que cuando alguien es detenido para ser deportado, debe establecer contacto inmediato con su abogado para analizar sus opciones, ya que en caso de que la orden de deportación haya sido girada en ausencia, el implicado obtiene un amparo automático para hacer una moción de reapertura de su caso.
"Lo más importante", recomendó por su parte la abogada Meredith Brown, "e
s hacer una moción de reapertura si tiene fundamento, en caso de que el abogado no haya cumplido con su deber y no presentó adecuadamente el caso".Reconoció que la reapertura de un caso es difícil si ha pasado mucho tiempo, porque hay que demostrar que durante esos años la persona estuvo buscando ayuda, o que no sabía que recibió orden de deportación en ausencia, o que hubo errores en el tribunal de Inmigración.
"Es mínima la probabilidad", dijo Brown respecto a legalizar a quienes cuentan con orden de deportación, pero aclaró que cada caso es único y el abogado debe analizar las opciones que pueden
tener.Según Brown, uno de cada tres personas que hoy cuentan con orden de deportación han tenido mala representación legal o han sido engañados por notarios públicos que no son abogados.
"El derecho de inmigración es sumamente complicado, y necesita de una solución política", comentó en referencia a la reforma migratoria.
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