LOS TRABAJADORES AUTOEMPLEADOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Por : Marco Linares Pastor
Es más que sabido que la composición de la población
económicamente activa ocupada está compuesta por más del 70% de trabajadores
independientes o auto empleados, es también de conocimiento público que gran
parte de los trabajadores dependientes para complementar su ingreso realizan
labores entono al auto empleo; y que una de las demandas más importantes de
este sector de trabajadores es el acceso a los beneficios sociales como salud y
pensiones.
Es también de conocimiento
público los grandes problemas entorno a la salud, ya sea desde el Sistema de
Salud Integral (SIS) responsabilidad directa del Ministerio de Salud y de los
Gobiernos Regionales, como en ESSALUD el cual es administrado por encargo por
el Estado bajo la modalidad del tri-partismo (Empleadores, Trabajadores y
Estado) y finalmente la alternativa privada, también está limitada a costos lo
cual hace muy difícil el acceso a esta oferta por parte del ciudadano en
general. Igualmente, el tema referido a las pensiones es otro tema en el que el
Estado ha venido mostrando grandes deficiencias, por los beneficios que otorga
el sistema estatal de la Oficina de Normalización Previsional – ONP, sino
también con relación a los mecanismos financieros que utilizan las empresas
privadas aseguradoras de pensiones.
¿Pero la pregunta es, ¿cómo se
financian a estas instituciones?, y la respuesta tiene que partir de cuatro
acciones concretos, la primera, a partir de garantizar, desde los diversos
escenarios del accionar público, acciones de prevención de la salud, la racionalización
de los servicios de salud, la trasparencia real de los costos directos e
indirectos de estos servicios, y el lograr establecer un mayor compromiso y
real transparencia en las instituciones como en los mismos funcionarios y
trabajadores; pero también el asumir una real inversión pública en el sistema
de salud administrado por el MINSA y en caso de ESSALUD que esta institución
reciba los aportes que realmente le son necesarios en todas sus modalidades,
incorporar al sector de trabajadores de la economía informal que por sus
ingresos estén en condiciones de asumir estas aportaciones y que sus mecanismos
de gestión respondan a sus necesidades y no a procedimientos burocráticos que
generan una serie de obstáculos a los objetivos trazados, pero finalmente que
se busque la participación público privada en la implementación de proyectos de
inversión que mejore no solo la calidad sino el acceso a medicamentos y a
servicios colaterales que la prestación del servicio de salud demande.
Entonces, ante esta situación, el
pretender resolver la necesidad de los trabajadores autoempleados de acceder a estos
beneficios, a los cuales tienen indiscutible derecho; así como la propia
necesidad de la población de recibir una eficiente y adecuada prestación de
salud, es que no podemos ni debemos permitir que se pretenda crear condiciones
para sustentar el que ESSALUD pase a ser administrado por el MINSA o que parte
de la carga social del Estado se atienda a partir de subvencionar la atención
de estos con los aportes de los trabajadores asegurados.
Esta preocupación la tenemos a
partir de una serie de acciones que se vienen implementando para PROVOCAR para
privatizar el Seguro Social del Perú - ESSALUD, veamos pues. Primero, esta
entidad tiene una gigantesca barrera entorno a los mecanismos operativos a
partir de la intencional actitud de los diversos gobiernos de obligarla a
cumplir procesos burocráticos sin tomar en cuenta las exigencias del tipo de
servicio que presta, por ejemplo entorno a la compra de medicamentos, exige se
siga el procedimiento de contrataciones del estado, como si la cosa fuera
comprar lápices u organizar eventos, provocando desabastecimiento, sin
considerar por ejemplo que por los montos que compra podría convertirse en una
plataforma de producción de medicamentos básicos que cubra su demanda y también
la del Ministerio de Salud.
Segundo el Presidente Ollanta
Humala, en base a las recomendaciones del Ministro de Economía, incorporó, a
esta entidad, bajo el control del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, la cual es una empresa que actúa
como ente rector de la actividad empresarial del estado, regulándola, dirigiéndola,
representándola en sus directorios, administrando los recursos que estas
empresas generan, designando sus representantes, dictando normas de gestión y
aprobando sus presupuestos; mejor dicho una entidad dedicada a prestar
servicios de salud con objetivos sociales, donde sus propietarios son los asegurados
y sus empleadores y el estado es solo su administrador, ha sido entregada en
manos de una entidad que su objetivo es la rentabilidad económica, mejor dicho
la ganancia de dinero en favor del estado, y la salud de los asegurados, bien
gracias.
Tercero, la administración del
estado, en clara distorsión de lo que es una inversión público-privada, asume
el contratar clínicas para la prestación de servicios de salud, generando evidentemente
mayores costos en los servicios de salud, sin que exista una real y efectiva
política de inversión orientada a mejorar el servicio que prestan.
Pero lo más grave es que hoy muy
sutilmente están planteando que la administración de ESSAUD la cual está bajo
el control del Ministerio de Trabajo, ya que responde a políticas
internacionales basadas en el tri-partismo (Empleador, Trabajador – Estado)
pase bajo la administración del Ministerio de Salud, entidad pública que desde
su creación hasta hoy no ha tenido el más mínimo real logro entorno a la mejora
de la salud de la población peruana.
Con ello, contarían, luego de un
muy corto proceso de gestión de esta entidad, la cual nunca ha presentado
reales resultados a favor de la ciudad, contando a partir de ello con el
sustento necesario para garantizar su privatización, situación que muchos
partidos políticos están de acuerdo, pues en las últimas 3 décadas, los
diversos gobiernos de turno, salvo raras y muy cortaos periodos, han entregado
la administración de ESSALUD a personas que están directa o indirectamente
ligados a intereses de entidades privadas prestadoras o aseguradoras en salud.
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