LA INFORMALIDAD
Por : Alexei Guerra
Pérez Sainz (1995), prefiere hablar más bien de neo-informalidad, término que en su opinión, pretende captar tanto la persistencia de este fenómeno, como sus nuevas expresiones, en alusión al cambio del escenario generado por la crisis de la deuda en los años 80, frente a las transformaciones sucedidas en los 90 y que definen el momento actual de su materialización.
Para este autor, es posible identificar tres escenarios o hipótesis de explicación de esa neoinformalidad, a saber: el de la “economía de la pobreza”, en el cual la variable básica sería la exclusión, y en el que solo la resolución de los problemas de pauperización puede conducir a que el empleo informal se reduzca. El segundo escenario, sería la “subordinación al sector de transables”, es decir, la realidad empresarial que genera la dinámica global, ocasionando no sólo la deslocalización y horizontalización productiva, sino la flexibilidad y reducción de costos salariales, con la consiguiente precarización laboral. Y el tercer escenario, vendría dado por la “aglomeración de pequeñas empresas dinámicas”, en el cual de manera optimista, se asume la socio-territorialidad, es decir, la conjunción de lo espacial-territorial con el marco socio-cultural de unidades productivas comunitarias, cuyo potencial de formalización vendría dado por el capital social en ellas presente. Es posible, siguiendo estas premisas, encarar la presencia de varios niveles o ámbitos de análisis: el individual (autoempleo); el de la familia (el hogar); la unidad productiva (microempresa) y la aglomeración de pequeñas empresas (microempresas comunitarias). Prevalece sin embargo, como elemento definitorio transversal a dichas categorías, el rasgo asignado por Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) a los establecimientos informales, como aquellos donde el propietario participa de manera directa en la generación de bienes y servicios, o expresado en términos más sencillos, en la no división o separación entre el capital y el trabajo.
En el actual conflicto global Estado-Mercado, mientras las fuerzas económicas privadas y corporativas propugnan la flexibilización y desregulación (laboral, tributaria), el Estado defiende su poder jerárquico y capital político que le otorgan aun, el monopolio de la potestad regulatoria y legislativa.
La presencia de la economía informal en América Latina es notable, y su vinculación con el fenómeno del desempleo es también ineludible. Para el primer semestre del 2005, por ejemplo, y de acuerdo a la OIT, la tasa de desempleo urbano promedio fue de 9,6%, 1,3 puntos porcentuales menos que la registrada en igual período en 2004.
En su informe “Panorama Laboral 2005”, este organismo manifiesta que durante las últimas décadas, la composición sectorial y calidad del empleo no agrícola en América Latina y el Caribe se ha caracterizado por una alta participación del sector informal y la tercerización.
En los diez países con información disponible para 2004, los mayores porcentajes de ocupados en el sector informal se registraron en Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú con cerca de 60%, y los menores en Costa Rica (41,8%), Panamá (41,6%) y Uruguay (37,7%).
La complejidad en el estudio de la economía informal, vendría dada entre otros factores por la multiplicidad de enfoques y perspectivas ya en parte evidenciada. En todo caso, es posible establecer de manera sucinta, con base en los análisis de Tockman (2001), Bergesio (2004), Freije (2001), Pérez Sainz (1995), Portes (1999) y De Soto (1986), una caracterización panorámica de los enfoques teóricos existentes en el ámbito latinoamericano, sobre la informalidad.
En uno y otro varían las causas o desencadenantes de la economía informal: El enfoque Liberal-Normativo defiende la legitimidad de los emprendedores informales y culpa a la burocracia estatal y a los elevados costos de hacer negocios; el enfoque del Mercado Laboral sostiene que la imposibilidad estructural de los mercados de trabajo urbanos para absorber excedentes crecientes de mano de obra, junto a los cambios tecnológicos, son elementos de peso para explicar la informalidad; el enfoque de la Descentralización Productiva identifica a la gran empresa corporativa como impulsora de la informatización productiva, al buscar opciones de descentralización, flexibilización y desconcentración geográfica que minimicen costos, generando subcontratación y precarización de las relaciones de trabajo, además de aprovechar las redes informales como canales de comercialización y distribución; y el enfoque de la Economía Social o Popular, sustituye el adjetivo “informal” para enfatizar no el aspecto legal o normativo, sino lo popular, espontáneo, extendido y legítimo de las prácticas económicas y de autoempleo de sectores pobres, con una fuerte carga de crítica a visiones defensoras del libre mercado y del capitalismo, acercándose así al discurso ideológico de la izquierda y de sectores neo-marxistas.
Se puede afirmar, no obstante, desde la perspectiva de las políticas públicas implementadas en los últimos años en la región, un interés en capitalizar las potencialidades empresariales represadas en muchos de estos segmentos de la economía informal. De esta manera, la subsistencia o sobrevivencia como objetivo de quienes actúan en la informalidad bajo el autoempleo, el cuentapropismo o la microempresa, es crecientemente canalizado desde el Estado, en el interés de su conversión en pequeños empresarios emprendedores, y a su paulatina formalización.
Este esfuerzo supondría, no obstante, la detección efectiva de ese potencial emprendedor, y las condiciones de capacitación, financiamiento, organización y gestión necesarias que garanticen su sostenibilidad, entre el grueso de actividades y modalidades de la economía informal.
Pese a esta intención de fomentar el emprendedurismo alentada desde ciertos gobiernos, lo que define a buena parte de las actividades, ocupaciones, transacciones y relaciones que estructuran la informalidad, es la evasión de la acción regulatoria y fiscalizadora del Estado.
La inexistencia de condiciones macroeconómicas, jurídicas e institucionales propicias para la inversión privada, los elevados costos de formalización, la compleja permisología, la debilidad fiscalizadora del Estado, junto al avance de esquemas de flexibilización y descentralización productiva, contribuirían no obstante a la persistencia y avance de la economía informal, e impondrían cambios acelerados en la estrategia estatal y en las políticas públicas hasta ahora esbozadas y aplicadas. La economía informal representaría entonces una tendencia persistente, (tanto de actores sociales no ubicados en el espacio de la pobreza o la subsistencia, como de unidades productivas que buscan superar las restricciones de la crisis económica para competir), de alejamiento, evasión, distanciamiento o exclusión de la esfera regulatoria, jurídica e institucional del Estado.
Esta exclusión estaría siendo facilitada, por las limitaciones crecientes de regulación y fiscalización estatal efectiva, ingobernabilidad, por la impunidad reinante en el plano jurídico, y por la recomposición de las estructuras y lógicas económico-productivas y tecnológicas del capital a nivel global. El fracaso relativo (o la difícil defensa, para evitar sesgos) de buena parte de los programas de ajuste macroeconómicos, aplicados en América Latina en las últimas décadas, el subsiguiente debilitamiento de los sistemas políticos, y las fallas administrativas y fiscalizadoras de los Estados para regular el hecho económico, junto a problemas estructurales como la corrupción y el clientelismo, se suman a los factores que desde el territorio del Estado, han alentado también el florecimiento de la economía informal.
Por otra parte, la Informalización como corriente o idea-fuerza, estaría en estrecha sintonía con la de “flexibilidad”, tan cara al discurso globalizador y liberal que propugna la necesidad de “horizontalidad organizativa”, relajamiento de las jerarquías administrativas y temporalidad del empleo y las relaciones laborales como prescripciones para la sobreviencia empresarial.
Frente a los cambios en las estructuras económicas y productivas recientes, definidas por la deslocalización, descentralización y complejidad, y a las acciones u omisiones del aparato estatal ante dicha dinámica, se han generado procesos de construcción de ciudadanía cuyas demandas han presionado a las élites gobernantes por una mayor democratización. Lo informal, en lo económico, tiene su correlato en la emergencia de un espacio para la política: la sociedad civil.
Para este autor, es posible identificar tres escenarios o hipótesis de explicación de esa neoinformalidad, a saber: el de la “economía de la pobreza”, en el cual la variable básica sería la exclusión, y en el que solo la resolución de los problemas de pauperización puede conducir a que el empleo informal se reduzca. El segundo escenario, sería la “subordinación al sector de transables”, es decir, la realidad empresarial que genera la dinámica global, ocasionando no sólo la deslocalización y horizontalización productiva, sino la flexibilidad y reducción de costos salariales, con la consiguiente precarización laboral. Y el tercer escenario, vendría dado por la “aglomeración de pequeñas empresas dinámicas”, en el cual de manera optimista, se asume la socio-territorialidad, es decir, la conjunción de lo espacial-territorial con el marco socio-cultural de unidades productivas comunitarias, cuyo potencial de formalización vendría dado por el capital social en ellas presente. Es posible, siguiendo estas premisas, encarar la presencia de varios niveles o ámbitos de análisis: el individual (autoempleo); el de la familia (el hogar); la unidad productiva (microempresa) y la aglomeración de pequeñas empresas (microempresas comunitarias). Prevalece sin embargo, como elemento definitorio transversal a dichas categorías, el rasgo asignado por Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) a los establecimientos informales, como aquellos donde el propietario participa de manera directa en la generación de bienes y servicios, o expresado en términos más sencillos, en la no división o separación entre el capital y el trabajo.
En el actual conflicto global Estado-Mercado, mientras las fuerzas económicas privadas y corporativas propugnan la flexibilización y desregulación (laboral, tributaria), el Estado defiende su poder jerárquico y capital político que le otorgan aun, el monopolio de la potestad regulatoria y legislativa.
La presencia de la economía informal en América Latina es notable, y su vinculación con el fenómeno del desempleo es también ineludible. Para el primer semestre del 2005, por ejemplo, y de acuerdo a la OIT, la tasa de desempleo urbano promedio fue de 9,6%, 1,3 puntos porcentuales menos que la registrada en igual período en 2004.
En su informe “Panorama Laboral 2005”, este organismo manifiesta que durante las últimas décadas, la composición sectorial y calidad del empleo no agrícola en América Latina y el Caribe se ha caracterizado por una alta participación del sector informal y la tercerización.
En los diez países con información disponible para 2004, los mayores porcentajes de ocupados en el sector informal se registraron en Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú con cerca de 60%, y los menores en Costa Rica (41,8%), Panamá (41,6%) y Uruguay (37,7%).
La complejidad en el estudio de la economía informal, vendría dada entre otros factores por la multiplicidad de enfoques y perspectivas ya en parte evidenciada. En todo caso, es posible establecer de manera sucinta, con base en los análisis de Tockman (2001), Bergesio (2004), Freije (2001), Pérez Sainz (1995), Portes (1999) y De Soto (1986), una caracterización panorámica de los enfoques teóricos existentes en el ámbito latinoamericano, sobre la informalidad.
En uno y otro varían las causas o desencadenantes de la economía informal: El enfoque Liberal-Normativo defiende la legitimidad de los emprendedores informales y culpa a la burocracia estatal y a los elevados costos de hacer negocios; el enfoque del Mercado Laboral sostiene que la imposibilidad estructural de los mercados de trabajo urbanos para absorber excedentes crecientes de mano de obra, junto a los cambios tecnológicos, son elementos de peso para explicar la informalidad; el enfoque de la Descentralización Productiva identifica a la gran empresa corporativa como impulsora de la informatización productiva, al buscar opciones de descentralización, flexibilización y desconcentración geográfica que minimicen costos, generando subcontratación y precarización de las relaciones de trabajo, además de aprovechar las redes informales como canales de comercialización y distribución; y el enfoque de la Economía Social o Popular, sustituye el adjetivo “informal” para enfatizar no el aspecto legal o normativo, sino lo popular, espontáneo, extendido y legítimo de las prácticas económicas y de autoempleo de sectores pobres, con una fuerte carga de crítica a visiones defensoras del libre mercado y del capitalismo, acercándose así al discurso ideológico de la izquierda y de sectores neo-marxistas.
Se puede afirmar, no obstante, desde la perspectiva de las políticas públicas implementadas en los últimos años en la región, un interés en capitalizar las potencialidades empresariales represadas en muchos de estos segmentos de la economía informal. De esta manera, la subsistencia o sobrevivencia como objetivo de quienes actúan en la informalidad bajo el autoempleo, el cuentapropismo o la microempresa, es crecientemente canalizado desde el Estado, en el interés de su conversión en pequeños empresarios emprendedores, y a su paulatina formalización.
Este esfuerzo supondría, no obstante, la detección efectiva de ese potencial emprendedor, y las condiciones de capacitación, financiamiento, organización y gestión necesarias que garanticen su sostenibilidad, entre el grueso de actividades y modalidades de la economía informal.
Pese a esta intención de fomentar el emprendedurismo alentada desde ciertos gobiernos, lo que define a buena parte de las actividades, ocupaciones, transacciones y relaciones que estructuran la informalidad, es la evasión de la acción regulatoria y fiscalizadora del Estado.
La inexistencia de condiciones macroeconómicas, jurídicas e institucionales propicias para la inversión privada, los elevados costos de formalización, la compleja permisología, la debilidad fiscalizadora del Estado, junto al avance de esquemas de flexibilización y descentralización productiva, contribuirían no obstante a la persistencia y avance de la economía informal, e impondrían cambios acelerados en la estrategia estatal y en las políticas públicas hasta ahora esbozadas y aplicadas. La economía informal representaría entonces una tendencia persistente, (tanto de actores sociales no ubicados en el espacio de la pobreza o la subsistencia, como de unidades productivas que buscan superar las restricciones de la crisis económica para competir), de alejamiento, evasión, distanciamiento o exclusión de la esfera regulatoria, jurídica e institucional del Estado.
Esta exclusión estaría siendo facilitada, por las limitaciones crecientes de regulación y fiscalización estatal efectiva, ingobernabilidad, por la impunidad reinante en el plano jurídico, y por la recomposición de las estructuras y lógicas económico-productivas y tecnológicas del capital a nivel global. El fracaso relativo (o la difícil defensa, para evitar sesgos) de buena parte de los programas de ajuste macroeconómicos, aplicados en América Latina en las últimas décadas, el subsiguiente debilitamiento de los sistemas políticos, y las fallas administrativas y fiscalizadoras de los Estados para regular el hecho económico, junto a problemas estructurales como la corrupción y el clientelismo, se suman a los factores que desde el territorio del Estado, han alentado también el florecimiento de la economía informal.
Por otra parte, la Informalización como corriente o idea-fuerza, estaría en estrecha sintonía con la de “flexibilidad”, tan cara al discurso globalizador y liberal que propugna la necesidad de “horizontalidad organizativa”, relajamiento de las jerarquías administrativas y temporalidad del empleo y las relaciones laborales como prescripciones para la sobreviencia empresarial.
Frente a los cambios en las estructuras económicas y productivas recientes, definidas por la deslocalización, descentralización y complejidad, y a las acciones u omisiones del aparato estatal ante dicha dinámica, se han generado procesos de construcción de ciudadanía cuyas demandas han presionado a las élites gobernantes por una mayor democratización. Lo informal, en lo económico, tiene su correlato en la emergencia de un espacio para la política: la sociedad civil.
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